La advertencia de ARSA, gira en torno al medicamento P.P.M.S., Plan B de origen nicaragüense y que se está comercializando a nivel nacional sin un registro sanitario
Tegucigalpa, Honduras. – Por más de trece años, la Píldora Anticonceptiva de emergencia (PAE) fue adquirida de manera ilegal, sin ningún tipo de restricción o control sanitario.
En marzo, la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció la liberación de la PAE. Un atisbo del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hondureñas.
Sin embargo, ahora que la PAE es de uso y comercialización libre, de acuerdo con las mujeres, no es tan fácil encontrarla en las farmacias ni mucho menos en los centros asistenciales de salud pública, generando con ello que las mujeres que urgen de este medicamento recurran a la manera tradicional para conseguirlo: el mercado negro.
En los últimos días la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), alertó sobre la venta ilegal de una marca en específico de la PAE, que, de acuerdo con Dorian Salinas, directora de la PAE, dicha advertencia surge porque no cuentan con un registro sanitario.
Para Cristina Alvarado, del Colectivo de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, esta advertenciapor parte de ARSA es “incongruente” y además podría retrasar el proceso para que laPAE, sea de fácil acceso, tanto en el sistema de salud público como en los comercios.
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DECOMISOS DE PAE
“Esto entra a través de contrabando, por eso no podemos garantizar que cumpla con los análisis de calidad”, señaló en entrevista con Criterio.hn, Dorian Salinas. Según lo detalló se realizaron decomisos en siete establecimientos en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
Además, la titular de Arsa, reconoció que dicho medicamento se comercializa en El Salvador, Nicaragua y en otros países centroamericanos donde si cuentan con Registro Sanitario.
En un trabajo de verificación que realizó este medio de comunicación en mayo de 2023 –dos meses después de la liberación de la PAE, pero sin registro sanitario—, titulado ¿Dónde hay PAE en Honduras? , se constató que el P.P.M.S., Plan B, era el medicamento al que las mujeres hondureñas tenían acceso en el mercado negro, el cual se podía acceder a través de las redes sociales.
En ese sentido, Ana Lucia Pérez Armijo, feminista y defensora de los derechos de la mujer, señaló que este medicamento –cuando fue legal— contaba con registro sanitario.
Por su parte, Dorian Salinas, explicó que la comercializadora del medicamento P.P.M.S., Plan B, no ha solicitado registro sanitario.
De acuerdo con la data de ARSA, se decomisaron 100 cajas de la P.P.M.S., Plan B, mismo que procederán a realizar los análisis correspondientes para evaluar la calidad del método anticonceptivo de emergencia.
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TODO SIGUE IGUAL
La liberación de la PAE fue celebrada por las mujeres y las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que mantuvieron su lucha por la derogación del Acuerdo Ministerial de la Secretaría de Salud No.2744, que se mantuvo en vigor desde octubre de 2009 durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, y que mantenía la prohibición del uso y comercialización de la PAE.
Pese a la liberación de la PAE, a criterio de Ana Lucia Pérez Armijo, feminista y defensora de los derechos de la mujer, en Honduras “todo sigue igual, como si estuviera prohibida (la PAE), se sigue vendiendo en los mismo lugares” refirió.
Además, denunció que, en algunos lugares, luego de la legalización de la PAE el pasado 8 de marzo, le han incrementado el costo.
Por su parte, Dorian Salinas, informó que, en el mercado nacional, el único método anticonceptivo de emergencia que cuenta con registro sanitario es el Postpil de la comercializadora Dkt International, empresa proveedora de productos para salud sexual y reproductiva.
La Postpil, obtuvo su registro sanitario en julio, según lo informado por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).
Sin embargo, las organizaciones de mujeres y feministas urgen al Estado de Honduras a generar un acceso libre de la PAE, no solo en los comercios sino en sistema de salud pública, para que se pueda atender a las mujeres y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual.
el Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), cuantificó3,932 denuncias de violencia sexual ante el Ministerio Público solo en 2022. Un aumento del 19 %, con relación al 2021.
