Analistas consultados por Criterio.hn explicaron que es importante la creación de una Ley de Extradición que reglamente los procesos de solicitudes para extraditar hondureños a otros países para ser juzgados
Tegucigalpa, Honduras. -La aprobación de una Ley de Extradición para futuros procesos de extradición de hondureños para que sean juzgados en otros países, ha tomado fuerza y generado divergencias entre profesionales derecho.
Abogados penalistas han mencionado que, aunque es necesaria la aprobación de una normativa que regule los procesos y establezca mecanismos de defensa que puedan garantizar un debido proceso de extradición, este no es el momento para hacerlo.
En Honduras no existe un precepto legal sobre las extradiciones, únicamente se cuenta con un auto acordado que fue aprobado en el 2012 y ratificado en el 2013. Con este tratado se han extraditado al menos 37 hondureños, en su mayoría hacia Estados Unidos.
Al respecto, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo a medios de comunicación que “la extradición sigue vigente, no hay ningún cambio en eso”, y todos los comentarios referentes a su eliminación son “puras especulaciones”.
De igual manera, señaló que hasta el momento no han ingresado nuevas solicitudes de extradición y las extradiciones pendientes, son las que no se ejecutaron en la administración anterior.
“Las solicitudes que hemos recibido las hemos pasado de manera inmediata a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que es lo que hacemos como cancillería, porque se tendrá que esperar la captura de las personas para que se hagan públicas”, comentó el canciller hondureño.
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NO ES EL MOMENTO PARA APROBAR UNA LEY DE EXTRADICIÓN
Durante el juicio contra el expresidente, Juan Orlando Hernández, en el que fue declarado culpable por delitos relacionados a la narcoactividad, fueron mencionados varios políticos y exfuncionarios hondureños.
Entre los nombres que resaltan son: el diputado Mauricio Villeda (Partido Liberal); el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya (Partido Libre), los excongresistas por el Partido Nacional, Reynaldo Ekonomo y Óscar Nájera, entre otros.
Añadió que, ante la evidencia de los vínculos de los partidos políticos con el crimen organizado y el narcotráfico, no se puede tratar ese tema, ya que hasta el momento el Auto Acordado ha funcionado.
En ese sentido, recordó que con el Auto Acordado se logró la extradición del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y otros capos de la droga.
“Cada vez que se habla de una ley de extradición, la intención es que los procedimientos que se quiere establecer es poner una salvaguarda y ralentizar o que el proceso sea más tedioso, complejo, largo y casi difícil la extradición de hondureños, especialmente de los señalados por cargos referentes al narcotráfico”, manifestó.
Entre tanto el abogado penalista, Marlon Duarte, manifestó que la creación y aprobación de leyes, no deben hacerse de acuerdo al momento o si le conviene al partido político que esté en el poder.
Agregó que la normativa debe crearse “de acuerdo al momento que se descubra que es inconstitucional o que es ilegal, no solamente porque no es conveniente políticamente. La ley se hace para el desarrollo de la sociedad no para para generar adeptos en un partido político determinado”
En una entrevista brindada a Criterio.hn el profesional del derecho explicó que se necesita un marco legal para la ejecución de procesos de extradición, el cual debe tomar en cuenta varias situaciones.
Precisó que al momento de aprobar la Ley de Extradición tiene que tomarse en cuenta la reciprocidad, para que el Estado de Honduras pueda solicitar en extradición a ciudadanos de otros países que hayan cometido crímenes en Honduras.
En esa misma línea de pensamiento opinó, el abogado penalista y analista político, Henry Salinas, al señalar que este no es momento apropiado para aprobar una normativa para la extradición de hondureños.
“¿Cuándo vamos a tener un gobierno autorizado para hablar de la creación de una ley de extradición? Cuando haya una buena fiscalización del financiamiento de las campañas electorales, para que los personas que sean electas no hayan sido financiados con dinero del narcotráfico o de la corrupción y narcotráfico, cuando lleguen ese tipo políticos ellos sí pueden hablar ello”, manifestó el analista en una entrevista brindada a este medio digital.
Puntualizó que el Auto Acordado de Extradición no es suficiente, por lo que se requiere regular y establecer mecanismos de defensa que puedan garantizar al Estado tener un debido proceso para ejecutar las solicitudes de extradición.
