Por. Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. A pesar que ambas naciones enfrentan amenazas de sus vecinos, Panamá y Costa Rica hace muchos años decidieron suprimir los ejecitos en sus territorios.
Panamá comparte una frontera con Colombia golpeada por la violencia y el narcotráfico y Costa Rica busca evitar que el crimen organizado golpee a la sociedad como ha ocurrido con algunos de sus vecinos centroamericanos.
Esa situación no los convierte en utopías pacifistas y lo que han ahorrado en ejércitos, lo están invirtiendo en otros cuerpos de seguridad.
Policia Panameña
Civilismo
Costa Rica suprimió su ejército en 1949. Las fuerzas militares panameñas fueron disueltas después de la invasión de EE.UU., en 1989, que derrocó el gobierno militar de Manuel Antonio Noriega.
La ausencia de un estamento militar es vista como una de las razones para la notoria estabilidad institucional civil de Costa Rica en las últimas décadas.
Y Panamá, sin Guardia Nacional, es hoy una nación pacífica y con el mayor crecimiento económico en América Latina.
Pero en concreto ¿cuál es el dividendo que reciben los países por no gastar en ejércitos?
Un informe del Banco Mundial publicado en su sitio web utilizando datos obtenidos por la ONG europea SIPRI, establece que en 2013, el año más reciente para el que hay información disponible, los países latinoamericanos con fuerzas militares dedicaron entre el 0,5% y el 3,4% de su Producto Interno Bruto a ese rubro.
Colombia, en medio de su conflicto armado, sigue siendo el país de la región que dedica a las fuerzas militares la mayor porción de su riqueza nacional, un 3,4% en 2013.
Los países centroamericanos, sin embargo, pueden ser un mejor punto de referencia para lo que pasa con Panamá y Costa Rica.
Guatemala solo gasta el 0,5% del PIB en el renglón militar.
En cuanto a los otros tres países con fuerzas militares en Centroamérica, Nicaragua les dedica un 0,8% del PIB, El Salvador un 1,1% y Honduras un 1,2%, asegura la información del Banco Mundial.
Este informe sobre Honduras es viejo y lejano de la realidad porque el actual gobierno instaurado en el 2014 ha militarizado la sociedad y existe una tasa de seguridad que recauda un aproximado de 1800 millones de lempiras y se dedican a atender los nuevos cuerpos militares que ha creado el presidente Juan Orlando Hernández.
¿Discusión semántica?
Sin embargo, advierten algunos, la discusión es más compleja que eso.
Una de las principales dificultades a la hora de evaluar realmente el ahorro que tienen Panamá y Costa Rica por ese rubro es establecer qué compone el gasto en seguridad. Pues si bien esas naciones no tienen fuerzas militares como tales, eso no quiere decir que no mantengan algunos cuerpos oficiales de seguridad.
Que no se llaman oficialmente “ejército”, pero comparten algunas de sus características.
Por ejemplo en Panamá, los integrantes del cuerpo de seguridad fronteriza Senafront visten uniforme camuflado y portan armas largas, como lo requieren sus labores de patrullaje en la conflictiva frontera con Colombia, una región donde operan guerrillas, bandas y otros grupos irregulares armados hasta los dientes.
También en Costa Rica operan unidades pequeñas de estilo y entrenamiento militar.
Esos países “tienen instrumentos para hacer la función de una defensa de su territorio”, asegura a BBC Mundo Joao Ramos, investigador de la ONG basada en Argentina, Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).
En América Latina las barreras entre fuerzas policiales y militares no son tan claras como en otros países.
Así como las fuerzas policiales de Panamá y Costa Rica tienen algunos elementos cuasi-militares, varios de los mayores ejércitos de la región están orientados principalmente no a repeler una amenaza externa sino a tareas de seguridad interna.
Tareas que en otros países serían vistas, al menos en parte, como asuntos de policía.
Por lo que algunos creen que para hacer comparaciones en gasto de seguridad es más objetivo sumar cuánto invierten en policía y ejército.
Los que genera resultados distintos para el caso de Panamá y Costa Rica.
Los que más invierten
Un análisis de RESDAL, aseguraba en 2014 que precisamente esas dos naciones eran las centroamericanas que más invertían en seguridad.
De acuerdo al Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, publicado el año pasado por esa organización, Panamá invierte cerca de US$1.000 millones anuales en seguridad, una cifra superior al 2% de su PIB.q
Según la periodista panameña Grisel Bethancourt, citada en otro reporte de la empresa consultora de seguridad InsightCrime, el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública a finales de 2014 era mayor que el de cualquier otra institución del estado panameño.
En Costa Rica el monto del gasto en seguridad, incluyendo policía es de cerca de US$900 millones, también aproximándose al 2% del PIB, asegura el informe de la RESDAL.
Otro estudio, esta vez por el londinense Instituto International de Estudios Estratégicos, IISS, ubica el gasto en defensa de Panamá y Costa Rica en un nivel más moderado, pero en cualquier caso, muy superior a sus vecinos. El IISS asegura que Costa Rica gastó US$600 millones y Panamá US$700 millones.
En comparación, asegura RESDAL, Nicaragua invierte una cifra que apenas llega a los US$107 millones, equivalentes al 1% del PIB.
Estos datos sugerirían que pese a no mantener una estructura militar clásica, tanto Panamá como Costa Rica tienen una fuerte inversión del gasto público en seguridad.
Y que el hecho de encuadrar esos cuerpos armados bajo el mando civil, en vez del militar, puede tener muchas ventajas.
Pero aparentemente, reducir el gasto en seguridad no es siempre una de ellas
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