La falta de notificación sobre la suspensión de la audiencia preliminar del caso Juan López ha sido calificada como alarmante por los defensores de derechos humanos, quienes exigen claridad y celeridad en el proceso judicial
Tegucigalpa, Honduras. – A última hora y sin previo aviso suspendieron la audiencia preliminar, programada para ayer jueves 07 de noviembre en los juzgados de San Pedro Sula en contra de los tres detenidos por el asesinato de Juan López, ambientalista y regidor de la municipalidad de Tocoa.
Las autoridades decidieron postergar el proceso que involucraba a tres presuntos implicados en el crimen, generando preocupación entre los defensores de los derechos humanos y ambientalistas.
“Desconocemos las razones del porqué se ha suspendido”, expresó Adilia Castro, Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), quien detalló que habían viajado desde horas de la madrugada para estar presentas en el desarrollo del proceso judicial.
Además, señaló que esta situación afecta a quienes han estado dando seguimiento al caso y a aquellos que sufren la pérdida de Juan López. «Es alarmante que, al llegar aquí, nos encontremos con la noticia de que la audiencia ha sido cancelada sin previo aviso a los abogados. Esto no solo demuestra una falta de comunicación en el sistema judicial, sino que también agrava el acceso a la justicia de la familia y comunidades que buscan justicia», afirmó Casco, enfatizando la necesidad de un proceso judicial transparente y responsable.
MINISTERIO PÚBLICO SOLICITÓ SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA
El Ministerio Público solicitó el cambio de fecha de la audiencia, argumentando la complejidad del caso y la necesidad de incorporar nuevos medios probatorios que podrían ser cruciales para el desarrollo del proceso judicial.
Esta solicitud, que podría reflejar la intención del Ministerio de garantizar que se presenten todas las evidencias pertinentes –fundamental para asegurar justicia—, ha generado inquietud entre quienes defienden los bienes comunes y exigen justicia por el crimen en contra de la vida de Juan López. Quienes esperan que el sistema judicial actúe con celeridad y transparencia y que se logré dar, no sólo con los autores materiales sino con los autores intelectuales.
El abogado de la parte acusadora, Junior Zúniga, manifestó que, a pesar de que fue el Ministerio Público quien presentó la solicitud para reprogramar la audiencia, no existe constancia de dicha solicitud en el expediente. «La semana pasada revisamos el expediente y no hay ningún auto que indique una reprogramación o siquiera la solicitud de la misma; para nosotros fue una sorpresa», afirmó Zuniga.
Además, informó que actualmente no hay una nueva fecha establecida, ya que la solicitud del Ministerio Público aún no ha sido resuelta. En este sentido, detalló que la audiencia podría ser programada hasta el año 2025 debido a la carga laboral existente y al hecho de que el poder judicial entrará en periodo de vacaciones en diciembre.
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DEMANDAS FUNDAMENTALES
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa reconoce los esfuerzos realizados por el sector justicia hasta la fecha, pero enfatiza que no habrá justicia para Juan López sin abordar una serie de demandas fundamentales.
Entre esas demandas, enfatizan en la Investigación Integral, ya que es imperativo llegar a los autores intelectuales detrás del crimen. El comité destaca la existencia de una red criminal que “planificó y financió este horrendo crimen”, así como las amenazas persistentes hacia quienes luchan contra el megaproyecto minero-energético Pinares-Ecotek, que de acuerdo con el comité ha sido impuesto en la región mediante corrupción y complicidad estatal.
Del mismo modo, exigen a las autoridades hondureñas el cierre del megaproyecto minero-energético del grupo EMCO, incluyéndolos siete componentes. La comunidad reclama la cancelación de las concesiones mineras El Venado y Las Golondrinas, así como la protección de los ríos San Pedro y Guapinol.
También, el comité demanda la liberación del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, actualmente bajo control armado por parte de inversiones vinculadas a Pinares-Ecotek. Esto implica la aplicación efectiva del decreto 18-2024, que prohíbe la minería en áreas protegidas.
