La polémica promesa de revocatoria del fiscal general surge en medio del escándalo de corrupción que salpica al entorno cercano del alcalde sampedrano.
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de las investigaciones por el presunto desvío de 45 millones de lempiras de los fondos municipales de la Alcaldía de San Pedro Sula y la reciente alerta de Interpol contra su yerno, Steve Fajardo, el alcalde Roberto Contreras volvió a colocar su discurso en el terreno político al asegurar que, si el Partido Liberal gana las próximas elecciones, someterán al Congreso Nacional la revocatoria del nombramiento del fiscal general Johel Zelaya.
“Cuando ganemos el Partido Liberal, lo que si vamos a anticipar es que vamos a entrar por lo menos 160 alcaldes del Partido Liberal y una vez que se establezca el congreso vamos a pedir la revocatoria del nombramiento del fiscal general para que sea el partido liberal que ponga un fiscal que imparta justicia de una manera imparcial” aseguró Roberto Contreras.
Sin embargo, la afirmación de Contreras suscita dudas jurídicas y políticas, ya que la revocatoria del fiscal general no depende de la decisión unilateral de un partido ni de un gobierno municipal, sino del Congreso Nacional, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La abogada Reyna Rivera consideró que las declaraciones del alcalde Roberto Contreras carecen de fundamento jurídico, al recordar que la única vía legal para remover al fiscal general es mediante un juicio político y no por decisión partidaria o legislativa arbitraria.
Rivera comparó la postura del edil sampedrano con la del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha intentado destituir jueces y fiscales que lo han procesado anteriormente.
De interés:
PROCESO DE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
El fiscal general y su adjunto son elegidos por el Congreso Nacional de Honduras, específicamente por una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 86 de los 128 diputados, partiendo de una nómina de cinco candidatos propuesta por una Junta Proponente. Esta Junta está formada por representantes de varias instituciones, y su propósito es garantizar transparencia e independencia en la elección.
En ese sentido, Joaquín Mejía, abogado constitucionalista advierte que estas declaraciones carecen de sustento jurídico, subrayando que el fiscal general representa una institución con rango constitucional y que para su elección —o destitución— se requiere una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso Nacional.
Mejía explicó que, si bien la figura del juicio político existe como mecanismo de control, su aplicación para destituir a un fiscal general está claramente delimitada por la ley y la Constitución. “Para una remoción del fiscal tendría que iniciarse un proceso de juicio político, y para que haya un juicio político tiene que haber, al menos, una de las tres causales que ya lo establece la propia ley y la propia Constitución de la República”, sostuvo el abogado.
Las tres causales para que el fiscal general pueda ser sometido a juicio político son: la existencia de una denuncia grave relacionada con el desempeño de su cargo, como la comisión de actos ilegales o la obtención de beneficios incompatibles con la función pública; la realización de acciones u omisiones que sean contrarias a la Constitución de la República o lesionen el interés nacional; y la comprobación de manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para ejercer adecuadamente sus funciones.
El constitucionalista enfatizó que para que el Partido Liberal inicie ese proceso necesita no solo la mayoría calificada —al menos 86 diputados— sino además cumplir con alguna de las causales y respetar el derecho de defensa del fiscal, en un proceso complejo y con mucho escrutinio internacional.
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DISCURSO AUTORITARIO AL ESTILO BUKELE Y TRUMP
Analistas, como Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) consideran que la propuesta del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de promover la remoción del fiscal general a través del Congreso Nacional es irresponsable, ya que ignora los procedimientos legales y constitucionales establecidos, poniendo en riesgo la independencia institucional
Por otro lado, al analizar las declaraciones de Roberto Contreras, Joaquín Mejía fue contundente al calificarlas como parte de una narrativa autoritaria. “Esa es la misma línea que utilizaron autoritarios como Bukele o Donald Trump. No me gustan estos, los quito y pongo a los míos, a los que sí me van a permitir hacer lo que yo quiera”.
Mejía cuestionó que se hable hoy de destitución cuando en el pasado ni siquiera se intentó actuar durante la gestión de Óscar Chinchilla, a pesar de los señalamientos de corrupción y vínculos con narcotráfico. “Ni siquiera cuando estuvo Óscar Chinchilla vinculado con la corrupción, vinculado con el narcotráfico, abrieron la boca. Ahora que parece que les incomoda el fiscal general actual, entonces sí hablan de eso”.
Finalmente, el constitucionalista hizo un llamado a reflexionar sobre el peligro democrático de este tipo de posturas y recordó el papel del Partido Liberal en la historia reciente:
“Me debería de preocupar como demócrata las declaraciones del presidente del Partido Liberal… aunque también el Partido Liberal lastimosamente ha formado parte de un golpe de Estado, porque su militancia debería ver con preocupación las declaraciones de su máximo líder”, concluyó Mejía.
