Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras fueron aplazados por incumplir con su obligación de publicar la información sobre las operaciones financieras y administrativas del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en el portal de transparencia, según una evaluación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IPP, cuya directiva la conforman los periodistas cabecillas del CPH, recibió una calificación de cero por ciento (0 %), en primera línea de un grupo de 11 instituciones aplazadas, en su mayoría alcaldías y un partido político, por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El IAIP evaluó en total a 194 instituciones obligadas.
El instituto de pensiones de los periodistas, ya en el año 2016, fue sancionado por el IAIP y multado con 8.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse a entregar información sobre sus finanzas, a lo que está obligado debido a que legalmente capta aportaciones del Estado.
El IPP obtuvo la peor calificación debido a que no colocó en el portal único de transparencia, creado por el IAIP para las instituciones obligadas, la información que debe ser difundida de oficio.
El IPP debe publicar en el sitio web del Portal Único de Transparencia, su estructura orgánica, sus funciones, las leyes y reglamentos que rigen su funcionamiento, estados financieros, auditorías y liquidaciones presupuestarias trimestrales por programas, los salarios de sus ejecutivos y empleados, pero en el lugar no se encuentra ninguno de estos documentos.
A excepción del instituto de los periodistas, todos los institutos de previsión social evaluados obtuvieron excelente calificación, entre ellos el Instituto de Previsión Militar que obtuvo 100 %
Estos resultados fueron presentados en un informe de verificación de los portales de transparencia efectuado por el IAIP, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2016. Esta es la primera vez que se evalúa el cumplimiento por parte del IPP, aunque en diciembre del 2015, el IAIP le exhortó a incorporarse en el Portal Único.
El Comisionado del IAIP, Damián Pineda, advirtió que instituciones como el IPP se exponen a multas, que sumarían entre 4.000 y 400.000 lempiras si en dos meses y medio no proceden a insertar la información que manda la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Portal Único de Transparencia.
Si en ese período no insertan la información que manda la Ley, los directivos del IPP, encabezados por Dagoberto Rodríguez, al igual que los funcionarios de otros organismos que fueron aplazados, serán llamados a una audiencia de descargo para determinar si tienen justificación para no cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Es humillante que una organización de periodistas que está obligada en su esencia por la profesión que ejercen sus miembros, sea aplazada por no ser transparente”, dijo el periodista Gustavo Palencia, quien en el 2015 presentó 12 peticiones de información sobre las finanzas del IPP, que no le fueron respondidas en tiempo y forma.
“Es todo un contrasentido porque los periodistas trabajamos procesando información para publicarla, y es más grave que los directivos gremiales se nieguen a cumplir con leyes que mandan a ser transparentes en la dirección de las instituciones”, agregó Palencia.
Los directivos del IPP intentaron en el año 2015, eludir la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, argumentando la existencia de una interpretación a su ley de creación, que exime al ente de la supervisión y auditoría de sus finanzas por parte de los organismos contralores del Estado.
Pero, finalmente, el IPP fue declarado institución obligada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al probarse que el ente capta legalmente transferencias estatales desde 1987 y que sumaron hasta 2013, un total de 53.2 millones de lempiras.
El IPP ha administrado más de 300 millones de lempiras, y es la única institución de previsión en Honduras que nunca ha sido auditada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a lo que sus directivos se niegan férreamente, aunque juran que el ente ha sido administrado con integridad.
