Organizaciones advierten que la prórroga indefinida del estado de excepción erosiona garantías democráticas y podría restar legitimindad a los comicios de noviembre
Tegucigalpa, Honduras. – A tres meses de las elecciones generales en Honduras, más de 60 organizaciones piden a la presidenta Xiomara Castro suspender el estado de excepción advirtiendo que la realización de los comicios bajo dichas condiciones plantearía dudas sobre el proceso.
Aglutinadas en la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) y la Coalición contra la Impunidad (CCI), las organizaciones plantean que realizar elecciones bajo un estado de excepción generaría desconfianza e incluso la posible deslegitimización de los resultados, ante la ausencia de garantías reales de participación e igualdad de condiciones.
Sustentan la aseveración en casos de violación a los derechos humanos documentados durante el estado de excepción por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
En mayo de este año, el Conadeh presentó un registró de más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, que incluyen desde detenciones arbitrarias, incriminación sin motivos comprobables o medios de prueba apartentemente falsos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robo o perdidad de objetos, destrucción de propiedad privada y hasta violencia sexual.
Un año antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación por la adopción de un regimen de estado de excepción que ha sido prolongado en el tiempo, y que derivó en el ejercicio de de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
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Desde la OACNUDH, en su pronunciamiento del 15 de mayo, apuntan que una respuesta excepcional a un contexto de inseguridad, después de más de 900 días, “se ha convertido en una nueva normalidad, perdiendo su carácter extraordinario”.
En su carta dirigida a la presidenta Castro, la Mesa de Seguimiento y la CCI, advierten que la presencia militar en estados de excepción puede generar temor en la población, por lo que, según el derecho internacional, la seguridad ciudadana debe recaer en cuerpos policiales civiles, mientras que la intervención militar debe ser excepcional, temporal, justificada y sujeta a protocolos extrictos de uso de la fuerza.
Previenen, también, que la vigencia de un estado de excepción puede dificultar la labor de las personas que integren las misiones nacionales de observación electoral al restringir su movilidad a ciertas regiones y en ciertos horarios, afectanco la transparencia de debe caracterizar un proceso electoral democrático.
En febrero de este año, Criterio.hn publicó el artículo “Estado de excepción: ilegalidad avalada por el congreso”, en el que se abordó cómo la medida ha sido prorrogada de forma ininterrumpida, sin que el Congreso Nacional la ratifique, cayendo en ilegalidad.
En este entonces, 18 decretos ejecutivos fueron emitidos por el Poder Ejecutivo y únicamente ocho fueron ratificados por el Congreso Nacional y apenas tres publicados dentro del plazo correspondiente. Esto pese a que el artículo 187 de la Constitución de la República establece que toda suspensión de garantías debe ser ratificada por el Poder Legislativo en un plazo máximo de 30 días y publicado en el diario oficial La Gaceta.
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