La denuncia por abuso de autoridad y traición a la patria contra tres consejeros del Consejo Nacional Electoral profundiza la polarización política, mientras persiste el estancamiento en la toma de decisiones clave para los comicios generales
Analistas critican ausencia de respuestas sobre irregularidades durante comicios internos, a la vez que el oficialismo y la oposición denuncian anticipadamente un fraude para las elecciones de noviembre
Tegucigalpa, Honduras. – Con el paso de los días, la crisis interna que atraviesa el Consejo Nacional Electoral (CNE) se agrava, sumiendo al país en una creciente incertidumbre y paralizando el avance del calendario rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Las divisiones entre los consejeros y las continuas ausencias en las sesiones han dejado sin quórum al pleno, lo que ha detenido decisiones fundamentales como la licitación del sistema de transmisión de resultados y la organización logística del proceso electoral, poniendo en riesgo el cumplimiento del cronograma.
Ante este panorama un grupo de ciudadanos organizados bajo el nombre “Unidos por la Democracia”, que agrupa a representantes de varios partidos políticos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el consejero Marlon Ochoa y los consejeros suplentes Karen Rodríguez y Carlos Cardona.
La acusación formal es por delito continuado de abuso de autoridad, traición a la patria y delitos electorales varios, argumentando que la reiterada ausencia de los consejeros en las sesiones del pleno busca boicotear el proceso electoral y ha paralizado el cumplimiento del cronograma de los comicios generales previstos para noviembre
De acuerdo con la abogada Karla Romero, candidata a diputada por el partido Liberal, las acciones de retraso de cronograma electoral son “constitutivas de delito”. Añadió que los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) han cometido delitos porque “han entorpecido” el avance del proceso electoral.
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DENUNCIAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO REFLEJAN LA POLARIZACIÓN POLÍTICA ALREDEDOR DEL CNE
La denuncia presentada este martes ante el MP contra los consejeros del CNE, ha reavivado el debate sobre el trasfondo político y legal de la actual crisis en el órgano electoral. Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el conflicto interno del CNE ha alcanzado niveles comparables a “una telenovela”, marcada por la incertidumbre y la impunidad.
Acevedo recordó que la ciudadanía aún espera respuestas claras sobre las irregularidades ocurridas en las primarias del 9 de marzo, calificando este hecho como un “mal precedente” para la transparencia democrática en el país.
Sobre los aspectos legales de la denuncia, Acevedo pidió cautela a la hora de tipificar las supuestas faltas como delitos, recalcando que es importante que los profesionales del derecho analicen cuidadosamente los tipos penales aplicables.
De acuerdo con Acevedo, la reciente denuncia presentada contra los consejeros del CNE incluye señalamientos que, no están expresamente tipificados en el Código Penal como delitos electorales. De hecho, la legislación hondureña establece con claridad cuáles son las conductas sancionables en materia electoral, tales como coacción o amenaza electoral, compras de votos, suplantación de identidad, alteración de actas o impedir el ejercicio del sufragio.
Acevedo remarcó la preocupación de que podría estarse utilizando el sistema judicial para fines políticos más que para la protección del proceso democrático. “Pareciera que este tipo de acciones solo contribuyen a mantener la incertidumbre en la ciudadanía; en realidad, lo que hacen es atizar el fuego y terminan siendo actos políticos disfrazados de actos legales” enfatizó Acevedo.
FRAUDE ANUNCIADO CON ANTICIPACIÓN
Dennis Gómez, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la institucionalidad democrática en Honduras, afirmando que “nos estamos acercando peligrosamente a un escenario donde no importa la ley, sino quién tiene el poder para imponer su voluntad. Esa coacción institucional es sumamente peligrosa».
Gómez, también resaltó como un hecho inédito que el discurso anticipado de fraude provenga ahora de ambos extremos del espectro político, ya que históricamente, señaló, el fraude se declara inmediatamente después de celebradas las elecciones. “Lo novedoso es que ahora se está diciendo que habrá fraude… y todavía ni siquiera votamos” expresó, enfatizando la gravedad de que se minen de antemano la confianza pública y la legitimidad del proceso electoral.
Para el exmagistrado, la salida a la crisis política electoral que se ha intensificado con la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) debe ser más técnica que política y apegarse a lo que manda la normativa.
En ese sentido, señaló que los partidos políticos y sus máximas autoridades deben asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones inmediatas a la crisis política que actualmente obstaculiza el funcionamiento normal del Consejo Nacional Electoral.
Para ello, enfatizó en la importancia que se propicie un proceso de diálogo genuino, basado en el respeto a la legalidad y orientado a garantizar que todas las actividades electorales se desarrollen bajo principios de integridad y transparencia.
Respecto a la negativa del consejero Marlon Ochoa y los suplentes de presentarse a las reuniones convocadas para establecer el pleno del CNE, el exmagistrado, señaló que se trata de una “rebeldía”. A razón de ello, señaló que el CNE debe aplicar la Ley de administración Pública que en su artículo 110 señala que más decisiones en los órganos colegiados deben ser mayoría.
El exmagistrado insistió en que las elecciones generales de noviembre no pueden repetir las graves irregularidades registradas en las primarias del pasado 9 de marzo. Subrayó que un nuevo fracaso institucional sería inaceptable para la democracia hondureña. También advirtió que el país no puede permitirse otro proceso marcado por desorganización, cuestionamientos y falta de legitimidad, como ocurrió en las internas, que dejaron en evidencia profundas falencias en la administración y fiscalización electoral.
