La noticia que un niño de dos años habría sido utilizado para el transporte de drogas en un centro penitenciario hondureño ha generado conmoción y reacciones de repudio. Sin embargo, tras una evaluación forense, el Ministerio Público descarta violencia contra el menor, mientras que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) expone al niño ante los medios, desatando críticas por vulnerar su integridad.
El manejo de este caso ha suscitado interrogantes sobre la actuación de las autoridades y la protección de los derechos infantiles en el país centroamericano.
Tegucigalpa, Honduras. – Suspicacia, confusión e irresponsabilidad han sido los principales elementos que giran en torno a la noticia que supuestamente un niño de dos años fue utilizado para introducir droga al interior de un centro penitenciario.
En medios de comunicación, se aseguraba que la droga fue introducida en el cuerpo del niño, lo que generó el repudio de la sociedad. Sin embargo, la tarde del jueves el Ministerio Público, a través de un comunicado informó que tras una evaluación clínica forense se descarta cualquier forma de violencia en perjuicio del menor de edad o que efectivamente el cuerpo de éste haya sido “vehículo de transporte” de droga.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), –luego de una semana de ocurrido el supuesto hecho— expuso al menor de edad ante los medios de comunicación, generando vulneración a la integridad del niño de dos años.
Según las declaraciones del coronel de la PMOP y director de los centros penales, Ramiro Fernando Muñoz, existían pruebas “claras”. “Tenemos claro que la señora haciendo uso del pequeño, ingresó esa droga al penal”, refirió el coronel a medios de comunicación.
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SE DEBIÓ INFORMAR DE MANERA INMEDIATA
De acuerdo con un video publicado por el Instituto Nacional Penitenciario, el supuesto hecho tuvo lugar el 23 de marzo de 2024, previo a la celebración de la Semana Santa, pero no fue sino hasta el 02 de abril que dieron a conocer la información.
Ante esta opacidad, analistas han cuestionado el accionar de la Policía Militar y la forma en la que se desarrolló el hecho, en ese sentido apuntan que con este caso se devela la manipulación, la impunidad y la desprotección.
“Cuando se deja pasar el tiempo desde que ocurre un hecho, un incidente, estamos alejándonos cada vez más de la verdad, de la realidad de los hechos”, expresó Nora Urbina, exfiscal de la niñez del Ministerio Público.
Y es que se ha cuestionado que, al momento de requerir a la madre, el niño debía ser resguardado por la institucionalidad del Estado para hacer las evaluaciones correspondientes. Caso contrario, el niño fue entregado a su abuela y la madre, posteriormente fue puesta en libertad, por lo que no hubo una rrespuesta inmediata e integral ni investigación y por ende no hubo protección al infante.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), la Policía Militar, “aparentemente está actuando como juez, como investigador y como acusador”, esta aseveración porque determinó la aparente responsabilidad de la madre sin antes haber seguido el procedimiento técnico y formal del sistema penal.
En ese sentido, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), lamentó que no se informara de inmediato a las instituciones correspondientes. “A pesar que se tuvo indicios en el centro penitenciario que se estaba utilizando al niño, esto no se haya puesto a disposición de las autoridades de manera inmediata”.
De acuerdo con Ramiro Muñoz, llamaron a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y la madre fue trasladada hacia la posta policial más cercana, además refirió que no se le hizo el examen médico forense al niño debido a que no había la presencia de un fiscal. Sin embargo, de acuerdo con la normativa, hay un fiscal de turno las 24 horas del día.
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VULNERACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN
La discusión del ingreso de drogas a La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, al oriente del país, ha girado en torno a la medida del coronel Ramiro Muñoz de suspender la visita de los niños y niñas a los centros penitenciarios, dejando de lado la protección del niño.
Wilmer Vásquez, señaló en entrevista con Criterio.hn que este tipo de hechos y en especial la manera en cómo fue manejado, vulneran a los niños y niñas del país. “Los adultos siguen siendo quienes utilizan, manipulan y cooptan y vulneran en general los derechos de los niños y niñas”.
Al no haber realizado las pruebas correspondientes, la integridad del niño se ve afectada debido a que 11 días después del supuesto hecho, la Fiscalía de la Niñez, abrió de oficio una investigación para constatar el estado e integridad del niño y además se somete al menor de dos años a una revictimización.
La Policía Militar, que en este momento tienen el control del sistema penitenciario, eliminó la visita de menores de edad, incurriendo con una violación a los derechos de la niñez de tener contacto con sus padres. Las organizaciones de derechos humanos consideran que la medida debe ser temporal mientras se buscan las herramientas y condiciones para el ingreso de infantes.
Para Vásquez, todo lo ocurrido evidencia la debilidad del sistema penitenciario, la incompetencia para poner en practica mecanismos de control, de cuidado y garantía de derechos humanos de quienes ingresan a los centros penitenciarios de igual manera evidencia a falta de coordinación efectiva e inmediata con las autoridades del MP.
Antes este panorama de desprotección, vulnerabilidad y negligencia, analistas consideran que casos como estos deben dejar lecciones aprendidas para evitar la repetición de los hechos. “La forma en que se manejó este caso (menor de dos años) debe dejarnos lecciones aprendidas, nuevas prácticas para trabajar los casos y reflexiones”, enfatizó la exfiscal Nora Urbina.
En las próximas semanas, Honduras recibirá la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.
