La comunidad indígena lenca se siente cada vez más vulnerable las separaciones forzadas, y es imperativo que se tomen medidas efectivas
«Hoy son nuestros hermanos, pero mañana podría ser un familiar suyo», advirtió, Mirna Marixa Lorenzo, instando a los legisladores a tomar conciencia y aprobar la Ley de Alerta Morada
Tegucigalpa, Honduras. – En el Departamento de Intibucá, Honduras, la preocupación por las desapariciones de niños, niñas y mujeres ha alcanzado niveles alarmantes.
Mirna Maritza Lorenzo, representante de la Organización Intibucana de Mujeres «Las Hormigas», denunció que las autoridades no han proporcionado respuestas efectivas sobre la búsqueda de las víctimas, lo que ha generado un clima de angustia entre las familias afectadas.
Lorenzo dijo a Criterio.hn que, aunque ha pasado más de un año, las autoridades policiales no les informan si realmente están haciendo la búsqueda de los jóvenes. Subrayó que la situación es especialmente preocupante en el territorio Lenca, donde la trata de personas se ha incrementado.
Desaparición de Belkis Molina: familia denuncia falta de progreso en la investigación
PRINCIPALES CASOS
En Intibucá se han reportado varios casos de desapariciones, entre ellos, el caso de cinco jóvenes de los cuales no se sabe su paradero desde el 19 de diciembre de 2023 cuando regresaban de una feria patronal en San Antonio. Los desaparecidos incluyen a Daysi Orellana, Alejandra Guzmán, Yoselin Adayani Ramos (16), Juan Antonio Ramos y otra joven no identificada. Testigos informaron que un vehículo rojo los interceptó y obligó a subir.
Otro de los casos que ha captado la atención en Intibucá es la desaparición de Belkis Suyapa Molina, quien fue vista por última vez el 21 de julio de 2022, cuando salió de su trabajo en una cooperativa en La Esperanza. A pesar de que se ha declarado culpable a Alexis Noé Lemus por el delito de privación ilegal de la libertad agravada en su perjuicio, el paradero de Belkis sigue siendo un misterio.
«Hemos buscado por todos lados y no hemos tenido respuesta. Lo más triste es que sus familiares no saben qué ha pasado», lamentó Mirna Maritza Lorenzo
El 30 de octubre de 2023, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 500,000 lempiras por información que conduzca a su localización, pero hasta la fecha, su familia continúa enfrentando la angustia y la incertidumbre sin respuestas claras sobre su destino.
De acuerdo con Lorenzo, la desaparición de Molina es un caso emblemático y además ha generado indignación y ha puesto en evidencia la falta de acción por parte del sistema judicial para resolver las desapariciones.
Lorenzo también abordó los obstáculos que enfrentan los familiares para interponer denuncias. «Imaginen el caso de Belkis: su familia vive en Lempira y tendría que recorrer largas distancias hasta Tegucigalpa o San Pedro Sula para presentar una denuncia», explicó. Este desplazamiento no sólo implica un esfuerzo físico considerable, sino también un desafío económico que muchas familias no pueden afrontar.
URGE APROBAR LEY DE ALERTA MORADA
La urgencia de aprobar la Ley de Alerta Morada se hace evidente en las palabras de Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida. “Esperamos que en enero aprueben la ley”. Enfatizó que el objetivo principal de la propuesta de ley es establecer un mecanismo de alarma inmediata que permita iniciar la búsqueda de personas desaparecidas en las primeras 12 horas, período que considera crucial para aumentar las posibilidades de encontrar a las víctimas con vida.
Además, Cruz subrayó la gravedad de las desapariciones en el país al señalar que un 20 % de las mujeres desaparecidas son asesinadas. Esta alarmante estadística resalta la necesidad urgente de activar un mecanismo de alarma inmediato que permita iniciar la búsqueda sin esperar los plazos de 48 o 72 horas que actualmente se imponen, y que no están contemplados en ninguna ley de Honduras. La Ley de Alerta Morada busca precisamente eliminar estas demoras, permitiendo una respuesta rápida que podría salvar vidas.
Por otro lado, Cruz enfatizó la importancia de mantener a las familias informadas sobre el proceso de búsqueda, evitando que se sientan excluidas o desinformadas. La ley propone que la información sobre los casos no se trate como un «secreto nacional», sino que se comparta abiertamente con los familiares de las víctimas.
