Según abogados expertos en derechos humanos, el requerimiento fiscal contra Vásquez Velásquez y los otros dos exjerarcas militares resulta insuficiente, ya que argumentan que este caso no debe limitarse a un análisis bajo las leyes nacionales, sino que debe considerarse también desde el ámbito del derecho internacional, en el que asesinatos como el de Isy Obed Murillo, son clasificados como crímenes de lesa humanidad
Tegucigalpa, Honduras. – Romeo Vásquez Velásquez fue trasladado esta mañana a la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, a la espera de la audiencia inicial programada para el viernes 10 de enero de 2025, en el proceso que se le sigue a él junto a dos exjerarcas militares por el caso del asesinato del joven Isy Obed Murillo, en el marco de las protestas contra el golpe de Estado de 2009 al expresidente Manuel Zelaya Rosales.
A las 7 de la mañana de este día, fue trasladado el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, con esposas en las manos y los pies, al igual que los otros dos jerarcas requeridos: Venancio Cervantes, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, a la penitenciaría más conocida como Támara, desde el Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa.
El traslado de los imputados se realizó luego de que, en la audiencia de declaración de imputado llevada a cabo entre las 6:00 de la tarde y las 11:30 de la noche de ayer, se dictara la detención judicial y traslado mediante un fuerte contingente militar y policial.
Tras salir del juzgado, Vásquez Velásquez afirmó su inocencia, argumentando que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política, versión que mantuvo tras su arresto, por agente de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipamco), la mañana del domingo 5 de enero, cuando fue detenido mientras se dirigía en un vehículo junto a amistades a un almuerzo en la zona sur de Honduras.
La captura de Romeo Vásquez Velásquez ha generado diversas opiniones. Miembros de la oposición y familiares sostienen que este caso es de naturaleza política y no un acto de justicia.
Según la esposa del exgeneral, Lícida Zelaya, el Ministerio Público no tiene claridad sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven Isis Obed Murillo. Además, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, ha confirmado que el expediente del caso se encuentra extraviado.
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REQUERIMIENTO FISCAL INSUFICIENTE
Sobre el tema, la abogada y analista Reina Rivera señaló en un foro televisivo que, en relación con el origen de la bala para determinar un culpable, no es argumento suficiente ya que el caso no es aislado de un contexto de violación de derechos humanos, por lo que, en otros casos similares, incluso se ha requerido la intervención del fiscal general de ese período.
Asimismo, citó lo establecido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las acciones de la fiscalía de Derechos Humanos en ese momento. Según Rivera, “El 7 de septiembre y el 2 de octubre de 2009, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) remitió a la fiscalía de Derechos Humanos dos oficios en los que manifestaba su decisión de no presentar las armas utilizadas para el respectivo peritaje, argumentando razones de seguridad nacional”.
El abogado y doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía coincidió con Reina Rivera al afirmar que el requerimiento fiscal en el caso de Isis Obed Murillo es insuficiente. Según el informe de la Comisión de la Verdad, además del asesinato de Isis Obed, ocurrieron otros asesinatos selectivos que también pueden ser clasificados como crímenes de lesa humanidad.
Esto convierte el caso en un asunto de derecho internacional, sustentado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al cual Honduras está vinculada tras haberlo ratificado.
El abogado enfatizó que la responsabilidad del superior jerárquico se basa en factores como el control ejercido, el conocimiento de los crímenes, y la omisión de prevenir, sancionar o denunciar los actos cometidos por sus subordinados.
Mejía también subrayó que, aunque el Código Penal vigente en ese momento no contemplara ciertos elementos específicos, el caso puede ser abordado desde el derecho internacional, sin limitarse exclusivamente a la legislación penal hondureña.
Aunque los abogados señalan que el requerimiento fiscal es limitado en cuanto a las personas incluidas, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aclaró que, por el momento, no se ha contemplado una ampliación del mismo. No obstante, indicó que esta podría llevarse a cabo la ampliación durante el proceso, pero si la Fiscalía de Derechos Humanos lo considera necesario.
En un comunicado emitido ayer por la Secretaría de Derechos Humanos, se celebró la acción tomada por el Ministerio Público (MP) y se afirmó que “el caso de Isis Obed Murillo Mencía, próximo a recibir sentencia por parte de la Corte IDH, representa una oportunidad fundamental para avanzar en el proceso de justicia y reafirmar el compromiso del Estado hondureño con los derechos humanos”.
Sin embargo, esta declaración no es precisa, ya que el caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras se lleva a un acuerdo amistoso de lo contrario se pararía a la Corte IDH.
Cabe recordar que, desde hace 15 años, Honduras vivió el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Romeo Vásquez Velásquez, quien en ese momento era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha sido señalado como uno de los principales responsables.
En tanto, este ha defendido sus acciones argumentando que actuó en cumplimiento de órdenes judiciales y en defensa del orden constitucional, pero, organismos internacionales han rechazado su justificación, calificando el golpe como un acto antidemocrático.
