La falta de acuerdos podría traducirse en una prórroga del presupuesto vigente, lo que limitaría la capacidad del gobierno para ejecutar nuevos proyectos o ajustes en las asignaciones de recursos
Tegucigalpa, Honduras. -La aprobación del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2025 sigue siendo incierta ante la falta de consensos entre las bancadas del Congreso Nacional. Las diferencias entre los partidos políticos han generado un estancamiento en la discusión de la herramienta fiscal clave para el funcionamiento del Estado.
El presupuesto General para el año fiscal 2025 asciende a 430,907.8 millones de lempiras, representando un incremento del 5.8% con respecto al presupuesto aprobado para 2024.
Durante la sesión del martes 28 de enero de 2025, se inició la discusión en primer debate del Presupuesto General y la misma continuó el miércoles 29 de enero, pero hasta el momento la bancada oficialista y la oposición no han llegado a un acuerdo.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, declaró a medios de comunicación que su bancada no acompañará la aprobación del presupuesto debido a que el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) no ha tomado en cuenta sus sugerencias.
Esta postura ha sido replicada por diputados del Partido Liberal, quienes también han manifestado su rechazo si no se incorporan los cambios que han propuesto. Mientras que la bancada nacionalista ha dejado claro que no acompañará la aprobación del presupuesto.
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre las y los diputados es el incremento de casi 500 millones de lempiras en la partida presupuestaria de la Secretaría de Planificación Estratégica (SEP). La oposición considera que este aumento es injustificado y ha solicitado una redistribución de fondos hacia otras áreas prioritarias como salud y educación.
Mientras el Partido Libre, ha defendido el presupuesto presentado, argumentando que responde a las necesidades del país y que los incrementos presupuestarios en diversas áreas son necesarios para cumplir con el plan de gobierno. Sin embargo, la falta de diálogo y acuerdos con las fuerzas opositoras ha generado un punto muerto en las negociaciones.
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FALTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AFECTA OPERATIVIDAD DE INSTITUCIONES
La no aprobación del presupuesto ha generado una crisis en la operatividad de diversas instituciones, afectando directamente el cumplimiento de sus funciones. Uno de los organismos más perjudicados es el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que ha visto la suspensión de varios proyectos debido a la falta de fondos.
El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, manifestó que, la falta de fondos ha hecho que se suspendan los proyectos de la institución, ya que al no aprobarse el presupuesto todos los procesos han sufrido retrasos.
Morazán explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el TJE es la insuficiencia de personal. En años no electorales, el tribunal opera con un equipo reducido, pero en tiempos de elecciones necesita ampliar su plantilla para garantizar un proceso eficiente y transparente. Sin los recursos necesarios, la institución enfrenta serias dificultades para cumplir con su labor en la organización y fiscalización electoral.
Además de la capacitación y el expediente digital, otros programas esenciales han tenido que ser postergados. Morazán enfatizó que la modernización del sistema electoral depende de la disponibilidad de recursos, por lo que instó a los responsables de la asignación presupuestaria a tomar en cuenta la importancia del TJE en la democracia del país.
No es la primera vez que Honduras enfrenta retrasos en la aprobación del presupuesto. En 2023, el Congreso Nacional tardó 12 días de enero en discutir y aprobar el documento de política fiscal.
No obstante, la Constitución de la República, en su artículo 368, establece que, en caso de que el Congreso no apruebe el Presupuesto General, continuará vigente el correspondiente al período anterior. Esta disposición podría activarse por segundo año consecutivo, prolongando el uso de un presupuesto que no refleja las necesidades actuales del país.
La falta de aprobación del presupuesto podría generar importantes repercusiones para las finanzas públicas y los proyectos gubernamentales en 2025. Sin un nuevo presupuesto, los programas sociales, las inversiones en infraestructura y otros sectores clave quedarían sujetos a un marco financiero que no responde a las demandas actuales.
