Nación.

Arresto domiciliario y suspensión de su cargo vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla

Teodro Bonilla, vice presidente del Consejo de la Judicatura.

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un Juez Natural ordenó este jueves,  suspender del cargo a Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, acusado de cometer los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias y prevaricato.

Teodro Bonilla, vice presidente del Consejo de la Judicatura.
Teodro Bonilla, vice presidente del Consejo de la Judicatura.

Las medidas incluyen, aparte de la suspensión de sus funciones, prohibición de salir del país arresto domiciliario y prohibición para comunicarse con otras personas implicadas en el caso Shalom, que data de 1994 y en el que había incidido para liberar a un grupo de personas implicadas en el tráfico de drogas, entre ellos un pariente suyo.

La sanción penal sería de 6 a 9 años; la audiencia inicial se fijó para el 9 de febrero próximo.

Bonilla es acusado entre otras cosas de haber influido para dejar en libertad a unos parientes suyos que estaban involucrados en la importación de vehículos de lujo que traían robados de los Estados Unidos y que eran vendido en Honduras.

El pasado 26 de octubre de 2015 El Fiscal General del Ministerio Publico (MP), Oscar Chinchilla, dijo que el requerimiento fiscal presentado en contra del vicepresidente de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Teodoro Bonilla, cuenta con los suficientes elementos de prueba para acusarlo de traficar con influencias en el desarrollo de sus funciones.

El pasado 26 de septiembre,  el Ministerio Público presentó en la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra el actual vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.

Al alto funcionario del Poder Judicial se le acusa por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, figuras delictivas contenidas en los artículos 349 y 369 del Código Penal vigente.

En este mismo requerimiento se acusa por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmis Elizabet López, y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias. La Fiscalía pidió en el escrito abrir antejuicio contra los tres funcionarios.

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