Mediante una carta pública dirigida a la presidenta Xiomara Castro, las organizaciones pidieron medidas inmediatas para garantizar paz y acceso a tierras a las familias campesinas.
Este miércoles, 12 de febrero, se cumplieron dos años del asesinato de Hipólito Rivas y su hijo Javier. El crimen provocó desplazamiento forzado, tras amenazas y persecución contra miembros de la familia Rivas, en la comunidad de Panamá en Trujillo, Colón.
Tegucigalpa, Honduras. –– Ante el estado de emergencia que viven las y los campesinos en el Bajo Aguán, organizaciones de sociedad civil exigieron el desmantelamiento de los grupos de crimen organizado que mantienen desplazadas de forma forzada a 150 familias y se garantice el retorno seguro a sus tierras.
La demanda fue acuerpada por ochenta organizaciones que recordaron que a tres años de la firma del convenio agrario sigue pendiente el cumplimiento de los acuerdos y la instalación de la “Comisión Tripartita o comisión de la verdad” para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto agrario.
Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria, señaló que la falta de cumplimiento del acuerdo agrario, del 22 de febrero de 2022, ha resultado en la reactivación de la violencia que viven las y los campesinos en el Aguán.
“Sabemos que, debido a lo ocurrido desde el 24 de diciembre en la Cooperativa Camarones, lo que ha estado ocurriendo en las cooperativas El Chile y Tranvío, y por todo el trabajo de denuncias que se ha hecho y exigiendo al gobierno, hay un despliegue de autoridades en la zona, pero no hay un despliegue de una comisión que realmente va a darle finalidad y respuesta al sector campesino”, apuntó Cabrera.
AVANCES SON INSUFICIENTES PARA CUMPLIR COMPROMISOS AGRARIOS
Durante el mitin realizado en el Centro Cívico Gubernamental de la capital hondureña, personas afectadas por la violencia leyeron una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, en la que lamentaron que el avance del cumplimiento de los compromisos es “lento e insuficiente para detener la violencia en contra de las personas campesinas”.
Exigieron, además, que la mandataria instruya a las autoridades a su cargo a adoptar medidas inmediatas oportunas y eficaces con el fin de cumplir con los acuerdos establecidos hace tres años.
“Le recordamos que en su elección generó esperanzas de un ‘gobierno de refundación’ y, por ello, le instamos a honrar su compromiso y mandato histórico para que las familias campesinas puedan vivir en paz, libres de violencia y con acceso digno a la tierra”, lee la carta.
Joaquín Mejía, abogado y doctor en derechos humanos, expuso que, si bien existen avances durante la administración Castro, “son insuficientes, en primer lugar, para resolver de manera definitiva el conflicto agrario y, en segundo lugar, para determinar la verdad de lo que está sucediendo allí, sobre todo por violaciones a derechos humanos”.
Como tercer punto, Mejía señaló que continua sin ejecutarse lo que ordena la Constitución, un proceso integral de reforma agraria. “Lo que estamos exigiendo en esta acción es que el gobierno de la República de los pasos suficientes y necesarios para que se cumplan de manera integral los acuerdos que se firmaron hace tres años”, comentó.
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DOS AÑOS SIN JUSTICIA PARA HIPÓLITO Y JAVIER RIVAS
Durante el encuentro, el coordinador de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera, recordó que este miércoles 12 de febrero se cumple el segundo aniversario del asesinato de Hipólito Rivas, dirigente de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, junto a su hijo adolescente de 15 años, Javier Rivas.
“Hoy conmemoran dos años [del asesinato de Hipólito y Javier Rivas]. De esa fecha a la actual, tenemos 72 familias que han sido desplazadas de la comunidad y así [hay otras] familias desplazadas de otras comunidades, que están recibiendo las amenazas y las persecuciones. El mayor responsable, el gobierno, no ha podido en tres años dar el tratamiento legítimo y legal de la tenencia de la tierra”, manifestó Cabrera.
Medarda Rivas, hermana de Hipólito Rivas, cuestionó que a dos años del crimen las autoridades no presenten avances de la investigación. “No tenemos justicia en Colón”, afirmó.
El llamado de justicia por parte de Medarda fue secundado por su hermana Adriana Rivas, quien contó que toda la familia se encuentra amenazada. “Hoy cumple dos años [de su asesinato] mi hermano y mi sobrino, y andan persiguiendo a [otro] de mis sobrinos. […] No es justo que nos persigan en todo tiempo y en todo momento”, declaró.
Las hermanas Medarda y Adriana Rivas narraron que tras el asesinato de José Luis Hernández y Suyapa Guillén, el 31 de enero, la aldea de Panamá ha estado sitiada por la misma agrupación que ejecutó el crimen.
Zulema Villatoro advirtió que el rebrote de violencia a manos de grupos armados contra organizaciones campesinas en el Bajo Aguán ha provocado que familias huyan del Bajo Aguán. “Exigimos la legalidad de las tierras campesinas. ¡Basta ya de este conflicto! Tenemos derechos y estos deben ser respetados”, afirmó Villatoro.
La semana pasada –tras dos meses de conflicto, dos asesinatos y el desplazamiento forzado de 150 familias campesinas– las autoridades informaron que intervendrían con un mayor despliegue policial y militar en la zona.
