Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Frente a las irregularidades alrededor de la compra de los hospitales móviles que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), compró a una empresa de maletín radicada en Estados Unidos, el gobierno hondureño ha amagado en las últimas horas en nombrar una junta interventora encargada de auditar la adquisición millonaria de las unidades hospitalarias.
La coordinadora del Gobierno, Martha Doblado, comunicó en los últimos días sobre la posibilidad de que el gobernante hondureño, Juan Hernández, autorice el nombramiento de una comisión interventora en Invest-H.
Según la funcionaria, como una salida para fortalecer la transparencia en esa entidad estatal, en donde precisamente un reciente informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), detectó que el valor original de los siete hospitales adquiridos, fue de 14 millones de dólares y no los 47 millones que las autoridades dijeron haber pagado por ellos.
Sin embargo, analistas en materia económica consultados por Criterio.hn temen que la intención de revivir la modalidad de las juntas interventoras, represente en un futuro cercano una estrategia para ocultar información valiosa a la ciudadanía, que pueda aportar evidencia irrefutable para conocer a profundidad la dimensión de la corrupción en Invest-H.
El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, advierte que una comisión interventora para tratar la compra de los hospitales móviles supone la consolidación de una media burocrática que obstruiría un avance en las investigaciones sobre el caso.
Por lo que, “una junta interventora en los hospitales móviles, lo que está mandando es una señal clara de que hay un mal procedimiento”, explica.
Además, “una interventora lo que está mandando es la señal de que hay un mal procedimiento”, añade.
Por su parte, el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Hugo Noé Pino, percibe que el alcance de una posible interventora “no es superar el funcionamiento de las instituciones, sino tapar algunas irregularidades que se han hecho”.
“Y esa comisión que se plantea para Invest-H me parece que sigue esa tendencia”, acota.
“Más que revelar irregularidades, lo que van a ir a hacer es a esconder las irregularidades que han sido denunciadas por diferentes instancias”, coincide.
Por otro lado, este especialista refiere que abordar con una intervención Invest-H, solo denota el sin sentido de las instituciones responsables en la investigación.
“El nombramiento de una junta interventora denota que los mecanismos de supervisión que la administración pública tiene, no funcionan y, por lo tanto, se tiene que recurrir a comisiones interventoras”, apunta.
En la administración de Hernández, las juntas interventoras han sido un modelo burocrático para asumir la gestión de las crisis en las diversas instituciones señaladas por corrupción e ineficiencia.
No obstante, la realidad muestra que ese procedimiento gubernamental ha dado un resultado insatisfactorio.
Por ejemplo, la intervención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuya comisión interventora, no ha podido recuperar esa entidad de las consecuencias causadas por el descalabro de corrupción ocasionado por su exdirector, Mario Zelaya.
