Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Un juez decretó este miércoles auto de apertura de juicio contra el exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla por el delito de tráfico de influencias por el caso “Shalom”.
La pena para el delito de tráfico de influencia oscila entre 6 a 9 años de prisión.
La justicia hondureña ratificó el arresto domiciliario contra Bonilla el pasado lunes, luego que el viernes anterior se llevara a cabo la audiencia preliminar.
En la audiencia, el Ministerio Público rechazó una propuesta de conciliación ofrecida por la defensa del imputado.
El 4 de febrero pasado un Juez Natural ordenó suspender del cargo a Teodoro Bonilla como vicepresidente del Consejo de la Judicatura, acusado de cometer los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
CASO SHALOM
Bonilla es acusado de haber influido para dejar en libertad a unos parientes suyos que estaban involucrados en la importación de vehículos de lujo que traían robados de los Estados Unidos y que eran vendidos en Honduras.
El pasado 26 de septiembre de 2015, el Ministerio Público presentó en la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal en contra de Bonilla. Luego el 26 de octubre de 2015, el Fiscal General del Ministerio Publico (MP), Oscar Chinchilla, dijo que el requerimiento fiscal presentado contaba con los suficientes elementos de prueba para acusarlo de traficar con influencias en el desarrollo de sus funciones.
Al exalto funcionario del Poder Judicial se le acusa por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, figuras delictivas contenidas en los artículos 349 y 369 del Código Penal vigente.
En este mismo requerimiento se acusa por abuso de autoridad y prevaricato a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmis Elizabet López, quien se encuentra prófuga de la justicia y a la jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Núñez, por tráfico de influencias. La juez Liz María Núñez ya guarda prisión, acusada por favorecer a dos familiares de Bonilla, acusados por lavado de activos.
La Fiscalía pidió en el escrito abrir antejuicio contra los tres funcionarios.
