Por: Redacción InSight Crime
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Las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra varios presuntos narcotraficantes, entre ellos algunos oficiales del ejército, han puesto al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una dificilísima posición: se encuentra entre algunos de sus más firmes aliados locales, incluyendo a su propia familia, y su más importante respaldo internacional.
La semana de increíbles acusaciones y contraacusaciones comenzó el 7 de octubre con un comunicado de prensa del gobierno de Estados Unidos, que incluye una lista de sospechosos de tener alguna relación con el Cartel del Atlántico, una red de transporte que opera en la provincia de Mosquitia, en el noreste de Honduras.
No está claro lo que motivó la inusual publicación de información sensible por parte de la Embajada de Estados Unidos, pero se produjo solo unos días después de un ataque contra un auto que supuestamente transportaba agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) en San Pedro Sula. El caso llevó a las autoridades de Estados Unidos a reforzar la seguridad del embajador estadounidense, James Nealon, debido a supuestas amenazas contra éste.
La lista parece incluir tanto verdaderos sospechosos como “personas de interés”, según un funcionario de la embajada estadounidense que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. Según un artículo de La Prensa con base en una fuente no identificada, Estados Unidos y Honduras estarían buscando por lo menos 35 sospechosos de tener vínculos con varios grupos narcotraficantes, entre ellos el Cartel del Atlántico.
El cabecilla de dicho cartel, Wilter Neptalí Blanco Ruíz, se encuentra entre las personas mencionadas en el comunicado de prensa de la embajada con fecha del 7 de octubre, junto con el capitán del ejército Carlos Alberto Maradiaga Izaguirre. El 10 de octubre, la Embajada de Estados Unidos incluyó en la lista al capitán del ejército Santos Rodríguez Orellana. Según La Prensa, entre los otros sospechosos se encuentran alcaldes, policías, jueces y empresarios, pero todavía es imposible afirmar que Estados Unidos esté preparando acusaciones contra estos sospechosos; además, en una búsqueda que se realizó antes de la publicación de este artículo en los registros públicos de Estados Unidos en las bases de datos Pacer no se encontró ninguna acusación formal.
Aun así, se podría estar iniciando una investigación que podría involucrar a la primera familia del país. El 12 de octubre, el capitán del ejército Rodríguez Orellana le dijo a Radio Globo que él fue convocado a la Embajada de Estados Unidos el 9 de octubre para una entrevista con un agente de la DEA. Allí, de acuerdo con un informe detallado de la reunión, publicado por Radio Globo, el capitán del ejército dijo que el agente de la DEA lo presionó para que le diera al gobierno de Estados Unidos información sobre el hermano del presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández. El agente de la DEA también supuestamente acusó al capitán y a varios presuntos narcotraficantes de participar en un plan para instalar explosivos en la residencia del embajador, o cerca de allí, en un intento de asesinar el diplomático.
Según Globo, el agente supuestamente le dijo: “Usted trabaja con Tony Hernández”; “Usted trabaja con Wilter Blanco”.
Tony Hernández es representante al Congreso por el Partido Nacional; es además abogado y, según un reciente informe, ha defendido a traficantes de drogas. En sus comunicados de prensa, Estados Unidos no vinculó públicamente a Hernández al caso, pero el funcionario de la Embajada de Estados Unidos le dijo InSight Crime que él es una “persona de interés”.
La Embajada de Estados Unidos no dio una respuesta oficial a los intentos de InSight Crime por obtener comentarios sobre estas cuestiones.
Pero la esposa de Rodríguez Orellana le dijo a la prensa que las afirmaciones de Estados Unidos están relacionadas con la captura de un helicóptero que llevaba drogas ilegales, el cual pertenecía a un socio de Hernández y había entrado al espacio aéreo de Hondurasbajo jurisdicción del ministro de Defensa de Honduras, Samuel Reyes.
Reyes entonces exigió que la esposa de Rodríguez Orellana presentara pruebas concretas de dicho evento. Y el 14 de octubre, Tony Hernández emitió un comunicado en el que negaba todos los cargos en su contra.
“No sé nada acerca de las historias que se han contado, y niego que haya estado involucrado en actividades ilegales”, dice la declaración, que fue publicada en papel membrete del Congreso.
