Aseguran que la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana debe ser perfeccionada
Tegucigalpa.- El 21 de septiembre de 2022, el Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el anteproyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, una instancia que vendría a sustituir al últimamente controvertido Foro Nacional de Convergencia (Fonac), pero que, aseguran representantes de organizaciones de sociedad civil y académicos, todavía no garantiza una democrática participación por parte de los distintos sectores de la sociedad.
Según establece el artículo segundo del anteproyecto, que el 27 de septiembre fue entregado a una comisión de dictamen del Legislativo, la Mesa Nacional de Participación Ciudadana contará con la representación del Gobierno, las organizaciones sociales, gremiales y populares, al igual que el sector pri
Sin embargo, a criterio de la directora de la oenegé Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), Dina Meza, existen algunos elementos dentro del borrador que deben ser revisados.
“Tengo algunas preocupaciones como, por ejemplo, quién va a elegir a esas ciudadanas y ciudadanos de las organizaciones. Acá hay que recordar que, normalmente, los gobiernos se hacen acompañar de lo que ellos llaman ‘mi sociedad civil’. Si este inciso fuera amplio y garantizara la participación de todos los sectores, sin importar si son afines o no al Gobierno, sería una buena representación”, comentó en entrevista con Criterio.hn.
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La comisión de dictamen, que tiene en sus manos el anteproyecto enviado por la presidenta Xiomara Castro, deberá realizar un proceso previo de socialización con los distintos sectores y, en última instancia, emitir un dictamen que será sometido a discusión y votación ante los 128 legisladores de las seis bancadas representadas en el Legislativo.
Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) -bancada a la que le tiembla el puso con relación a eliminar el Fonac-, aseguró que el problema que rodea al Fonac radica en que, mediante una reforma impulsada a la ley en 2019, se le permite al titular del Ejecutivo designar a los representantes de la asamblea general de esa organización.
“Lo que tenemos que hacer es dar independencia a las organizaciones y establecer claramente, en la ley, que el Estado tiene prohibido la intervención”, opinó en torno al Fonac, cuya asamblea general está integrada por 22 organizaciones, que fueron afines al gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos.
Dina Meza, de la Asopodehu, indicó que, dentro del borrador del anteproyecto que se deberá dictaminar, también existe otro vacío que deberá ser ampliamente debatido.
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“¿Qué pasa si la presidenta en algunos momentos no quiere convocar, porque hay temas complejos que no desea discutir? Creo que también sería necesario que, en la Mesa de Participación Ciudadana, el resto de las organizaciones puedan convocar al Gobierno, de acuerdo a las necesidades inminentes, y que así se pueda impulsar un verdadero debate ciudadano”, comentó.
El director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Honduras, Rolando Sierra, expresó que son necesarios los espacios de “diálogo” y “concertación” entre el Estado y la sociedad civil, por lo que considera “necesaria” la presencia del Gobierno dentro de la Mesa de Participación Ciudadana.
“Venimos de una gobernabilidad vertical y necesitamos una gobernabilidad horizontal. Es muy importante que el Estado escuche y dialogue con la sociedad en perspectiva de conocer cuáles son las necesidades a las distintas problemáticas y que, de esa forma, buscar soluciones”, dijo a Criterio.hn.
Asimismo, sugirió a la comisión dictaminadora que, dentro del dictamen que se presente ante las diputadas y los diputados, se incluya a la academia. “No puede quedar por fuera de esa representación la participación de las universidades”, concluyó.
Desde que el 22 de septiembre de 2022 se dio a conocer la iniciativa de eliminar el Fonac y crear la Mesa de Participación Ciudadana, diversos sectores han conspirado y han asegurado que la intención detrás del anteproyecto es eliminar, a futuro, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), aunque ello ya ha sido desmentido por el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, y aclarado por distintos líderes de sociedad civil.
