Tegucigalpa.-El gobierno de Guatemala aceptó este viernes convertirse en tercer país seguro tras firmar un acuerdo con Estados Unidos, pocos días después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles al país centroamericano si no aceptaba más solicitantes de asilo.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirmó la tarde de este viernes que su país y Washington negociaban acuerdos en temáticas tan distintas como el combate al crimen organizado, la migración irregular o las visas de trabajo temporal, aunque evitó mencionar la posibilidad de convertir a la nación en un tercer país seguro. Una categoría según la cual los refugiados que quieran solicitar refugio o asilo en Estados Unidos y han pasado por Guatemala deberán hacerlo en este último país.
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Morales admitió que «siguen las negociaciones» para tener las «mejores condiciones de los acuerdos que se firmen» y agregó que estos están relacionados con «temas de seguridad», otro vinculado a la «solidaridad internacional para los migrantes» y otro para el otorgamiento de visas para trabajadores temporales de agricultura que espera que se extienda a otros sectores como el turismo o la construcción.
Trump, por su parte, aseguró durante una ceremonia de la firma en la Casa Blanca que el acuerdo permitiría un acceso más fácil a granjas y ranchos de Estados Unidos a los trabajadores agrícolas. «Hemos trabajado con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la forma correcta y va a ser muy bueno para ellos y para Estados Unidos. Este acuerdo pondrá a los coyotes y traficantes [de personas] fuera del negocio. Son malas personas que hacen mucho dinero con la miseria de la gente. El acuerdo va a proveer seguridad a quien busca asilo legítimo y va a detener el fraude y los abusos», dijo el presidente estadounidense. En sus últimas negociaciones con México sobre migración, el Gobierno estadounidense trató de que el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador aceptase convertirse en tercer país seguro, pero no consiguió su propósito. Con Guatemala sí lo ha lo grado.
En el país centroamericano, la firma del acuerdo provocó reacciones adversas basadas, fundamentalmente, en el secretismo que envolvió las negociaciones. Un exministro de Exteriores, Edgar Gutiérrez, crítico desde un inicio con un acuerdo que el país centroamericano no tiene ni mucho menos fácil cumplir, dijo a EL PAÍS que el firmado hoy constituye una violación a las disposiciones del Constitucional. “En primer lugar, el 99,9% de los guatemaltecos desconocemos qué se firmó. Se ha negociado como si se tratara de un secreto de Estado, cuando no lo es. Ignoramos a qué nos comprometió el presidente Morales”, comentó. Añade que, con la firma, el Gobierno incurre en una violación grave del mandato de la corte, lo que hace trizas lo poco que nos queda de institucionalidad en el país.
Gutiérrez agrega que en derecho el Constitucional debería iniciar acciones legales contra Morales y el ministro del Interior, Enrique Degenhart, signatario del instrumento, “por desacato, porque desobedecen las leyes”. Comenta que el Congreso es otra entidad agraviada, porque se les quita una facultad que la Constitución le otorga: “aprobar, antes de que se firme, un convenio de esta naturaleza, por dos razones. Porque modifica el Código Migratorio y porque daña la integridad de la nación”.
Por su parte, el excandidato presidencial Manfredo Marroquín, criticó desde Washington la forma en la que la Administración de Morales ha manejado la firma del tratado. “Es el cinismo como política de Estado. El sello de Jimmy Morales. Todo el tiempo negó categóricamente que se fuera a firmar un convenio de esta naturaleza, para, al final, hacerlo efectivo”, ha asegurado vía telefónica. “Su legado de desastre como presidente trasciende a su mandato. Nos deja comprometidos de por vida”, ha añadido. En relación a los costos que esta decisión tendrá para el país, Marroquín apunta que habrá que atender a miles de refugiados, en un país incapaz de garantizar mínimos de bienestar para sus habitantes. “Tendremos que lidiar con miles de hondureños y salvadoreños —más de 100.000 por año— que solicitan asilo en Estados Unidos y serán trasladados a Guatemala».
El excandidato, no obstante, conserva alguna esperanza en que la situación pueda revertirse. “El tratado estará sujeto a acciones legales en ambos países. En Estados Unidos, un juez federal fue claro al expresar que Guatemala no llena las condiciones para considerarse un país seguro. Aparte, la decisión también será sometida a acciones legales en Guatemala”.
El abogado constitucionalista y exministro de Exteriores Gabriel Orellana Rojas recuerda que la política exterior del país es una competencia del mandatario, pero que ello no implica que los tratados adquieran fuerza de ley y se incorporen al ordenamiento jurídico guatemalteco. “Para ello”, subraya, “es necesario que se cumpla con otro requisito: su aprobación por el Congreso de la República”. Además, añade, con preocupación, que los guatemaltecos desconocen qué se firmó. “No sabemos si lo que se firmó es válido o no”, apostilla.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, subrayó, por su parte, que Guatemala no es un país seguro ni para quienes piden asilo ni para sus propios habitantes. «Este acuerdo es contrario a la sentencia constitucional que impide al presidente firmar un acuerdo como este con Donald Trump, el cual violenta los derechos humanos de quienes buscan asilo», escribió.
