Ambigüedad legal envuelve elección interina de Johel Zelaya y Mario Morazán en el Ministerio Público

Oficialismo del Congreso Nacional se ampara en numeral 11 del artículo 208 de la Constitución que establece actuación de Comisión Permanente en elección de autoridades electas por el Congreso cuando haya ausencia absoluta, pero el Ministerio Público se mantiene bajo la égida de Daniel Sibrian, desde el 1 de septiembre, al no haber consensos para la elección, al amparo del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Tegucigalpa, Honduras. – Enmedio de la crisis que padece el Congreso Nacional, los abogados Johel Antonio Zelaya y Mario Alexis Morazán fueron impuestos por la Comisión Permanente, integrada por nueve diputados oficialistas, como las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) de manera interina. 

Johel Zelaya, que fue electo como fiscal general y Mario Morazán, fiscal adjunto, respectivamente, quienes estarán de manera interina en los cargos del ente investigador, hasta que se concrete el proceso de elección con el voto favorable de la mayoría calificada de diputados, es decir, 86. 

Fue el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el que propuso a los abogados, afines al oficialismo, en una moción nominativa, la cual fue votada y apoyada por los nueve diputados propietarios que integran la Comisión Permanente nombrada la noche del martes 31 de octubre.

Luego de un breve receso pedido por Luis Redondo, se consumó una de las acciones que ha desencadenado disturbios en los predios del Congreso Nacional y la fiscalía. Los abogados Johel Zelaya, y Mario Morazán, fueron juramentados como las nuevas autoridades interinas del ente investigador. 

Tras la juramentación, Redondo nombró una Comisión integrada por los diputados oficialistas Silvia Ayala, Jari Dixon Herrera, Ramón Barrios y Angélica Smith, para acompañar a Johel Zelaya y Mario Morazán en el proceso de transición que iniciará desde este miércoles, uno de noviembre, en el Ministerio Público. 

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ARGUMENTO Y ESTRATEGIA PARA COLOCAR FISCALES A LA MEDIDA

El presidente Luis Redondo, que es diputado perteneciente a la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), pero inclinado a las directrices del oficialismo, justificó que la estrategia de colocar de manera interina a estos abogados, es con base a lo que manda el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la república. 

Dicho número estampado en el artículo constitucional, establece literalmente que se puede elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados, por medio de procesos de elección, por el Congreso Nacional.

Sin embargo, en este caso no se pueda sustentar una ausencia absoluta porque el Ministerio Público está bajo la égida de Daniel Sibrián, electo en 2018 como fiscal general adjunto, luego que el fiscal general Óscar Chinchilla dejará el cargo para asumir una magistratura en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Sibrián había quedado a la cabeza en el Ministerio Público amparado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que “los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

Este artículo fue respaldado, en 2017, por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ratificó el mandato que tienen los funcionarios que son electos en procesos de elección en el Congreso Nacional.

“Recordemos que la constitucionalidad de un artículo, ya sea ley secundaria o constitucional, la otorga la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no un diputado por interpretaciones antojadizas”, mencionó el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales.

Agregó que “desde el punto de vista jurídico, me parece una nulidad absoluta. Estas determinaciones no aplican porque el Ministerio Público no está acéfalo. El nombramiento de la Comisión (Permanente)y juramentación (fiscales interinos) tienen varios vicios de nulidad”.

Canales recordó que en el 2017 la Sala de lo Constitucional de la CSJ falló a favor del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque un grupo de abogados, entre ellos el diputado de Libre Jari Dixon Herrera, llegó hasta la CSJ a presentar un recurso de inconstitucionalidad al referido decreto, porque chocaba con el artículo 233 de la Constitución de la República, mismo que determina el periodo de las autoridades del Ministerio Público que son cinco años.

ESTRATEGIA DE AGOTAMIENTO

Para llegar a esta etapa el oficialismo construyó una estrategia orientada a paralizar el Congreso Nacional por 61 días, bajo el argumento que volverían a sesionar hasta que tuvieran acuerdos entre las bancadas y, de esa manera, esperar que terminara la segunda legislatura, que fue el pasado 31 de octubre de 2023.

Con el primer objetivo concretado y un Congreso dividido, la noche del 31 de octubre, la Junta Directiva se reunió y nombró una Comisión Permanente integrada por nueve diputados bajo la presidencia de Luis Redondo. Esta comisión quedó integrada por las diputadas del PSH, Fátima Mena e Iroshka Elvir, como suplentes, justamente en el momento en que ambas legisladoras participaban en una auto convocatoria realizada por la oposición para extender el periodo de sesiones ordinarias.

La primera reunión de la Comisión Permanente fue la tarde de este miércoles uno de noviembre, en la que nombraron a las nuevas autoridades interinas del MP.

El analista político Luis León, sostuvo en medios de comunicación que la Comisión Permanente elegida por algunos miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, tenía que ser nombrada al cerrar el periodo de sesiones ordinarias en el Poder Ejecutivo. Por lo que cae en un vicio de nulidad porque tenía que ser instalada después de las 11:59 de la noche del 31 de octubre.

León cuestiona que el oficialismo haya nombrado a la Comisión Permanente justamente en el momento en que la oposición aprobaba con 74 votos la ampliación del periodo ordinario, lo que pondría en jaque “la acción de la Comisión Permanente».

Adicional a lo señalado por León, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 26, establece que la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los tres días siguientes, después de haber concluido el periodo de sesiones ordinarias, contrario a lo que está pasando con el grupo oficialista encabezado por Redondo.

DANIEL SIBRIÁN PROPONE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE LUIS REDONDO

Una de las reacciones que provocó el nombramiento de los fiscales interinos, fue que el fiscal general adjunto Daniel Sibrián, quien es el encargado de llevar las riendas del Ministerio Público de manera momentánea, emitiera un comunicado pidiendo que se le aplique un juicio político a Luis Redondo por atentar contra la Constitución de la República.

“Siendo que se alega una supuesta ´falta absoluta´ de autoridad en nuestra institución, comunicada por el presidente del Congreso Nacional de la República (…) comunicamos que con tal proceder se atenta contra la Constitución siendo pertinente considerar lo que manda la Ley de Juicio Político”, dice parte del comunicado del MP.

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Ante el ambiente de incertidumbre, zozobra y caos que mantiene la ineficiencia de las autoridades legislativas, el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajadora en Tegucigalpa, Laura Dogu y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols pidieron a las bancadas políticas llegar a consensos para concretar el proceso de elección de la fiscalía.

Mientras que la Unión Europea junto a la Embajada de España, Francia y Alemania, externaron su preocupación por los actos de violencia que se desataron, desde la noche del martes 31 de octubre, y continuaron este día en las instalaciones del Ministerio Público.