Acusaciones por asesinato de Said Lobo elevan tensión entre exmandatarios. Por un lado, Porfirio Lobo señala que la orden del crimen habría sido dada por Juan Orlando Hernández, mientras que este último asegura que se trata de afirmaciones sin fundamento y exige una investigación objetiva.
El Ministerio Público enviará fiscales a EE.UU. para gestiones de cooperación internacional para verificar la declaración atribuida a un presunto integrante de la MS-13 detenido en Nebraska, quien habría señalado que la orden del crimen provino del expresidente Juan Orlando Hernández.
Tegucigalpa, Honduras. –El asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, volvió a colocar en confrontación pública a dos exmandatarios hondureños del mismo partido político, luego de que el exgobernante reiterara sus señalamientos contra Juan Orlando Hernández, a quien ha señalado en varias ocasiones de haber ordenado el crimen ocurrido en julio de 2022.
La muerte de Said Lobo y de otros tres jóvenes se produjo en la madrugada del 14 de julio de 2022, a la salida de una discoteca en Bulevar Morazán en Tegucigalpa. Desde entonces, el caso ha estado rodeado de múltiples hipótesis, pero en los últimos meses volvió a cobrar relevancia tras las declaraciones de Lobo Sosa.
Según el exmandatario autoridades federales de Estados Unidos se reunieron con él y le mencionaron que un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) habría declarado ante autoridades estadounidenses que la orden del crimen fue dada por el también expresidente Juan Orlando Hernández, que meses antes había sido extraditado hacia Nueva York, EE.UU., para ser juzgado y posteriormente sentenciado a 45 años de prisión por delito relacionados al tráfico de drogas.
El pasado miércoles 11 de marzo de 2026, Lobo Sosa se reunió con el fiscal general, Johel Zelaya, en las instalaciones del Ministerio Público, encuentro en el que solicitó que se investigue información que, según dijo, le fue proporcionada por agentes federales de Estados Unidos.
De acuerdo con Lobo Sosa, funcionarios estadounidenses le informaron que un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificado como Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”, detenido en Nebraska, habría declarado ante autoridades estadounidenses que participó en el asesinato y que la orden provino del exmandatario Hernández.
El exgobernante también sostuvo que el crimen pudo estar vinculado con amenazas que —según relató— recibió su hijo Fabio Lobo, capturado en 2015 en Haití y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Luego condenado en 2017 a 288 meses de prisión por tráfico de drogas, antes de declarar como testigo en el proceso judicial que se siguió en EE.UU. contra Hernández por delitos relacionados con narcotráfico.
Según su versión, Fabio Lobo habría advertido a su familia que, si colaboraba con la justicia estadounidense, podrían tomar represalias contra algún miembro de su familia. “Lo amenazaron que si declaraba le iban a hacer daño a un pariente”, relató el exjefe de Estado.
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Estas afirmaciones, sin embargo, no son nuevas. Esta misma versión fue expresada durante una entrevista que brindó dos semanas atrás la radioemisora HRN. Lobo Sosa insinuó sobre la posible responsabilidad de Hernández Alvarado en el asesinato de su hijo, por lo que sus recientes declaraciones reactivan una confrontación que se ha repetido en distintos momentos desde que ocurrió el crimen.
Las acusaciones han sido rechazadas de forma categórica por Hernández. En un comunicado difundido en redes sociales calificó como “absolutamente falso” que el exgobernante tenga alguna relación con el asesinato de Said Lobo y pidieron que las investigaciones se desarrollen bajo el principio de objetividad.
En ese pronunciamiento, Hernández y su familia también solicitaron que el Ministerio Público recurra a mecanismos de cooperación internacional para obtener información del expediente del juicio que enfrentó el exmandario en Estados Unidos, donde fue sentenciado a 45 años de prisión por delitos de tráfico de drogas y armas, y posteriormente fue indultado por Donald Trump.
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FISCALÍA ENVIARÁ FISCALES HONDUREÑOS A EE.UU.
En respuesta, el Ministerio Público anunció que iniciará gestiones de asistencia judicial internacional con autoridades estadounidenses para verificar las declaraciones atribuidas a Cuadra Soto.
La fiscalía emitió un comunicado en el que informó que una comisión de fiscales especializados en delitos contra la vida viajará a Estados Unidos para coordinar con autoridades locales y conocer de primera mano los alcances de la información proporcionada por el presunto integrante de la MS-13.
Cuadra Soto fue capturado en diciembre de 2025 en Grand Island, Nebraska, y según información preliminar estaría vinculado con el asesinato de Said Lobo Bonilla ocurrido en julio de 2022 en la capital hondureña.
Para el abogado penalista Marlon Duarte, las acusaciones públicas de esta naturaleza deben respaldarse con pruebas científicas, objetivas y contundentes que confirmen esos dichos o declaraciones.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista señaló que incluso si un sospechoso hubiese realizado una confesión ante autoridades estadounidenses, esta no sería suficiente por sí sola para sustentar una acusación penal en Honduras si no se acompaña de otros medios probatorios.
Duarte expresó –además– sus reservas sobre el alcance que podría tener el viaje de fiscales hondureños a Estados Unidos para conocer la declaración de un presunto implicado. Según explicó, si los fiscales únicamente acuden a escuchar o constatar lo que una persona declaró ante autoridades estadounidenses, podrían terminar convirtiéndose en testigos de referencia.
El abogado recordó que el Código Penal establece que, cuando existen testigos presenciales, no se puede recurrir a testigos de referencia para sostener una acusación. En ese sentido, señaló que, aun cuando el sospechoso viajará a Honduras y reiterará una confesión, esta tendría que estar acompañada de pruebas científicas y otros elementos contundentes que confirmen sus afirmaciones.
También advirtió que las declaraciones obtenidas en el extranjero deben ser incorporadas al proceso mediante mecanismos formales de cooperación judicial internacional para que puedan tener validez en los tribunales hondureños.
Añadió que cualquier declaración obtenida en el extranjero debe incorporarse al proceso mediante los mecanismos formales de cooperación judicial internacional para que pueda tener validez dentro del sistema de justicia hondureño.
Mientras tanto, el caso continúa rodeado de tensiones políticas, ya que enfrenta directamente a dos expresidentes del mismo partido, cuya relación política se deterioró con el paso de los años y tras los procesos judiciales relacionados con narcotráfico que involucran a figuras cercanas a ambos.
La investigación oficial ahora dependerá de los resultados de la cooperación entre autoridades hondureñas y estadounidenses, así como de la eventual verificación de las declaraciones atribuidas al presunto integrante de la MS-13.
LO ÚLTIMO
La abogada Carolina Meléndez quien es investigadora jurídica en Estados Unidos, dio a conocer que la situación legal del expresidente Juan Orlando Hernández podría agravarse tras las declaraciones de Gerson Amir Cuadra Soto, alias «El Fantasma» quien habría indicado que el exmandatario hondureño ordenó el asesinato del hijo del también expresidente, Porfirio Lobo Sosa.
Meléndez explico que cuando se trata del asesinato de un ciudadano estadounidense, el delito puede ser procesado a nivel federal en Estados Unidos, lo que implicaría penas extremadamente severas, que, de comprobarse la participación del exmandatario, este podría enfrentar cadena perpetua e incluso la pena de muerte, dependiendo del proceso judicial y las decisiones de los fiscales.
