El decreto de emergencia sanitaria se implementa en medio de despidos, falta de pago y críticas por favorecer servicios privados, mientras especialistas advierten que el sistema público se debilita sin una estrategia clara.
Tegucigalpa, Honduras. – Médicos despedidos por mensajería instantánea, salarios atrasados y un decreto de emergencia que abre la puerta a servicios privados y compras directas marcan el sistema de salud en Honduras. Si el presidente Nasry Asfura tiene un plan, este no ha sido presentado y las decisiones adoptadas apuntan a trasladar la atención fuera de la red pública.
Asfura, quien se autonombró titular de la Secretaría de Salud pocos días después de asumir la presidencia del Poder Ejecutivo, ha ofrecido escasos detalles sobre un plan para fortalecer el sistema público. Por el contrario, sus decisiones y acciones apuntan a debilitarlo.
Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), denunció ante medios de comunicación el sábado 28 de marzo el despido de médicos contratados, quienes fueron notificados por «WhatsApp», y aseguró que la Secretaría de Salud lo estaría encubriendo al afirmar que se trata de personal administrativo. Calificó la situación como «el nacimiento de una nueva tiranía».
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El médico cuestionó que estas acciones ocurran en el contexto del decreto 5-2026, que declara emergencia sanitaria desde el 6 de febrero. Además, puso en duda las cifras oficiales sobre mora quirúrgica. Mientras la Secretaría de Salud reporta más de 20 mil pacientes, Santos aseguró que son 5,408 en mora y 10,836 en lista de espera, aclarando que se considera mora cuando un paciente supera los tres meses en el listado.
EMERGENCIA SIN PRESUPUESTO Y RECLAMOS
En entrevista con Criterio.hn el pasado martes 24 de marzo, Santos advirtió que, pese al decreto de emergencia, no se ha proporcionado un presupuesto que indique cuánto se invertirá en los hospitales públicos del país y que, en la práctica, “se ha privatizado prácticamente lo que son las cirugías”, al priorizar negociaciones con hospitales privados en lugar de fortalecer la red pública.
En paralelo, médicos del sistema público iniciaron la semana pasada asambleas informativas en protesta por el atraso de hasta tres meses en el pago de salarios, una situación que, según el gremio, afecta tanto al personal por contrato como interino y profundiza la crisis en la atención.
Un caso que ilustra estas tensiones es el del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud (Cocinh-Lab), un proyecto en construcción orientado a reducir costos en insumos y producción sanitaria, impulsado en la gestión de la expresidenta Xiomara Castro.
Su cierre fue impulsado desde el Ejecutivo y, tras la reacción de científicos, personal sanitario y académicos, la designada presidencial María Antonieta Mejía, afirmó a medios que no sería abandonado. Sin embargo, Criterio.hn conoció, según fuentes vinculadas al proyecto, que no se sostuvo la reunión con el equipo coordinador y el personal vinculado al proyecto finalizó sus contratos y no estaría regresando.
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PIE DE FOTO: Según el gremio médico, la actual administración no está invirtiendo en los hospitales públicos como el Catarino Rivas y el Hospital Escuela, ni en insumos y medicamentos, sino que se ha enfocado en derivar cirugías a centros privados sin fortalecer la red pública.
ADVIERTEN AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN
La exdiputada y médica Ligia Ramos opinó que, en caso de existir un plan integral, este es desconocido. “No veo que tengan un norte, aparte de lo que han dicho de que van a pasar las cirugías selectivas a los quirófanos privados”. Agregó que los decretos de emergencia para la compra de medicamentos son una práctica recurrente que no ha resuelto los problemas estructurales del sistema y que, además, suele ejecutarse sin planificación y con criterios más políticos que técnicos.
Ramos, quien fue fiscal del CMH en el periodo 2018 y 2020, expuso que la incorporación de hospitales privados para reducir la mora quirúrgica no solo incrementa los costos para el Estado, sino que además limita el acceso y desvía la atención de fortalecer la capacidad instalada del sistema público. A su criterio, la solución pasa por reactivar quirófanos en hospitales estatales, garantizar insumos y ampliar la contratación o jornadas del personal médico, en lugar de trasladar estos servicios al sector privado.
Las posturas en torno al decreto también han mostrado matices dentro del ámbito político. El diputado y médico Carlos Umaña, quien el 18 de marzo defendió el decreto como una herramienta temporal para atender el desabastecimiento y la mora quirúrgica, descartando que implicara privatización, ha cuestionado recientemente su implementación.
En los últimos días, denunció despidos, falta de pago y no renovación de contratos en el sector salud, y advirtió que el decreto “era para fortalecer el sistema y no para debilitarlo e intentar privatizar”.
Asimismo, señaló que la prioridad debe ser la repotenciación de quirófanos y la contratación temporal, y que la privatización “hace ricos a algunos y no le resuelve el problema a la mayoría”.
GOBIERNO DEFIENDE FIDEICOMISO SANITARIO
Desde la Secretaría de Salud, el subsecretario Eduardo Midence defendió la estrategia del gobierno y aseguró que existe “una ruta clara de acción” para enfrentar la crisis del sistema sanitario.
En una carta difundida en redes sociales, insistió que el fideicomiso sanitario en salud permitirá reducir la mora quirúrgica, reactivar la capacidad instalada y garantizar el abastecimiento de insumos bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las denuncias del gremio médico, especialistas y actores políticos, quienes advierten la falta de planificación, debilidad en la red pública y decisiones que estarían desplazando servicios hacia el sector privado.
