Tegucigalpa.-La Campaña Nos Defendemos, impulsada por la organización no gubernamental Aci Participa, ofrece información general sobre la vulnerabilidad que implica la labor de las y los defensores de derechos humanos para educar a la población sobre la legitimidad del trabajo que realizan y, al mismo tiempo, plantea un panorama futurista y alentador para la nación hondureña en relación con los derechos humanos.
La campaña es impulsada por ACI Participa y financiada por PADF (Pan American Development Foundation)
El porqué de la campaña
La permanente crisis política-social en Honduras, consecuencia de la ruptura del orden constitucional con el Golpe de Estado en el año 2009, ha posesionado un escenario de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática e institucionalizada.
Pese a cuestionamientos y recomendaciones de organizaciones, organismos y países del primer mundo, el gobierno hondureño actual no ha mostrado voluntad sincera en el respeto y promoción a los derechos humanos, por el contrario existen fuertes reclamos y denuncias sobre la voluntad policía de los gobernantes en la protección de defensores de derechos humanos, aun y cuando la normativa nacional contempla de forma tácita una “Ley para la Protección de los Defensores de DDHH”.
Al respecto, el informe preliminar de la visita in loco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH a Honduras, en el mes de agosto del año 2018, se resume la situación de vulnerabilidad, específicamente para los y las personas que realizan defensa de derechos humanos: “La Comisión observa que defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a la que están expuestos”. “La CIDH constató que la mayoría de los casos de violencia, criminalización y difamación contra personas defensoras de derechos humanos está relacionada con la defensa del ambiente, la tierra o el territorio frente a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios”.
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Por su parte Informe situacional DD.HH. 2018, elaborado por La Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-PARTICIPA, resalta la “multiplicación de las violaciones de los derechos humanos después del fraude electoral (2017)… La baja tolerancia de quienes detentan el poder ante los justos reclamos de la población… El uso indiscriminado de la violencia y los gases lacrimógenos, incluso los disparos de balas mortales, por parte de la policía para dispersar cualquier manifestación de protesta popular sin importar su tamaño y su razón de ser”.
De igual manera el informe resalta la responsabilidad mediática en cuanto a los mensajes de fomento de odio, estigma y criminalización como estrategia contenedora e incluso incriminadora por parte de los gobernantes, “los grandes medios de comunicación corporativos que han tenido en los gobernantes corruptos sus mejores clientes, a cambio de defenderlos y justificar sus acciones, aunque éstas sean antidemocráticas y violadoras de los derechos humanos”.
Finalmente la impunidad y la negación de acceso a la justicia para los grupos “estereotipados” representa un mensaje claro, directo y sencillo de los encargados de administras e impartir justicia en Honduras, “Hay un Ministerio Publico muy diligente para emitir requerimientos fiscales contra estudiantes, contra defensoras y defensores del ambiente y de los bienes comunes; pero, no para los ladrones del Estado ni para los violadores de los derechos humanos”.
Bajo este contexto, resulta oportuno el trabajo articulado e integral para hacer contra peso a la violencia orgánica y estructural del gobierno hondureño. Es necesaria la elaboración e implementación de una estrategia de comunicación que trabaje específicamente en la construcción de una campaña comunicacional con dos ejes centrales: el respeto de los derechos humanos, fortalecimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a defender derechos de parte del Estado.
Para lograr estos resultados, esta campaña fortalecerá las capacidades y empoderamiento en sectores geográficos identificados previamente.
La campaña de comunicación tiene como prioridad la promoción del respeto al derecho a defender derechos, a la no criminalización por el trabajo de defensoría que realizan y por otra parte se diseñarán de manera puntual herramientas comunicacionales para visibilizar el trabajo que realizan las defensoras y defensores de DD.HH.
La campaña estará dirigida a la sociedad nacional en general, pero existirán mensajes directos de sensibilización para las autoridades estatales locales, regionales y nacionales.
