Según registros de organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta febrero de 2024 se habían reportado 11 fallecimientos en distintos centros penales del país. Con las dos muertes contabilizadas en mayo, la cifra asciende a 13
Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SINEPA) confirmó el pasado sábado 25 de mayo, la muerte de otro privado de libertad en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán.
Mediante un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario, se informó del fallecimiento de Fredy Valentín Macoto Hernández, quien murió supuestamente tras sufrir un ataque de epilepsia.
Según el texto, la muerte del integrante de la pandilla 18 ocurrió después de recibir una visita, la cual está permitida en los 24 centros penitenciarios del país.
Tras finalizar la misma, las autoridades realizaron una inspección en el ala alta del módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara, fue entonces cuando se percataron del ataque que estaba sufriendo el interno.
A pesar de recibir asistencia médica, no pudieron salvarle la vida, según expresaron, las autoridades procedieron a notificar a medicina forense del Ministerio Público (MP), quienes emitirán el dictamen que confirme las causas de la muerte.
Noticia relacionada: Supuesto suicidio y fugas en Penitenciaria Nacional exponen falencias en intervención militar
DOS MUERTOS Y DOS FUGAS EN UN MES EN PENITENCIARÍA DE TÁMARA
Es importante mencionar que el deceso de este interno es el segundo reportado en el mes de mayo en la Penitenciaría Nacional de Támara. En este contexto, se recuerda que el sábado 18 de mayo se reportó la muerte de Eduardo José Matute.
Según informaron los familiares del joven de 24 años, la muerte se produjo supuestamente por suicidio con envenenamiento por lo que las autoridades les informaron que investigarían en deceso.
Además de las muertes en este centro penitenciario, también se han reportado dos fugas de internos.
Los nombres de los hoy prófugos son: Gandi Espinal Raudales y Frederick Madrid Montoya quienes se fugaron el martes 14 de mayo tras supuestamente aprovecharse las constantes fallas de luz en el centro penitenciario.
Sobre este hecho José Coello, portavoz de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), confirmó a Criterio.hn que suspendieron al personal encargado del módulo y se investigan para deducir la complicidad o no de los hechos.
Para Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos y directora de la organización Cozumel Trans, que ocurran dos fugas y muertes en plena intervención militar deja muchas dudas sobre los resultados de dicha intervención.
Según Ferrera, las causas que han permitido estos hechos dejan entrever una posible colusión. En este sentido, remarcó como una clara deficiencia el hecho que se esté pensando en construir nuevos centros penitenciarios en el país, cuando los existentes siguen presentando problemas de seguridad, hacinamiento y lentitud en los procesos.
Además: A casi un año de intervención militar en penitenciarias, colusión criminal sigue vigente
MUERTES Y SUSTITUCIONES DE PERSONAL BAJO INTERVENCIÓN MILITAR
Es preciso mencionar que desde que se aprobó la intervención militar en Honduras el 26 de junio de 2023, las organizaciones de derechos humanos han contabilizado al menos 13 muertes de privados de libertad bajo custodia militar.
Según los registros del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), hasta febrero de 2024 se habían registrado 11 muertes. Con las dos muertes ocurridas este mes, la cifra asciende a 13.
La intervención se aprobó después de la tragedia en la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara (PNFAS), donde murieron 46 mujeres privadas de libertad. Sin embargo, casi un año después de la implementación de esta medida, se siguen reportando malas condiciones, fugas y muertes de internos.
Además, se han sustituido a dos directores de centros penitenciarios: en diciembre, al del centro penal de máxima seguridad “La Tolva”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, y en febrero de 2024, al director de la Penitenciaría Nacional de Támara, precisamente donde este mes de mayo ha tenido el mayor número de incidencias.
