Fotos: Horacio Lorca/criterio.hn
Tegucigalpa. – Despojos, desalojos, exclusión, violencia, desigualdades, criminalización, encarcelamientos e incluso la muerte es lo que han tenido que enfrentar los campesinos y campesinas de Honduras, que además sufren las inclemencias del cambio climático, situación que arrecia por vivir en condiciones de pobreza.
“Nosotros somos bastante criminalizados, sentimos que es un mensaje de odio de parte de los terratenientes, de los empresarios de este país, que miran al campesino y a la campesina como los enemigos del supuesto desarrollo que no llega a las comunidades campesinas”, denunció Wendy Cruz, coordinadora técnica de la Vía Campesina.
La mayoría de los conflictos se generan en el Bajo Aguan, en marzo re registró el desplazamiento de familias de la Empresa Asociativa Campesina Auxiliadora por un “grupo armado irregular”, al servicio del exdiputado por el Partido Nacional, Óscar Nájera, en la comunidad de Cuacú, Brisas del Mar en el municipio de Santa Rosa de Aguán, Colón, zona norte de Honduras, hecho que denunció La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Entre 2010 y 2021, 165 personas defensoras de la tierra y territorio fueron asesinadas y el 96% de estos casos están en total impunidad. De igual forma, 2,470 personas defensoras de la tierra y territorio han sido procesadas, 559 son mujeres, y 1911 son hombres, concentrándose en los departamentos de La Paz, Cortes, Choluteca, Valle, Colon, Yoro, Francisco Morazán, Santa Barbara, Comayagua y Atlántida.
Ante estos lamentables hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al Estado de Honduras a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de liderazgos indígenas y afrohondureños defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
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“NO SOMOS INVASORES”
La CIDH recomendó fortalecer los mecanismos de reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales como una alternativa para combatir las causas estructurales que han permitido que la violencia contra los grupos vulnerables permanezca.
Sin embargo, se ha hecho costumbre ver a través de los medios de comunicación los desalojos violentos de los campesinos, que son criminalizados por las autoridades.
En ese sentido, Yasmín López, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), expreso a Criterio.hn, “exigimos que cese la campaña de parte de los empresarios, de la empresa privada y la empresa internacional”.
La criminalización va más allá de las autoridades judiciales y policiales, ya que a través de los medios de comunicación el discurso prolifera, deslegitimando la lucha campesina al ser llamados “invasores”.
“No somos campesinos roba tierra, no somos invasores”, expresó enérgicamente Yasmín López. Al tiempo que explicó “somos los productores, somos los que le damos de comer a este país”.
Pese a la fuerte criminalización que han vivido los campesinos por más de 60 años, que ha sido evidenciada, con las concesiones, despojos y leyes que benefician a los grandes empresarios, Franklin Almendares, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y miembro de la vía campesina, consideró que el cambio de esta situación depende de la voluntad de gobierno.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), menciona en su informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras 2022” que la aplicación del Decreto 93-2021, que habilita la práctica de desalojos preventivos e inmediatos sin control jurisdiccional, ha agravado la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.
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CRIMINALIZACIÓN EMPUJA A CAMPESINOS A MIGRAR
La OACNUDH, además, reconoce la existencia de conflictos sociales y ambientales relacionados con la tierra y el territorio y menciona que, junto con los conflictos agrarios, tienen un fuerte impacto negativo en los derechos humanos y la seguridad, desestabilizan el país, y contribuyen directamente a la violencia, el desplazamiento y la migración.
La conflictividad, de acuerdo con Wendy Cruz, coordinadora técnica de la Vía Campesina, parte de legalización de tierras. “El 80% de las tierras están con inseguridad jurídica”, denunció Cruz.
Quien, además, lamentó en entrevista con Criterio.hn, “hoy por hoy la gente está emigrando, se está yendo del campo porque hay mucha criminalización en los territorios y sobre todo tenemos mucha pobreza”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 73.6% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 53.7% en pobreza extrema.
Las organizaciones campesinas, ante las demandas de acceso y legalización de tierras y el desarrollo de una política integral que les permita acceso al crédito para los campesinos y la mujer campesina, programas de agricultura familiar y la reactivación del agro, toman como referencia lo dictado en los artículos 345 y 346 de la Constitución de la República.
En ese sentido, la Constitución de la República de Honduras manda al gobierno a desarrollar políticas económicas y sociales en torno a la Reforma Agraria, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción, y además señala que es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país.
