Entre los alcaldes sancionados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) figuran Guillermo René Osorto, exalcalde de Orocuina, Choluteca; Óscar Arnulfo Ayala, alcalde de Jutiapa, Atlántida; y Abel Solórzano Solano, alcalde de Humuya, Comayagua.
En lo que va del 2025, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha emitido 328 recursos de revisión; 67 expedientes sancionatorios; 18 recursos, entre otros.
Tegucigalpa, Honduras. –Entre enero y julio de 2025, el pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió un total de 405 resoluciones, en su mayoría relacionadas con recursos de revisión interpuestos contra instituciones y poderes del Estado que presuntamente denegaron información solicitada por las y los hondureños.
Criterio.hn encontró que, durante ese período, las estadísticas reflejan que se emitieron 328 recursos de revisión, 67 expedientes sancionatorios, 18 recursos de reposición, cinco servicios varios, cuatro solicitudes de depuración documental, dos solicitudes de clasificación de información como reservada, un expediente de nulidad, tres concursos internos, un concurso oficial, cuatro denuncias, un manifestación y cuatro audiencias de conciliación.
Entre las infracciones más comunes se encuentran la omisión en la publicación de información en los portales de transparencia, la negativa a entregar información solicitada por las y los ciudadanos y el incumplimiento de los plazos establecidos para responder a estas solicitudes. Estas violaciones a la ley impiden que los hondureños tengan acceso a información pública.
Los artículos 13 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obliga a todas las instituciones del sector público a proporcionar y actualizar regularmente datos relevantes sobre su gestión y actividades en el portal de datos abiertos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Esta misma normativa impone sanciones a las instituciones obligadas que incumplan con la normativa. Los artículos del 26 al 29 señalan los procedimientos y motivos de sanciones que serán impuestas a las instituciones.
Estas sanciones pueden variar desde una amonestación por escrito hasta la imposición de multas que oscilan entre medio salario y 50 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser entregados dichos valores a la Tesorería General de la República.
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JUNIO, EL MES CON MAYOR NÚMERO DE RESOLUCIONES
De acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), junio fue el mes con mayor número de resoluciones, con un total de 88, mientras que marzo registró únicamente 16.
El año inició con 66 resoluciones en enero, la mayoría ligadas a 59 recursos de revisión. Además, se resolvieron tres expedientes sancionatorios, dos recursos de reposición y un caso en servicios varios.
El pleno también conoció en enero una solicitud de clasificación de información presentada por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), que fue declarada sin lugar al no cumplir los requisitos legales.
Febrero registró 77 resoluciones, con un volumen considerable de 60 recursos de revisión. Uno de estos fue un recurso extraordinario que finalmente fue declarado sin lugar.
Ese mes también se resolvió un expediente sancionatorio contra el exalcalde de Guayape, Olancho, Melvin Rodríguez Flores, por incumplir en la actualización del portal de transparencia municipal.
Mientras que, en marzo, el pleno emitió únicamente 16 resoluciones, la mayoría de carácter administrativo. Se resolvieron cinco recursos de revisión, tres recursos de reposición y tres casos clasificados como servicios varios.
Además, se resolvió una solicitud de clasificación presentada por la Secretaría de Seguridad, que fue rechazada por no cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En abril el pleno de comisionados del IAIP conoció 80 expedientes, resolviendo 56 recursos de revisión, 17 sanciones contra alcaldes y exalcaldes, dos recursos de reposición y dos denuncias.
Además, se emitió una manifestación y se declaró con lugar una solicitud de depuración documental presentada por el comisionado presidente de INPREMA, Héctor Díaz Romero, en contra del propio IAIP por la falta de entrega de información solicitada.
Para mayo se emitieron 77 resoluciones, de las cuales 57 correspondieron a recursos de revisión. También, se dictaron 16 expedientes sancionatorios, dos recursos de reposición y dos concursos internos. Este mes evidenció un patrón sostenido en el alto número de recursos interpuestos por los ciudadanos.
Durante junio de 2025 se registraron 81 resoluciones sometidas ante el pleno, derivadas de 88 expedientes analizados. De ellos, 62 fueron recursos de revisión contra instituciones que no entregaron información pública y 18 correspondieron a expedientes sancionatorios, en su mayoría contra alcaldes y exalcaldes por incumplir la actualización de los portales de transparencia.
En ese mismo mes, también se resolvió un recurso de reposición, tres solicitudes varias, una depuración documental y tres audiencias de conciliación, lo que muestra un leve incremento en el uso de esta figura para resolver conflictos en materia de acceso a la información.
Mientras que julio de 2025 cerró con 51 resoluciones. De estas, 33 fueron recursos de revisión y 12 expedientes sancionatorios, todos contra alcaldes y exalcaldes por incumplir sus obligaciones en los portales de transparencia.
El resto se distribuyó entre una audiencia de conciliación, dos denuncias, un expediente de servicios varios y una depuración documental.
Las resoluciones del IAIP evidencian que los recursos de revisión son la herramienta más utilizada por las y los ciudadanos para exigir la entrega de información pública. De estas un gran porcentaje han sido declaradas con lugar, otras han sido desestimadas y en menor cantidad Con Lugar Parcialmente.
El segundo grupo de mayor peso son los expedientes sancionatorios, con 67 resoluciones. La mayoría se dirigieron contra alcaldes y exalcaldes que incumplieron sus obligaciones de actualizar la información en los portales de transparencia, una falta recurrente desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia.
Los recursos de reposición sumaron 18 en este período, mientras que otros procesos, como denuncias, conciliaciones y concursos, tuvieron menor frecuencia, aunque muestran la diversidad de competencias del IAIP.
La emisión de resoluciones sobre solicitudes de depuración documental, aunque reducida, destaca por su impacto institucional. Estas determinaciones permiten ordenar la eliminación o conservación de documentos oficiales bajo parámetros legales, lo que incide en la memoria administrativa del Estado.
Los datos analizados por este medio digital indican que la falta de actualización en los portales de transparencia –por parte de las corporaciones municipales, secretarías, direcciones y poderes del Estado— sigue siendo el talón de Aquiles en la lucha por el acceso a información pública.
Las resoluciones emitidas por el pleno de comisionados del IAIP entre enero y julio de 2025, muestran tanto los esfuerzos de la ciudadanía por exigir información como las debilidades, persistentes, de las instituciones públicas en cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
