Tomado de Los Ángeles Times
Traduccion de Criterio.hn
El Departamento de Estado de Estados Unidos parece encaminarse a un enfrentamiento con el Congreso de ese país, por la decisión de haber aprobado más de $ 50 millones en ayuda para Honduras a pesar del pobre historial de derechos humanos de la nación centroamericana.
El dinero es parte de un paquete de ayuda de $ 750 millones para el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica – Honduras, El Salvador y Guatemala – prevista en el marco de una iniciativa de la administración Obama.
Decenas de miles de familias de la región, se han movido a través de México y han buscado
asilo en Estados Unidos en los últimos años. La Casa Blanca ha dicho que el paquete financiero es necesario para reducir el crimen y la pobreza estimulando los migrantes.
Para que Honduras pueda recibir su porción de aproximadamente $ 55 millones, tiene que demostrar a las autoridades estadounidenses que se reúnen varias condiciones, entre ellas la mejora en los derechos humanos, la aplicación de la ley y la justicia. Los otros países también tienen que cumplir con esas condiciones.
Los registros que hay sobre Honduras en estos temas es pésimo, según las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, diplomáticos, periodistas independientes y expertos judiciales.
El caso más emblemático es el asesinato de la prominente activista ecologista Bertha Cáceres, un caso que lleva ya 7 meses y aun sigue sin resolverse y donde hay implicados personal de las Fuerzas Armadas. Mientras el gobierno de Honduras se ha resistido a las ofertas de ayuda de investigadores externos.
A principios de este mes, otro destacado activista hondureño defensor de la tierra y de los derechos y un compañero suyo, fueron asesinados y la organización de Berta Cáceres dice que siguen recibiendo amenazas de muerte. Amnistía Internacional declaró a Honduras una “zona de exclusión” peligroso para muchos activistas.
Sin embargo el Departamento de Estado certificó el 30 de septiembre que Honduras había tomado “medidas efectivas” en el cumplimiento de los criterios de derechos humanos.
Los miembros del Congreso, especialmente los que escribieron las condiciones a las que Honduras está obligada a cumplir, no están de acuerdo.
El senador Patrick J. Leahy, dice que la certificación del Departamento de Estado “es una burla” de la ley y que no puede apoyar la liberación de los fondos.
“Durante los últimos 25 años, Estados Unidos ha proporcionado cientos de millones de dólares en ayuda a Honduras y los resultados son muy pocos, dijo Leahy en una declaración a The Angeles Times.
“Las condiciones en nuestra ley tiene por objeto impedir una repetición de los fracasos del pasado, cuando la corrupción oficial y la impunidad fueron ignorados o justificadas, y para exigir cuentas al gobierno no hay que andar con retóricas y medias medidas que no son suficientes “, agregó.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby defendió la decisión de la ayuda a Honduras, pero dijo que el gobierno estadounidense ” no se hace de la vista gorda” con el atroz abuso.
“Estamos profundamente preocupados por los continuos problemas en Honduras que van desde el crimen, la corrupción y la impunidad y siempre revisamos nuestros programas, como resultado de ello”, dijo el viernes Kirby.
“Hoy que nos encontramos aquí, estamos de acuerdo con la certificación que hicimos”, agregó.
Durante los años 1980 y 1990, Honduras sirvió como plataforma de lanzamiento para las fuerzas estadounidenses en una guerra contra el gobierno Sandinista en la vecina Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos también apoyó al gobierno de derecha de El Salvador, que estaba luchando contra su propio levantamiento dirigido por guerrilleros de izquierda.
Las guerras son luchas oficiales, pero la violencia dirigida por las bandas y narcotraficantes en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde la represión política y las luchas por la tierra son un combustible y una mezcla toxica para la violencia.
Los tres países tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. (Nicaragua se mantuvo relativamente inmune a la violencia de las bandas y no forma parte de la iniciativa del Triángulo del Norte).
La violencia, junto con la pobreza endémica, ayudó a impulsar a decenas de miles de niños y familias a emprender su viaje hacia el norte hasta la frontera de Estados Unidos a mediados de 2014, según reportes de la patrulla fronteriza y las autoridades locales.
En un esfuerzo por contener el flujo, la Casa Blanca anunció la Alianza para la prosperidad de los tres países del Triángulo del Norte, y está a cargo del vicepresidente Joe Biden que el año pasado pidió mil millones de dólares al Congreso pero solo se aprobaron $ 750 millones.
Una cuarta parte del dinero se libera automáticamente. Otra cuarta parte se otorgará cuando los países reúnan las condiciones que implican la disminución de la migración, mismas que fueron redactadas por miembros de la Cámara que son los más interesados en detener el flujo migratorio.
El 50% final fue atado a 12 condiciones relacionadas con los derechos humanos y que fueron redactados por Leahy, quien es un miembro de alto nivel de la Comisión de Justicia del Senado.
Consciente de que la reputación de su país ha sufrido enormes bajas, el presidente Juan Hernández ha nombrado recientemente un “enviado especial” a Washington “para fomentar un mayor diálogo y cooperación”.
El enviado, es el excanciller Arturo Corrales, quien dijo en una entrevista que su gobierno está haciendo progresos en el cumplimiento de las condiciones de Estados Unidos para la ayuda.
Corrales señaló que Honduras ha aceptado deportados de los Estados Unidos a pesar de que están regresando a un país que sufre de violencia generalizada.
