En medio de este escenario, el llamado de los ambientalistas es claro: la necesidad de reconsiderar el impacto a largo plazo de tales decisiones y de encontrar soluciones que no sacrifiquen el patrimonio natural del país en aras de resolver problemas inmediatos
Pese a las advertencias de biólogos y especialistas en conservación, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ha otorgado la licencia ambiental argumentando que se han realizado los estudios necesarios y se implementarán medidas de mitigación para minimizar el impacto ambiental
Tegucigalpa, Honduras. -El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), otorgó la licencia ambiental para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla Del Cisne, ubicada aproximadamente a 250 kilómetros de Trujillo, Colón en el Mar Caribe, un proyecto que ha generado una fuerte polémica y preocupación entre las organizaciones medioambientales que han señalado el daño ambiental que esto provocará.
Según lo informado por el secretario de Recursos Naturales, Lucky Medina, está decisión contó con “el apoyo científico de 40 profesionales certificados” y será instalado un Centro de Monitoreo Biológico que cubrirá ciencia, seguridad y soberanía, para conservar el “valioso ecosistema”.
En diciembre de 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la construcción de una mega cárcel en Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, situadas a 250 kilómetros de tierra firme, con el propósito de albergar a criminales con casos de alto impacto.
El centro penitenciario, albergará a reclusos de alta peligrosidad, ha sido presentado por el gobierno como una solución para aliviar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de seguridad en el país. Sin embargo, la decisión de construirla en la Isla Del Cisne ha sido duramente criticada por la Coalición Ambiental, advirtió sobre los graves impactos ecológicos y sociales que podría acarrear este proyecto.
La Coalición ha señalado que la Isla Del Cisne es un ecosistema frágil y biodiverso que alberga numerosas especies de flora y fauna únicas. Pero la construcción de la cárcel de máxima seguridad podría causar daños irreparables y se eliminarán ecosistemas únicos, en los que habitan especies de flora y fauna endémicas de importancia científica para la humanidad.
Anteriormente la Coalición advirtió que “la presencia humana en las islas generará residuos sólidos en gran escala, los cuales, al fallar el sistema de transporte a tierra firme para su disposición final, podría generar pequeñas islas flotantes de basura en el mar caribe, afectando no solo la navegación sino el desarrollo normal de las especies marinas, turismo nacional y la pesca en general tanto en Honduras como en países de la región”.
Desde enero de 2024, la Coalición Ambiental se ha opuesto a la construcción de un centro penal en la Isla del Cisne, que además de ser un área protegida, es un Santuario de Tiburones y otras especies en peligro de extinción.
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Para la bióloga y exdirectora de Vida Silvestre del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Ana Velásquez, dijo a Criterio.hn que queda claro que el Gobierno de Honduras no está interesado en escuchar la parte científica sobre la edificación de centros penitenciarios.
La profesional de la biología lamentó que proyectos como la exploración petrolera –en La Moskitia Hondureña– y la construcción de un centro penitenciario en la Reserva Marina de la Isla del Cisne, estaría “provocando un ecocidio”, ya que acabaría con un ecosistema marino terrestre.
“El impacto ambiental de este proyecto será devastador. Estamos hablando de la destrucción de hábitats y la alteración de ecosistemas que tardarían décadas en recuperarse, si es que alguna vez lo hacen”, lamentó la entrevistada.
Pese a estas advertencias, la Serna ha otorgado la licencia ambiental argumentando que se han realizado los estudios necesarios y se han implementado medidas de mitigación para minimizar el impacto ambiental.
La decisión ha desatado un intenso debate en la opinión pública y entre los actores políticos. Los críticos acusan al gobierno de priorizar intereses de seguridad sobre la protección del medio ambiente y de no considerar adecuadamente las recomendaciones de los expertos.
De igual manera, mencionó que se debió realizar una consulta a los pueblos indígenas, ya que serán ellos los más afectados por la contaminación.
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DECISIONES ARBITRARIAS QUE VIOLENTAN EL DEBIDO PROCESO
En ese sentido, el Partido Liberal emitió un comunicado catalogando como una decisión arbitraria el haber concedido la licencia ambiental para construir una cárcel en las Islas del Cisne.
A través de su cuenta de X –antes Twitter– este instituto político se pronunció asegurando que se ha violentado el debido proceso, así como los requerimientos técnicos establecidos en el Sistema Nacional de elaboración del Estudio del Impacto Ambiental (SINEIA), mandato establecido mediante decreto 104-93 del Congreso Nacional.
“Los ecosistemas existentes en las Islas del Cisne, que son patrimonio nacional y mundial, estarían siendo eliminados por las obras a realizar en la construcción del centro penitenciario referido”, señala el comunicado.
