Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El equipo jurídico en la Causa Berta Cáceres participaron en una reunión de trabajo con la delegación de la visita protocolar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicitaron se garantice el ejercicio de su trabajo como abogados litigantes en condiciones de seguridad.
La sesión fue realizada previo a la partida de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Honduras la semana pasada. En ella participaron los beneficiarios de las medidas cautelares a favor del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), parte de la familia de Berta Cáceres y el equipo legal del Bufete Estudios Para la Dignidad y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Los profesionales del derecho solicitaron se garantice el trabajo de los “litigantes en condiciones de seguridad, como derecho propio y de las víctimas que representamos en cada una de las causas en las que somos parte; particularmente en la Causa Berta Cáceres”.
El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, dijo a Criterio.hn que la reunión fue convocada por la delegación de la CIDH que visitó de forma protocolaria a Honduras para interactuar con el nuevo gobierno, en el que no hay ningún simbolismo de coerción.
“Aprovecharon para abordar temas sensibles y un tema sensible en este país es lo relacionado con la Causa Berta Cáceres y lo hicieron a través de esta vía que es reunión de trabajo”, compartió.
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Fernández manifestó que durante la reunión, el Estado mostró un discurso favorable para el cumplimiento de las medidas, no obstante, siempre con el desafío de si se cuenta con capacidad y muestra real de cumplimiento de dichas medidas.
El profesional del derecho apuntó que hay una serie de medidas en las que el Estado ha apoyado al Copinh y a parte de la familia de Berta Cáceres. Sin embargo, quedan pendientes las medidas correspondientes al equipo legal, el cual “según un análisis de riesgo que nos hicieron, pues sí hay una situación de riesgo latente para nosotros”, apuntó.
Fernández declaró a Criterio.hn que tras la reunión de trabajo queda pendiente una agenda de seguimiento para revisar la situación particular de cada uno de los grupos beneficiarios, así como la implementación de las medidas de acuerdo a los requerimientos de los beneficiarios o representantes.
Para el próximo miércoles, 7 de septiembre, se sostendrá una reunión entre el Mecanismo de Protección y el Copinh en La Esperanza, Intibucá, para abordar el tema de las medidas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y el Estado de Honduras, confirmó el abogado.
Mientras que para el equipo jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad y Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) queda pendiente la coordinación para la reunión.
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Fernández sostuvo que las interrogantes en el marco de las medidas cautelares siguen girando alrededor de los temas de fondo: “¿Cuándo revocará el Estado la concesión del río Gualcarque? ¿Qué condiciones tienen para impulsar la investigación contra autores intelectuales del crimen? ¿Qué condiciones tiene el Estado para implementar una investigación y sanción a los funcionarios que, habiendo tenido la responsabilidad de proteger la vida de Berta Cáceres, no solo no la protegieron, sino que fueron factores desencadenantes de su riesgo y finalmente de su crimen?”, cuestionó el profesional del derecho.
Entre el 25 de julio y el 22 de agosto se desarrolló el juicio conocido como Fraude sobre el Gualcarque, que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en Intibucá, ligado al asesinato de la lideresa ambiental, Berta Cáceres en marzo de 2016.