Sin embargo, de ser ciertos los informes de prensa acerca de las interacciones entre el sospechoso y Estados Unidos, el gobierno de este país estaría enfocado en el hermano de Hernández. Globo, por ejemplo, describe los supuestos mensajes de Whatsapp del agente de la DEA al capitán del ejército.
“Capitán”, supuestamente dice uno de los mensajes, “Soy su única salvación. Entregue a Tony Hernández”.
En otro mensaje supuestamente le dice a Rodríguez Orellana que “entregue a otros funcionarios de las FA [Fuerzas Armadas] que supuestamente participaron en actividades ilícitas de narcotráfico”.
El supuesto intercambio de mensajes supuestamente concluyó cuando el agente de la DEA le dijo a Rodríguez Orellana que tenía hasta el 14 de octubre para entregar a Hernández; si no lo hacía, enfrentaría cargos por terrorismo.
Análisis de InSight Crime
El presidente Hernández ha sido hasta la fecha un aliado incondicional de Estados Unidos. Por primera vez en un siglo, el gobierno comenzó a extraditar a presuntos narcotraficantes. Su gobierno inauguró además una comisión especial de la policía, que ha tomado medidas enérgicas para purgar a la policía desde los más altos niveles hasta los más bajos, todo ello con la anuencia del presidente.
Pero la extraordinaria serie de revelaciones públicas en los últimos diez días han puesto al presidente Hernández en una dificilísima posición. Además de vincular a la familia del presidente al tráfico de drogas, las acusaciones tocaron a uno de los aliados más importantes del presidente: las fuerzas armadas del país.
Hernández estudió en una escuela militar y otro de sus hermanos, Amilcar, es un coronel del ejército y hace parte de su círculo de asesores de confianza.
Como presidente, Hernández ha aumentado el presupuesto del ejército. Además, ha nombrado personal militar en posiciones claves del gobierno, incluso en puestos que usualmente están reservados para administradores y políticos civiles; un ejemplo de ello es el general retirado Julián Pacheco como ministro de Seguridad.
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Además, Hernández ha reforzado la policía militar, aumentando su tamaño y su ámbito de competencia en materia de seguridad, y ha intentado —aunque en vano— consagrar a la policía militar en la Constitución del país.
Estados Unidos se ha opuesto a la implementación de la policía militar, y estas acusaciones obligan al presidente a caminar por una línea muy fina entre el poder judicial de Estados Unidos y las demandas políticas, sus lealtades familiares y la reputación del ejército.
Esto se hizo evidente el 12 de octubre, cuando el presidente publicó un tuit que decía: “EnHonduras nadie está por encima de la ley. No hemos encubierto ni vamos a encubrir ningún delito dentro o fuera del país”.
Este caso se produce en un momento particularmente difícil para las relaciones bilaterales. Estados Unidos se encuentra preparando un paquete de ayudas por US$750 millones para Centroamérica, y Honduras sería uno de los principales receptores, siempre y cuando pueda seguir demostrando que está tomando “medidas eficaces” para combatir la corrupción y poner freno a las violaciones de derechos humanos.
Tal vez no por casualidad, el 14 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que había certificado al gobierno de Honduras el 30 de septiembre para que pudiera recibir la ayuda de Estados Unidos; sin embargo, el gobierno estadounidense también emitió una severa advertencia:
“Sigue habiendo problemas importantes que requieren un sostenido esfuerzo y una voluntad política por parte del gobierno de Honduras”, dijo el portavoz adjunto, Mark Toner, en un comunicado. “Sin embargo, hasta la fecha el gobierno de Honduras ha demostrado la voluntad política necesaria para hacer frente a los retos de seguridad y de desarrollo del país”.
Lo que hace que este caso sea aún más difícil para Hernández es el hecho de que recurra al ejército para la seguridad ciudadana y para su propia carrera política. Según LAPOP (pdf), los militares hondureños obtienen consistentemente algunos de los índices de aprobación más altos del país, sólo por debajo de la Iglesia en popularidad.
Hernández está aspirando a un segundo periodo en la presidencia. Pero las acusaciones en contra de sus más firmes aliados locales por parte de sus más importantes patrocinadores internacionales lo han puesto en una situación insostenible.
