“El sistema actual le está fallando a las personas defensoras. Los grandes beneficiados son los intereses empresariales y las élites políticas, mientras que quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala, los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades rurales tradicionales y sin tierra sufren creciente discriminación, opresión y desposesión” — Informe Global Witness 2025
Tegucigalpa, Honduras. – El 2024 se convirtió en uno de los años más violentos para quienes defienden el ambiente y el territorio, según el informe anual de Global Witness. En todo el mundo se documentan 146 asesinatos y desapariciones prolongadas de personas defensoras, destacando el papel de la impunidad, los intereses empresariales y el crimen organizado en esta emergencia global.
HONDURAS: VIOLENCIA PERSISTENTE EN EL BAJO AGUÁN
Honduras ha sido catalogado, durante los últimos dos años, como uno de los países más violentos del mundo para las personas defensoras del ambiente y la tierra, registrando las tasas per cápita más altas de asesinatos en toda la región latinoamericana.
En el país centroamericano se registraron seis ataques —cinco asesinatos y una desaparición— de personas defensoras en 2024. La mayoría de estos crímenes se concentraron en el departamento de Colón, especialmente en el Bajo Aguán, región históricamente militarizada y con alta conflictividad por la tierra y el agua.
“No es la primera vez que las comunidades implicadas en estas luchas denuncian actos de violencia y son blanco de asesinatos”, resalta el informe.
Tres de las víctimas hondureñas fueron agricultores de pequeña escala, integrantes de cooperativas campesinas. El reporte subraya el carácter sistemático de la represión, alertando que “las comunidades del Bajo Aguán viven bajo amenaza constante, despojo y ataques por la defensa de sus derechos”.
Si bien en 2024 la cifra de homicidios descendió en comparación con el año anterior cuando se registraron 18 asesinatos, organismos nacionales e internacionales advierten que la violencia, así como la criminalización y hostigamiento contra quienes defienden los territorios y los bienes comunes, sigue siendo una amenaza constante y persistente en el país.
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IMPUNIDAD, EMPRESAS Y CRIMEN ORGANIZADO
La impunidad sigue siendo una característica alarmante en Honduras cuando se trata de los crímenes cometidos contra ambientalistas, ya que el 95% de los asesinatos de defensoras y defensores del medioambiente permanece sin justicia. Aunque en algunos casos se logra detener a autores materiales, como ocurrió tras el asesinato de Juan López en Tocoa, las investigaciones rara vez avanzan hacia la identificación y procesamiento de quienes planificaron y financiaron los ataques, perpetuando el riesgo para activistas y comunidades.
Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas demandan una acción más efectiva e independiente del Estado, argumentando que mientras prevalezca la inoperancia institucional, la protección a los defensores y la conservación de los bienes naturales seguirá siendo una tarea marcada por la inseguridad y el abandono.
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PAÍSES MÁS VIOLENTOS PARA DEFENSORES AMBIENTALES
El informe anual resalta que la violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio no es exclusiva de Honduras, sino que afecta gravemente a varios países de América Latina y otras regiones del mundo. En Guatemala, los asesinatos se multiplicaron por cinco respecto al año anterior, con veinte casos documentados, particularmente contra líderes indígenas y campesinos. Colombia sigue siendo el país con más asesinatos registrados, aunque persiste una profunda impunidad: el 95% de los casos no llegan a judicializarse. México también enfrenta una situación alarmante, con un número significativo de víctimas, muchas de ellas mujeres comprometidas con la defensa comunitaria y ambiental.
El reporte señala que Brasil, Perú y Nicaragua también figuran entre los países más afectados por esta ola de violencia, impulsada tanto por intereses empresariales como por el crimen organizado y la militarización de territorios rurales. Asia y África han visto aumentar la cifra de ataques, siendo Camboya y Filipinas focos de preocupación internacional. El documento alerta que, en gran parte de los países mencionados, la violencia se agudiza junto con el avance de megaproyectos extractivos, la corrupción y la falta de garantías para los derechos humanos, lo que perpetúa el ciclo de intimidación y represión contra quienes defienden sus territorios y bienes naturales.
RECOMENDACIONES: ESCAZÚ, JUSTICIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL
Ante este panorama, Global Witness y las organizaciones aliadas exigen a los Estados y empresas actuar con urgencia. El informe urge ratificar y aplicar el Acuerdo de Escazú en América Latina, garantizar justicia y reparación, y transformar los sistemas de protección para que sean “eficaces, colectivos y adaptados a realidades locales y comunitarias”. “Los líderes mundiales deben reconocer explícitamente el papel crucial de quienes defienden el ambiente y el territorio, y garantizar su seguridad para avanzar hacia soluciones justas ante la crisis climática”, concluye el reporte.
Aunque Honduras enfrenta altos niveles de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente, la adhesión y plena implementación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado
