Lo paradójico es que, según los datos, durante los siete meses de 2024, la criminalidad organizada ha ido ganando terreno y poder en un país donde, supuestamente, se han implementado estrategias de seguridad más rigurosas para combatir de manera frontal la extorsión y delitos conexos como el tráfico de drogas, la portación ilegal de armas y la asociación para delinquir
Tegucigalpa, Honduras.- Entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2024, solo el 20% (o dos de cada 10) de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) por extorsión han resultado en condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este dato pone nuevamente de manifiesto las debilidades en investigación de la fiscalía e instituciones de seguridad.
Lo anterior se desprende de un cruce de datos basado en la información proporcionada por el Ministerio Público a Criterio.hn, a través de una solicitud de información, y en los datos publicados en el portal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), titulado “Impacto de la Extorsión en Honduras“.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general Johel Zelaya, impuesto gracias a estrategias políticas del oficialismo, hasta el 12 de julio de este año se habían recibido 117 denuncias, principalmente provenientes de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho.
Por su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa, en su portal “Impacto de la Extorsión en Honduras”, muestra que durante el mismo período solo 27 personas dedicadas a la extorsión han sido sentenciadas por el Poder Judicial. Esta cifra es inferior a la de años anteriores: 66 en 2023 y 105 en 2022.
De hecho, según el análisis a los datos de la Secretaría de Seguridad y otras instituciones que conforman el engranaje legal, llevado a cabo por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), actualmente 283,952 hogares son víctimas de extorsión en un país con el número de domicilios estimado en aproximadamente 2.5 millones.
Lo paradójico es que, según los datos, durante los siete meses de 2024, la criminalidad organizada ha ido ganando terreno y poder en un país donde, supuestamente, se han implementado estrategias de seguridad más rigurosas para combatir de manera frontal la extorsión y delitos conexos como el tráfico de drogas, la portación ilegal de armas y la asociación para delinquir.
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DATOS DESNUDAN LA FRAGILIDAD EN INVESTIGACIÓN
Para el criminólogo y expresidente del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla, estos datos evidencian nuevamente las falencias en la investigación que afectan a la Fiscalía y a las dependencias de la Policía Nacional, debido a que los informes presentados ante el Poder Judicial no están suficientemente sustentados con evidencias.
Además, cuestionó que, si los procesos de investigación de la Policía Nacional son tan deficientes, en qué se gasta el presupuesto asignado a la Dirección Policial de Investigación (DPI).
“Históricamente, la investigación policial no ha sido efectiva. Me llama la atención cuánto se ha asignado exclusivamente a la dependencia de investigación policial para este año, ya que el presupuesto total de la institución ha sido uno de los más elevados históricamente, pero no vemos resultados positivos. Solo observamos compras como que si Honduras estuviera en guerra”, mencionó en una conversación con este medio de comunicación.
Según el Portal de Transparencia, la Secretaría de Seguridad ha destinado 2,175,099,711.00 lempiras a los servicios de investigación delictiva dentro del presupuesto general de 11,651,738,277.00 lempiras para el ejercicio fiscal de 2024. Este monto equivale a aproximadamente el 18.66% del presupuesto total, con el objetivo de fortalecer la investigación.
Hasta mayo de 2024, se había ejecutado un total de 190,059,649.64 lempiras de los 2,175,099,711.00 lempiras asignados para la investigación policial. Esto representa el 9% del presupuesto destinado, sin que se precise si estos fondos se han dirigido específicamente a la Dirección Policial de Investigación.
Bobadilla señaló que las investigaciones de la Policía en casos criminales han carecido históricamente de una adecuada sustentación. Esto ha llevado a que muchos criminales queden en libertad dentro de las primeras 24 horas o incluso más, después de su aprehensión.
Según el expresidente del Congreso Nacional, “aunque la Policía Nacional tiene capacidad operativa, no cuenta con una capacidad investigativa efectiva; sus investigaciones no producen resultados sólidos. Más de 10,000 personas han sido asesinadas sin que se haya encontrado al culpable, y además, hay individuos en prisión debido a pruebas fabricadas por los propios policías”.
