Más de 1,200 empleados de Delta Cortés S.A. enfrentan un futuro incierto tras el cierre abrupto de la empresa, mientras inician acciones legales para exigir el pago de sus derechos laborales
Tegucigalpa, Honduras. – La reciente huida de Delta Cortés S.A. ha dejado a más de 1,200 empleados en una situación de vulnerabilidad extrema. La empresa, que cerró sus operaciones sin previo aviso, no sólo abandonó a sus trabajadores, sino que también dejó sin pago a aquellos que habían sido suspendidos durante meses sin goce de salario.
Este abrupto cierre ha generado un clima de incertidumbre entre la clase trabajadora, quienes han manifestado su decepción al no recibir respuestas adecuadas de las autoridades gubernamentales.
En ese sentido, a través del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), ha interpuesto una demanda laboral en la instancia judicial contra la empresa Delta Cortés S.A.
El abogado Pedro Mejía, representante legal de los empleados desprotegidos de Delta Cortés S.A., destacó la importancia de la acción judicial presentada el día de ayer. Detalló que la demanda laboral, es la primera de su tipo contra la empresa. Además, señaló que se busca exigir el pago de derechos, prestaciones e indemnizaciones para más de mil trabajadores afectados.
Mejía subrayó que la empresa cerró sus operaciones de manera «intempestiva festiva e ilegal», sin previo aviso ni el debido procedimiento legal para liquidar a los empleados. «Estamos aquí para defender a quienes han sido despojados de sus derechos laborales», afirmó.
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SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES
La solicitud de adoptar medidas cautelares en la demanda presentada contra Delta Cortés S.A. es un paso crucial para proteger los derechos de los trabajadores afectados. Dichas medidas buscan prevenir que la empresa continúe con maniobras que podrían obstaculizar el pago de las prestaciones e indemnizaciones que les corresponden.
En este sentido, el representante legal, Pedro Mejía, enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para evitar que Delta Cortés liquide sus activos o transfiera bienes sin saldar sus deudas laborales. La implementación de estas medidas cautelares no sólo resguardaría los derechos de más de mil empleados, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las obligaciones laborales.
Los empleados de Delta Cortés S.A. han denunciado la desprotección que han sufrido por parte del Estado, especialmente tras la reciente reunión del ministro de Trabajo con otros actores, incluyendo un sindicato que ha sido desautorizado por los propios trabajadores. A pesar de la grave situación que enfrentan más de mil empleados, quienes han quedado sin empleo ni prestaciones tras el abrupto cierre de la empresa, el gobierno ha optado por dialogar con intermediarios que no representan sus intereses.
La frustración entre los empleados se intensifica al percibir que las autoridades gubernamentales parecen más interesadas en proteger a los empresarios que en garantizar sus derechos laborales. «El trabajo de ellos debería ser apoyar a los trabajadores, pero parece que solo están al servicio de los que tienen el poder», recriminó en una reciente entrevista con Criterio.hn, Lesly Flores, empleada de la transnacional que se declaró en quiebra.
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BURLA Y DESPROTECCIÓN EN MEDIO DE LA CRISIS LABORAL
Pedro Mejía, subrayó que la demanda presentada es solo la primera acción judicial en un proceso que se anticipa largo y complejo. «Es notorio que cuando más de mil personas, que representan a mil familias, son objeto de burla por parte de una empresa, la situación se vuelve insostenible», afirmó.
Durante meses, los empleados han estado en una situación de desprotección total, sin que ninguna entidad gubernamental haya intervenido para salvaguardar sus derechos. Esta falta de acción ha llevado a los trabajadores a organizarse y protestar, solo para encontrarse con la represión por parte de la Policía Nacional, lo que ha intensificado su frustración y descontento.
Mejía enfatizó que la acción judicial presentada es urgente, pero también es solo el primer paso hacia una serie de demandas necesarias para deducir las responsabilidades civiles, administrativas, laborales y penales que corresponden en este caso. «Estamos comprometidos a avanzar en todas las acciones judiciales necesarias para asegurar que se haga justicia», aseguró.
La situación actual no solo refleja la vulnerabilidad de los trabajadores ante el cierre abrupto de la empresa, sino también la falta de protección efectiva por parte del Estado, lo que resalta la necesidad de un cambio estructural en la defensa de los derechos laborales en el país.
