Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. En relación al fallo emitido por la Corte de Apelaciones que imposibilitó a los ambientalistas defensores del agua de la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, Colón, Amnistía Internacional se pronunció frente al caso haciendo un llamado a la justicia hondureña a facilitar a los activistas del medio ambiente su defensa en libertad.
Amnistía Internacional demandó a las autoridades hondureñas, y directamente al Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, tomar acciones urgentes a fin de garantizar el respeto en los derechos de los ambientalistas.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que liberan a los defensores y les permitan enfrentar juicio en libertad”, requirió Amnistía Internacional en una nota que difundió tras la decisión de la Corte de Apelaciones.
Además “estos defensores no deben de ser recluidos en prisiones masificadas y con acceso limitado a la higiene y el saneamiento. La detención en espera de juicio durante el brote de COVID-19, con más de 1.000 casos confirmados en las prisiones, sólo servirá para que su vida y su salud corran más peligro de manera incensaría”, añadió.
El organismo internacional también solicitó al Ministerio Público “tomar medidas para que los 13 defensores puedan ejercer su defensa en libertad, para garantizar su derecho a un juicio justo”.
El pasado 13 de agosto, una Corte de Apelaciones anuló una desestimación presentada por los abogados de los defensores de los defensores detenidos que forman parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
La solicitud de la defensa apeló a declarar ilegal la aplicación de la prisión preventiva contra ocho de los defensores que actualmente guardan prisión desde el pasado 1 de septiembre cuando la jueza Lisseth Vallecillo ordenó prisión preventiva bajo los cargos de incendio agravado y privación injusta de libertad.
Asimismo, la petición de la defensa apeló a desestimar la prisión preventiva contra otros cinco defensores que también están siendo acusados, según denuncian, por oponerse a las operaciones que ejecuta la empresa minera Inversiones los Pinares que suponen una seria amenaza contra la conservación del río Guapinol sobre el cual convergen varias comunidades.
