Tegucigalpa, Honduras. – Luego de un recurso de amparo interpuesto por las comunidades, el Juzgado de Letras de Tocoa determinó suspender el Cabildo abierto convocado por la alcaldía para el miércoles 31 de enero.
Sin embargo, la municipalidad mantiene su decisión de celebrar –en otra fecha, dicho cabildo abierto— el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, denunció que, pese a la resolución, la noche del martes recibieron información, que el alcalde Adán Fúnez, en lugar de suspenderlo, lo pospuso hasta nueva fecha.
Adilia Castro, expresó que, hasta el momento, la resolución del Juzgado de Tocoa ha servido pese a no ser manera definitiva. “Sabemos que no es definitivo, pero permitirá reevaluar y retomar las acciones por parte de las organizaciones que estamos vigilantes y pendientes de las decisiones que en esta corporación municipal se están tomando para favorecer a toda costa el proyecto de inversiones Los Pinares”.
El pasado viernes 26 de enero, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, presentó el recurso de amparo contra el arbitrario cabildo abierto –considerado cabildo cerrado—que se pretendía realizar en la comunidad de Ceibita, a fin de favorecer los intereses de la empresa minera, inversiones Los Pinares con el proyecto de la planta termoelectrica Ecotek del Grupo Emco Holding.
El pasado 9 de diciembre de 2023, Adán Fúnez boicoteo el cabildo abierto que el mismo había convocado, sin embargo, los pobladores realizaron una asamblea popular en presencia de ocho regidores de Tocoa, donde reiteraron el rechazo a la instalación de la planta termoeléctrica, misma que ratificaron a través de una acta notarial y que fue presentada ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el pasado 14 de diciembre.
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ALCALDE NO TIENE FACULTAD DE CONVOCAR A CABILDO ABIERTO
Leonel George, regidor de la municipalidad de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y defensor de los bienes comunes, quien recientemente fue víctima de una captura arbitraria, refirió que el alcalde no tiene facultades de convocar a un cabildo abierto porque, “ya hay una decisión soberana de rechazo a la termoeléctrica y demás proyectos mineros”.
Además, señaló que el rechazo es a todo proyecto minero que destruye la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
A criterio del defensor de Guapinol, el Juzgado de Letras de Tocoa, debe resolver de manera definitiva y cerrar el caso para garantizar el derecho de las comunidades la protección del parque nacional.
El pasado viernes 26 de enero a las 4:00 de la tarde, Leonel George, fue detenido por la Policía Nacional. Un acto condenado por organismos de derechos humanos.
Para el defensor de los bienes comunes, su detención es producto de la incansable defensa que realiza. “Con mi detención arbitraria pretenden intimidar y hostigar por mi labor de defensoría de derechos humanos y ambientales a favor de las comunidades afectadas y víctimas de las empresas mineras y agroindustriales en Tocoa Colón”, denunció.
Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández –extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico—, Leonel George fue acusado falsamente, en octubre de 202, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 55/2023, en la que otorga medidas cautelares en favor de 30 integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Justicia para los Pueblos.
El Grupo Emco Holding fue responsable de la criminalización de más de 30 defensores por oponerse a la instalación de un proyecto minero en el parque nacional. Ocho de ellos fueron sometidos a prisión preventiva arbitraria por más de 900 días.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PRESENTAN AMICUS CURIAE
Como respaldo a la Acción Constitucional de Amparo Colectivo iniciada por los habitantes del municipio de Tocoa, Colón, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos presentaron un Amicus Curiae, a fin de resaltar la importancia crítica de los derechos al acceso a la información y a la participación política, fundamentales para la salvaguarda del derecho a un medio ambiente sano.
En el Amicus Curiae, las organizaciones firmantes señalaron “nuestro objetivo es asegurar que la Corte considere los argumentos al evaluar la solicitud de amparo y la necesidad de otorgar medidas cautelares. Esto es crucial para proteger a la comunidad de Tocoa del riesgo inminente que representa el proyecto Termoeléctrico de ECOTEK y otras actividades asociadas, que amenazan tanto la integridad del medio ambiente como los derechos fundamentales de los habitantes”.
El Amicus Curiae fue firmado por las organizaciones: Due Process of Law Foundation (Fundación para el debido Proceso); International Human Rights Clinic, University of Virginia School of Law; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj); Robert F. Kennedy Human Right; Fundación San Alonso Rodríguez; Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la National Lawyers Guild International Committee – NLG IC (USA).
