Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Progreso, Yoro. El sociólogo Elvin Hernández, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-SJ) dijo este jueves a Criterio.hn que el reciente crimen contra el ambientalista de Guapinol, Arnold Joaquín Morazán Erazo, asesinado el miércoles en su propia, si bien es cierto causa mucha indignación, este debe servir para articular todas las luchas a nivel nacional.
Morazán Erazo, de oficio pastor evangélico, había sido procesado judicialmente por la empresa Los Pinares desde el año 2019. La acusación contra Morazán Erazo había sido por defender el Río Guapinol, ubicado en la comunidad del mismo nombre y perteneciente al municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras, en un contexto de criminalización por la empresa minera Los Pinares propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
“Tenemos que convertir la rabia en lucha organizada, ¿cómo convertirla en solidaridad con las víctimas?, en el encuentro entre los defensores de una región como el Aguán, con los defensores de Atlántida, con los de Zacate Grande, ¿cómo articular todas esas luchas? Esto no puede parar la lucha sino más bien impulsarla”, dice Hernández.
El sociólogo manifiesta que la principal demanda o punto de reflexión debe ser la necesidad de buscar una salida consensuada contra la implementación del proyecto neoliberal en su dimensión extractivista, es decir, el problema toral de la conflictividad es el impulso de estos proyectos extractivos. Por lo tanto, hay que buscar una salida en donde haya consensos para ver qué tipo de proyectos se pueden implementar y cuáles no se pueden implementarse por otras circunstancias.
Hernández dice que deben evaluarse los proyectos mineros en Honduras, “llámese proyectos extractivistas, es decir, el punto de partida deben ser las comunidades y los pobladores. Y esa es una primera línea. La segunda línea me parece a mí que es si el Estado no se adecúa con las víctimas y no protege a los indefensos, al menos que no se convierta en el criminal en sí mismo. Esa serían las dos reflexiones que quiero dejar”.
Para Hernández el crimen del ambientalista de Guapinol hay que situarlo en un momento de hostigamiento, prisión, criminalización a la comunidad de Guapinol, en donde se están usando estrategias diversas para querer aparentar a los defensores como criminales, es parte de la estrategia que busca esta empresa minera y que usa estos mecanismos para aparentarlo así.
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“Este contexto uno puede verlo así, mientras el Parlamento Europeo reconoce la lucha de los guapinoles con el premio internacional, mientras mundialmente se les reconoce como defensores del ambiente, aquí vemos todo este escenario. Eso nos ayuda a entender lo que está pasando en el Bajo Aguán”, agrega.
Hernández dice que este asesinato tiene un legado importante, ya que más allá de la indignación, “deja una sensación de un amor profundo a la patria, un amor profundo a la vida y a la madre naturaleza. Es lo que te impulsa a defender los bienes naturales ante la indefensión pura en la que se encuentran los defensores y defensoras del ambiente. Es una indefensión absoluta, porque el Estado no está situado con las víctimas sino de la mano con los victimarios, criminales, y con frecuencia el propio Estado es criminal contra los defensores y las víctimas, es decir, en ese nivel de indefensión lo que a uno le provoca es una rabia que no puede contenernos, no puede paralizarnos”.
La conflictividad por la empresa minera ha causado que se genere una violencia singular en la región y sin que el Estado intervenga en favor de la comunidad. No obstante, el Estado de Honduras sí interviene a través del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en el sentido de encarcelar a los defensores del ambiente y proceder a desalojos violentos.
Morazán Erazo es el segundo de los acusados en ser asesinado. El primero en caer en Guapinol fue Roberto Argueta, caso que aún no se esclarece.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo que se había otorgado en beneficio de cinco defensores ambientales y se ordenó el formal procesamiento en contra de ellos; además, hay ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
La nominación de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores (asesinada el 3 de marzo de 2016) resultó finalista al premio del Parlamento Europeo, Sájarov 2020, que es otorgado a aquellos que en su vida se han dedicado a promover la libertad de conciencia, en medio de las adversidades subyacentes y las amenazas constantes a su integridad física.
Junto a Berta Cáceres también se resaltó a los defensores del río Guapinol, criminalizados y algunos encarcelados por ese fin. Los ganadores serán conocidos el próximo 22 de octubre.
El Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andréi Sájarov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.
El informe internacional Guapinol Resiste en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
A Lenir Pérez, dueño de la empresa minera que ha causado violencia en la región, lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.
El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco están siendo perseguidas.
