Tegucigalpa.- Tras el asesinato de al menos siete personas ligadas a la defensa de la tierra y el territorio en el Bajo Aguán en 2023, así como actos intimidatorios y desplazamiento de organizaciones campesinas, la Coalición Contra la Impunidad (CCI) asentó una Misión de Observación y Solidaridad en la zona.
El objetivo a través del establecimiento de esta misión de acompañamiento es identificar, denunciar y visibilizar la existencia de violaciones a los derechos humanos. Así como recopilar información que permita sistematizar la situación de las y los defensores para la realización de un informe, según establecieron durante una conferencia de prensa realizada este lunes en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras.
La integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas expresó que la situación en la región del Aguán está marcada por violencia y estigmatización provocadas por las empresas agroindustriales. Estás, aseguró, mantienen una estrategia de despojo de los territorios y contaminación del agua y ambiente, e incluso manipulación desde los medios de comunicación.
“Sabemos que hay toda una campaña, y que aquí en el Aguán nos están asesinando. Nos siguen asesinando desde hace más de 30 años y esa ha sido la estrategia de las grandes empresas agroindustriales, estrategias que las han ido acumulando y han tenido el apoyo de policías, militares y empresas de seguridad privada que funcionan a su servicio, en defensa de sus intereses”, comentó Banegas.
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Banegas remarcó como positiva la visita que realiza la misión a las comunidades, donde adelantó que escucharán testimonios de viudas, huérfanos, y otros familiares a quienes les han asesinado uno a uno a sus seres queridos.
Esly Banegas lamentó que el acuerdo firmado el año pasado entre las organizaciones campesinas del Bajo Aguán y el Estado de Honduras no se concrete. En cambio, apuntó, la falta de cumplimiento del mismo dio pie para incrementar la violencia, asesinatos y todo lo que evite que se concrete dicho convenio y resuelva la problemática que ha heredado pobreza, despojo y muerte, mientras “se sigue bañando de sangre este Valle del Aguán”.
La representante de la Coalición Contra la Impunidad e integrante del Centro de Derechos de Mujeres, Gilda Rivera, manifestó que durante la visita de dos días estarán reuniéndose tanto con las comunidades afectadas como la institucionalidad formal y mujeres defensoras en la zona.
“Nuestro objetivo fundamental de esta misión es acompañar, solidarizarnos y apoyar la lucha de resistencia, de defensa de su derecho a la tierra, a vivir sin violencia, de las comunidades del Bajo Aguán que están siendo agredidas, criminalizadas con procesos judiciales y asesinadas”, comunicó Rivera.
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Entre las comunidades a visitar se encuentran Tranvío, Panamá y Los Laureles, con las cuales ya han sostenido conversaciones. En cuanto a las instituciones estatales con las que se reunirán están la Policía Nacional apostada en los municipios de Tocoa y Trujillo, la Cámara de Comercio de Tocoa, la Oficina regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre otras.
“Nosotras presentamos un posicionamiento en la conferencia de prensa en el que se expresa y se recoge el asesinato de siete defensores de derechos humanos solo en este año, ni siquiera terminamos el mes de marzo y ya hay siete defensores asesinados, y sus crímenes en total impunidad, como ha sucedido en los crímenes anteriores”, apuntó Rivera.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes: Ada Díaz y Raúl Ramírez en representación de la Plataforma Agraria; Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres y Wilmer Vásquez de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), ambos representando a la Coalición Contra la Impunidad; y Esly Banegas, coordinadora de la COPA.
CRÍMENES Y DESPLAZAMIENTO EN EL BAJO AGUÁN
En los primeros tres meses de 2023 fueron asesinadas siete personas ligadas a la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, entre defensores y familiares cercanos a estos.
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El 7 de enero fueron asesinados Aly Domínguez y Jairo Bonilla, ambos defensores de Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras. Domínguez era hermano del también defensor Reynaldo Domínguez. Ambos hermanos eran parte de las 32 personas que fueron criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding, que es presidido por el empresario Lenir Pérez.
El 18 de enero fue asesinado el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé, junto a su suegro Andy Martínez Murillo. El crimen fue cometido pese a que se había alertado al Estado sobre el riesgo que corrían los liderazgos de la dirigencia campesina del Aguán y mientras Cruz Tomé era beneficiario de medidas de protección a través del mecanismo interno del Sistema Nacional de Protección de Defensores.
El 12 de febrero fueron asesinados el dirigente y miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, Santos Hipolito Rivas, junto a su hijo adolescente de 15 años, Javier Rivas.
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El 4 de marzo fueron desplazadas las familias de la Empresa Asociativa Campesina Auxiliadora por la “vigilancia” del exdiputado por el Partido Nacional en el departamento de Colón, Óscar Nájera, en la comunidad de Cuacú Brisas del Mar en el municipio de Santa Rosa de Aguán, Colón.
El 25 de marzo fue asesinado Emerson Martínez, a una cuadra de su casa en la colonia Los Laureles en Tocoa, Colón. Martínez era hijastro de Abraham León, vocero y representante de la Cooperativa Los Laureles. La misma organización campesina que presidia Omar Cruz Tomé al momento de su asesinato. Abraham León, al igual que Cruz Tomé, cuenta con medidas de protección a través del mecanismo interno del Sistema Nacional de Protección de Defensores.
