Tegucigalpa, Honduras. Hace seis días, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal a de tres ciudadanos, por suponerlos responsables de actos preparatorios punibles y asociación terrorista para boicotear las elecciones generales del 30 de noviembre.
Sin embargo, la acusación generó críticas de diversos sectores, algunos de los cuales la consideran una estrategia para desviar la atención de las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien aseguró que Venezuela paga por el uso del espacio aéreo hondureño para el tránsito de droga.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el fiscal general el pasado 14 de agosto, los medios probatorios son irrefutables sobre la responsabilidad de los ciudadanos, no obstante, especialistas en derecho penal, consultados por Criterio.hn, afirman que no existen fundamento probatorio suficiente para comprobar que los acusados efectivamente estaban orquestando un plan de boicot y asesinato.
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CONTEXTO SOBRE LA ACUSACIÓN
El 14 de agosto, mediante una comparecencia de prensa, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, reveló una presunta conspiración para impedir las elecciones generales, sacar del poder a la presidenta Xiomara Castro y asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales, esto a pocas horas de la acusación de la fiscal estadounidense Pamela Bondi.
Según lo expuesto por Johel Zelaya, dicha conspiración estaba siendo planificada por los ciudadanos, Arcadio López, Antonio Kattan y Perfecto Enamorado, quienes fueron señalados por los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista, basándose en presuntas pruebas documentales, testimoniales y periciales.
Zelaya afirmó que como resultado de la exhaustiva investigación y el respaldo de pruebas, la fiscalía procedió a realizar la captura de los tres acusados que tenían como objetivo atentar contra la vida del expresidente Zelaya Rosales.
El fiscal aseguró que no se trata de un caso basado en conjeturas ni rumores, pues recalcó que hay evidencias científicas irrefutables, y que se estaba trabajando para ampliar la acusación en contra de otros ciudadanos.
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¿HAY FUNDAMENTO EN LA ACUSACIÓN?
El vicealcalde sampedrano y abogado penalista, Omar Menjivar, explicó a este medio digital que las pruebas dadas a conocer por el fiscal general, Johel Zelaya, específicamente los audios carecen de fundamento probatorio suficiente para suponer que los acusados sean parte de un plan para asesinar al expresidente.
Menjivar afirmó que al descartar lo primero, es decir el presunto plan de asesinato, se descarta automaticámente que haya existencia de un fundamento probatorio que permita acusar a los tres ciudadanos por terrorismo.
El penalista aclaró además que su opinión se basa únicamente en lo que fue dado a conocer por el ente investigador, por lo cual se debe esperar al legajo acusatorio para conocer si se acompañó por otro tipo de evidencia que dé validez a la acusación.
Por su parte, el también abogado penalista, Henry Salinas, señaló que dicho tema es estrictamente penal, y que lo penal es ampliamente doctrinario y técnico, por lo que expresó su preocupación en sí las autoridades están haciendo un trabajo técnico o mediático, pues a su criterio, en cualquiera de los dos sentidos hicieron un mal trabajo con la presentación del requerimiento fiscal.
Salinas recalcó que desde un punto de vista técnico, no se puede validar una conspiración, ya que los ciudadanos no se conocían entre sí, y si se basaran en la jerga empleada por los acusados, se tendrían que presentar requerimientos fiscales en diversos puntos del país, pues es parte de las pláticas que se suelen escuchar cuando se refieren de forma despectiva hacia el gobierno, por lo que no constituye en un sentido técnico dogmático penal a la figura del terrorismo.
El profesional del derecho agregó que el fiscal general puso un medio de prueba en televisión nacional, lo que a su criterio es una práctica errada, ya que deben ser evacuados en las instancias legales correspondientes es decir, en los tribunales y no en una conferencia de prensa.
FIGURA DEL TERRORISMO ES UN RIESGO AMPLIO
El abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, indicó que el Ministerio Público está haciendo uso de una figura cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mejía explicó que dicho delito tiene una configuración abierta lo que hace posible la acusación en contra de los tres ciudadanos, sin embargo, señaló que ambos entes internacionales han hablado sobre el riesgo amplio de ello, por lo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de poner en tela de juicio todos aquellos delitos que tengan una amplitud profunda, ya que representa un riesgo para las libertades ciudadanas.
El jurista explicó que los ciudadanos poseen derecho a la presunción de inocencia, y que el Ministerio Público debe demostrar las circunstancias en las que enmarcan las acciones para probar que realmente cabe el delito que se está imputando.
Mejía aclaró que incluso los delitos que buscan subvertir el orden constitucional o perturbar la paz publica pueden presentarse como un acto de terrorismo, por lo que enfatizó en la necesidad de reformar el Código Penal, no solo por el terrorismo sino por otras materias que también permiten amplitudes.
