Tegucigalpa, Honduras. –Desde la creación del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en 2019, este órgano ha funcionado sin un marco regulatorio, una deuda que dejó el Congreso Nacional anterior. Por ello la coordinadora residente de Naciones Unidas, Alice Shackelford, manifestó que la aprobación de la Ley Procesal Electoral “es crítica”.

La representante del organismo mundial señaló que antes de las elecciones del 28 de noviembre de 2021 se le solicitó al Poder Legislativo la aprobación de la ley. Del mismo modo, mencionó que Honduras esta a las puertas de un proceso electoral, por lo que es necesario que este tema sea discutido ante el pleno, respetando el procedimiento legislativo.

“Esta normativa es crítica para Honduras, lo llevamos comentando desde las elecciones de 2021 muchas veces hemos consultado ¿dónde está la Ley Procesal Electoral? Ahora se ha hecho un trabajo con las diferentes fuerzas políticas, es un momento para celebrar”, manifestó Shackelford.

Además, mencionó que se debe buscar los consensos para aprobar las reformas electorales y asegurar que los presupuestos para los órganos electorales estén a tiempo.

Agregó que “en las elecciones pasadas donde se tuvo que hacer la transacción hasta el último momento para que el Consejo Nacional Electoral (CNE), aun con los contratiempos se hizo un buen trabajo.

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ES UNA DEUDA DEL CONGRESO

Para el analista político, Luis León, la no aprobación de una Ley Procesal Electoral “es una de las grandes deudas que dejó el Congreso Nacional anterior”.

León cuestionó que se dejará al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pese a ello los magistrados realizaron un buen trabajo al crear un buen proyecto de ley. “Pero creo que es importante para consolidar la institución que la ley se apruebe”, sostuvo.

Precisó que con esta ley el TJE pueda ser el último ente con sentencia final, en delitos electorales, y que no quepa recursos para evitar el salto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como se hecho comúnmente en la Sala de lo Constitucional.

De igual manera, calificó como un avance a la democracia del país y ayudaría mucho a que la democracia tenga un marco regulatorio funcional.

Entre tanto la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, opinó que el Congreso Nacional debe aprobar todos los proyectos de ley que tienen que ver con reformas electorales y la Ley Procesal Electoral.

García Merino planteó que se debe fortalecer las instituciones electorales como la Unidad de Política Limpia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

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¿QUÉ CONTIENE EL PROYECTO DE LEY PROCESAL ELECTORAL?

La ley representa una herramienta valiosa para garantizar el desarrollo normal de las elecciones y que se ajusten a derecho, con lo que se pretende corregir posibles errores o infracciones a la normativa electoral.

El proyecto de ley procesal electoral nace como una necesidad de Honduras y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de contar con un estamento jurídico que proporcione la seguridad y certeza jurídica a todos los actores políticos. Además, esta normativa regirá el actuar de ese ente electoral.

Dicho reglamento contiene el procedimiento para el recurso de apelación en materia electoral que consta de 48 artículos y que ha sentado parámetros importantes que pueden ser acogidos en la Ley Procesal Electoral. Sin embargo, no es la primera vez que se presenta un proyecto como este, en 2019 también fue elaborado y presentado por el TJE ante el Congreso Nacional.

La finalidad de la normativa es regular todo lo relativo a la impartición de justicia en materia electoral. Asimismo, regular lo referente al Tribunal de Justicia Electoral, respecto de su integración, su funcionamiento independiente y su jurisdicción.

En ella también se enmarcan temas como delitos y faltas electorales, mismos que son los tipificados en el Código Penal vigente y serán juzgados por la justicia ordinaria y conforme a las reglas procesales penales respectivas en cumplimiento de la Constitución de la República.

De igual manera, habla de la remisión procesal, en cuanto fuere pertinente, y en todos los casos con observancia del Principio del Debido Proceso, las actuaciones contenciosas ante la Justicia Electoral se tramitarán conforme a las normas establecidas en La Ley Sobre Justicia Constitucional y el Código Procesal Civil en lo que fuese aplicable.