Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Una carrera contra el tiempo parece que libran las organizaciones de mujeres y feministas en Honduras. Mientras las cifras de crímenes de mujeres y femicidios aumentan considerablemente en lo que va del 2018, su lucha continúa ante un Estado y gobierno que al examinarse, presenta avances y fuertes retrocesos en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.
Al hacerse una radiografía de los avances y retrocesos, las mujeres reconocen que aunque ha habido pasos al frente, pero los que se han retrocedido suman y ponen en peligro lo avanzado al momento.
La unidad de delitos contra la mujer y su lento desaparecimiento
En el pasado reciente resalta la presión de las mujeres organizadas y feministas que lograron que en el año 2008 se creara la Unidad de Delitos contra la Vida de la mujer, dentro de la Fiscalía Especial de la Mujer. Ese logró generó que se aprobaran 16 millones de lempiras para conformarse las unidades en siete ciudades del país (Tegucigalpa, SPS, La Ceiba, Comayagua, Santa Rosa de Copan, Choluteca y Roatán).
“Sin embargo, las unidades fueron desapareciendo poco a poco y al final se trasladó lo poco que quedaba de esta unidad a la Fiscalía de Delitos contra la Vida”, acota Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).
Pero las mujeres organizadas no desistieron en su lucha y reocupadas por ese desmantelamiento inician, junto a otras organizaciones feministas y campesinas en el marco de la Plataforma 25 de Noviembre, un trabajo arduo para logar que se reabriera una Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios dentro de la nueva Agencia de Investigación Criminal ATIC.
“Y es en el presupuesto del 2015, donde se asignan 30 millones para su funcionamiento. Aunque en la practica el recurso asignado no fue pasado en su totalidad por parte del Ministerio Publico a dicha unidad”, agrega Martínez.
Necesidad de un presupuesto que recoja necesidades y demandas de mujeres
Bajo la premisa anterior, las organizaciones de mujeres y feministas impulsan un proceso de influencia ante la Comisión de Género y de Presupuesto del Congreso Nacional para contar con Disposiciones Generales de Presupuesto que incluyan artículos a favor de las mujeres.
El trabajo tesonero logra que los años 2015, 2016 y 2017 se incluyan articulados vinculado al género. Sin embargo, a la fecha ninguno se ha puesto en práctica, una situación que se constata, dicen las mujeres, al realizársele un seguimiento a través de una auditoria social. Para el caso, las Audiencias Generales de Presupuesto, espacios en donde los Gabinetes Sectoriales rinden informes, han evidenciado el incumplimiento del articulado por parte de las instituciones gubernamentales en las Disposiciones Generales de Presupuesto (DGP), del año 2016.
Las lecciones aprendidas durante ese tiempo generaron que las organizaciones de mujeres y feministas, en alianza con algunas parlamentarias, propusieron mejoras en las DGP del 2017. Es así que logran que se incluyen las audiencias específicas de género, focalizadas para los Gabinetes de Conducción y Regulación Económica, Protección Social, Seguridad y Defensa, Gobernabilidad y Descentralización, así como para el Ministerio Público y Poder Judicial.
Además, se incluye la coordinación con la Instituto Nacional de la Mujer INAM y las Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través de la Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para implementar el índice de inversión en género.
Los artículos a favor de las mujeres, su aprobación y abolición
La aprobación de varios algunos artículos que han ido cambiado de numeración con el tiempo, como el 151, que ahora es el 161 de las municipalidades, y que plantea el 5% de la transferencia municipal del total de esa transferencia, a las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM). Con esta disposición, los alcaldes no se podrán excusar sobre el incumplimiento del 5%; la ley, además, castigará la violación de este precepto con diez (10) salarios mínimos.
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Otro ejemplo es el artículo 10, que pasó a ser el 9. Este apartado, que se había mantenido en las DGP con algunas variaciones, plantea la perspectiva de género en el presupuesto. Los cambios se han enfocado en concretar la forma en que las Secretarías de Estado medirán los avances en materia de género y se colocó el índice de inversión en género. Además, se agregaron las audiencias de presupuesto con perspectiva de género. Sin embargo, en las DGP para el año 2018, estos dos aspectos en los que se había avanzado fueron recortados, aprovechándose de la confusión generada por la crisis política post electoral, afirman las organizaciones de mujeres.
“Lo anterior es un retroceso en materia de presupuestos sensibles al género, dado que, si bien no se había logrado que las Secretarías de Estado cumplieran con las DGP, en los artículos a favor de las mujeres, en las audiencias públicas de presupuestos las organizaciones interpelaban a las instituciones exigiendo que se invirtiera en las mujeres. Pero al quitar las audiencias específicas de género para el 2018, han dejado sin espacio de interpelación a las organizaciones”, denuncia Martínez.
No obstante lo anterior, para las organizaciones de mujeres y feministas, a pesar de los recortes planteados el artículo 9, el enfoque de género en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, continúa siendo la columna vertebral para que las instituciones de gobierno asignen recursos y reporten inversión para las mujeres.
El cumplimiento de las DGP sobre todo de los artículos que obligan a implementar la perspectiva de género en la asignación de recursos para las mujeres, así como mostrar e informar la inversión en género realizada por los gobiernos es el gran reto para el Estado y gobierno.
“El gobierno debe demostrar en la práctica que tiene un compromiso con las mujeres y que camina hacia el cumplimiento de la agenda 2030 en su objetivo # 5, que plantea “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, concluye Martínez.
