Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Progreso, Yoro.-La demanda contra el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) que financió el proyecto Agua Zarca a través de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) continúa su curso en los tribunales de Holanda, esto relacionado, por supuesto, con la causa de Berta Cáceres, ambientalista y defensora de derechos humanos que se oponía a este proyecto y quien fue atacada a tiros en el interior de su vivienda en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente de Honduras, el pasado 2 de marzo de 2016.
Esta semana, el juzgado de lo penal resolvió enviar a juicio oral y público a Roberto David Castillo, exgerente de DESA, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
El apoderado legal de la familia Cáceres, el abogado Víctor Fernández, dijo a Criterio.hn que este proceso en los tribunales de Holanda es por el tema de la responsabilidad del sistema financiero, de la banca, en este caso el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) que financió el proyecto Agua Zarca, ejecutado por la empresa DESA.
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“La demanda la presentó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el banco contestó la demanda y se está en una fase de posible solución alterna de la demanda. En esa fase está”, dijo Fernández.
El profesional del derecho reveló que el caso contra el exgerente de Desa y contra el Banco Holandés no son los más importantes en la causa Berta Cáceres, sino que es la búsqueda y castigo a todos los autores intelectuales, que en ese sentido existe una vinculación que apunta a los dueños de la empresa DESA.
“El proceso más importante es el que tiene que vincular a los autores más importantes del crimen, que es una investigación que tiene dormida el Ministerio Público, con un silencio comprometedor, que vincula a los dueños de la empresa DESA”, expresa Fernández.
Fernández agrega que también están los otros procesos contra funcionarios de distintas instituciones del Estado que en lugar de protegerla la colocaron en situación de mayor vulnerabilidad y de desprotección, y, expone, que además, han emprendido acciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente sobre medidas cautelares de la que gozaba Cáceres.
Berta Cáceres lideró protestas contra la construcción por parte de la empresa DESA de una represa en el río Gualcarque, que se ubicó en territorio del pueblo originario lenca.
En reiteradas ocasiones se ha instado a la Unión Europea y otros entes de cooperación internacional a denunciar y desmarcarse de proyectos que violentan la soberanía de los pueblos indígenas.
En diciembre de 2019 un tribunal de justicia condenó entre 30 y 50 años de prisión a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres y por la tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la vivienda de Cáceres el día que se registraron los hechos.
David Castillo es el octavo procesado y, hasta ahora, el único acusado por el Ministerio Público como autor intelectual del asesinato.
