Tegucigalpa. – La organización Cristosal en Honduras realizó un llamado para garantizar la seguridad de la ciudadanía, a través del respeto de la Constitución de la República, los derechos humanos y el uso transparente de los fondos públicos.
En ese sentido a través del análisis «Estado de Excepción en Honduras», Cristosal reitera su compromiso de promover y asegurar la protección de la dignidad humana en el país, y garantizar procesos adecuados para el cumplimiento de los derechos humanos.
El estado de Honduras, a través de la presidenta Xiomara Castro, implementó un estado de excepción que entró en vigor el seis de diciembre de 2022, con el cual, la gobernante le declaró “la guerra a la extorsión”, esta medida se aplicó por medio del PCM 29-2022, mismo que un mes después se prorrogó con el PCM 01-2023.
A través de esta medida, se suspendieron derechos y garantías constitucionales, de acuerdo al decreto este estado de excepción se aplicó “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas, incurriendo y consumando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros, que reclama el pueblo como alarmante calamidad pública”.
Ante esta suspensión de garantías constitucionales, organismos y defensores de derechos humanos alzaron la voz en contra de este plan del gobierno.
AUMENTO EN ÍNDICE DE CRIMINALIDAD NO ES CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS Y DERECHOS
En el 2022 en Honduras se registró 3 mil 439 víctimas de homicidio, que representan una tasa de 35.83 homicidios por cada cien mil habitantes, datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).
Sin embargo, en el análisis realizado por Cristosal, se destacó que, ante el aumento en el índice de la criminalidad o la existencia de grupos ligados al crimen organizado, estas no son causales para que el Estado de Honduras tome medidas para suspender los derechos y garantías constitucionales.
No obstante, ante la aplicación de esta medida en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa, capital de Honduras y San pedro Sula, al norte del País, y que en enero se amplió a 73 municipios del territorio nacional, Cristosal enfatizó que la suspensión de derechos debe responder a una amenaza excepcional a sucesos que atenten contra la existencia misma del Estado y de la paz.
POLÍTICA DE SEGURIDAD INTEGRAL
En las recomendaciones de la organización para la defensa de los derechos humanos, destacó que es indispensable establecer controles institucionales de respeto a los derechos humanos, ante el estado de excepción instaurado.
De igual manera, Cristosal señaló que es necesario desarrollar un proceso de diálogo con participación ciudadana para la construcción de una política de seguridad ciudadana integral y respetuosa a los derechos humanos.
Además, se deben establecer medidas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en combate del crimen organizado; en ese sentido separar de sus cargos las personas que sean involucradas en actos de corrupción estatal.
