Por: Hugo Noé Pino
La marcha de los indignados en 2015 ha rendido frutos. Pese a la renuencia gubernamental de crear una comisión como la CICIG en Guatemala, la Maccih ha mostrado que el nivel de corrupción en Honduras es tan grande, que en poco tiempo se pudo detectar casos como los que se encuentran en los tribunales: la red de diputados, la caja chica de la dama, Pandora y otros. Una mínima parte del sistema de impunidad y corrupción ha salido a flote.
Avances institucionales han permitido que esto sea posible, entre ellos: la creación de los juzgados anticorrupción, la certificación de sus jueces y la UFECIC. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también ha hecho aportes importantes para documentar casos que puedan ser judicializados. El papel de Estados Unidos y de la cooperación internacional en apoyo a la Maccih ha sido, asimismo, claro. Estados Unidos lo hace desde el punto de vista de su seguridad nacional; por lo tanto, tiene una agenda de reducción de la corrupción que muchas veces choca con sus otros objetivos estratégicos de reducir la migración y el narcotráfico. De ahí su apoyo a prácticas antidemocráticas del gobierno actual.
Pese a las acusaciones presentadas, no se podría decir que la lucha contra la corrupción ha obtenido importantes victorias. Estamos en pleno inicio de las batallas, la estructura de impunidad es tan fuerte que está desplegando todas sus armas para impedir que se castigue a los corruptos y prevenir acusaciones futuras contra responsables de muchos casos más.
Una de las primeras armas ha sido expuesta públicamente: reformas a leyes en el Congreso Nacional. Reducción de penas en casos de corrupción, el pacto de impunidad y la fe de erratas, la no aprobación de la ley de colaboración eficaz, la discusión nuevamente de leyes aprobadas en el pleno, y otros. En los próximos meses se verán más intentos en esta dirección con el objetivo de “blindar” a funcionarios y diputados.
Un segundo frente de defensa de la corrupción lo plantea la Corte Suprema de Justicia a través de los jueces naturales, esto debido a que muchos casos involucran a altos funcionarios. A diferencia de lo establecido ahora, cuando se trata de redes de corrupción, deberían ser los juzgados anticorrupción los que llevaron estos casos. Se imaginan ustedes, la mayoría de los magistrados actuales de la CSJ, que en sus más remotos sueños pensaron llegar a esas posiciones, el agradecimiento a los diputados que hace menos de dos años los eligió irregularmente. Ejemplos claros son el de la red de diputados en donde una juez natural espero a la aprobación del pacto de impunidad, vía normas establecidas en el Presupuesto General de la República (inaudito) para archivar el caso, o en otras situaciones, la eliminación de cargos que establecen prisión preventiva.
Un tercer nivel de defensa son las tradicionales “campañas” para deslegitimar y hacer perder credibilidad a las instancias judiciales que presentan los casos. Así, Ufecic está llena de gente incompetente que no sabe presentar un caso o lo hace a la carrera y la Maccih no conoce la legislación hondureña y comete errores que los abogados defensores fácilmente refutan. En el fondo no es la discusión real de temas jurídicos a profundidad, sino suposiciones derivadas de juicios superficiales. Lo que da presencia a estos argumentos es que se repiten ampliamente en algunos medios de comunicación como guión de cine o telenovelas.
Un cuarto nivel es el de la simetría; para evitar que estos casos evidentes develen la red de políticos, empresarios, ONGs, religiosos y otros sectores para aprovecharse de la impunidad y corrupción en el país, hay que señalar con fuerza y energía que ésta se ha dado en todo tiempo y lugar. El argumento preferido es “después no vayan a alegar persecución política”, porque ustedes son iguales que nosotros de corruptos. De esta forma desaparecen de los medios de comunicación tradicionales, el financiamiento de la “cachureca”, el pago de un préstamo a otro partido después del proceso electoral con fondos públicos, y los recursos que llegaron a cuentas personales. Una estrategia bien montada que se convierte en una cortina de humo. Recientemente un alto funcionarios de las instituciones de justicia señalaba que no hay duda, en el país ha habido corrupción en el pasado, pero que el surgimiento de redes de corrupción para sustraer recursos del presupuesto público era una modalidad de la presente década.
Si la ciudadanía no se moviliza como en 2015 y se deja influir por la estructura de impunidad y corrupción existentes, estos leves avances reflejados en judicialización de casos habrán servido para acorralar a los corruptos, pero éstos a través de los mecanismos descritos no se dejarán vencer y todo seguirá como antes.
