Enrique Rodríguez Burchard, nuevo ministro de Defensa, ha mantenido una cercana relación con el presidente hondureño Nasry Asfura, ha sido en la creación de al menos una de sus empresas, según constató Criterio.hn en una de sus investigaciones.
Tegucigalpa, Honduras. –El presidente hondureño Nasry Asfura Zablah nombró como nuevo ministro de Defensa Nacional (Sedena) a Enrique Rodríguez Burchard, un jurista con amplios vínculos en el sector financiero y corporativo, y quien figura como socio del mandatario en una empresa offshore constituida en Panamá, según documentos revelados por una investigación internacional.
Rodríguez Burchard es abogado especialista en derecho corporativo, fusiones, adquisiciones, así como en materia bancaria y financiera. Actualmente se desempeña como socio director de la firma legal regional Aguilar Castillo Love (ACL) en Honduras.
El nuevo secretario de Defensa también ha mantenido vínculos profesionales con el grupo financiero Ficohsa, según lo establece él mismo en su perfil de LinkedIn. Este grupo financiero, que aglutina al banco Ficohsa, tiene como mayores accionistas a la familia Atala Zablah y es uno de los conglomerados económicos más poderosos del país, según consta en investigaciones periodísticas.
Rodríguez Burchard también se ha desempeñado como notario de Nasry Asfura, según lo reveló una investigación realizada por Criterio.hn, en la que se expone el entramado empresarial vinculado al ahora mandatario hondureño. El ahora ministro de Defensa protocolizó, en 2005, la constitución de la empresa Agac de Centroamérica S.A. de C.V. vinculada a Nasry Asfura y en la que este asume la gerencia general.
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EMPRESAS OFFSHORE: LOS NEXOS ENTRE ASFURA Y RODRÍGUEZ BURCHARD
El nombre de Enrique Rodríguez Burchard aparece en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en alianza con el medio hondureño Contracorriente.
En la investigación se expuso el uso de empresas offshore en la que se vinculan a políticos corruptos del mundo con la creación de empresas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con los documentos Nasry Asfura Zablah puso en operación, en enero de 2006, la empresa offshore Karlane Overseas S.A., registrada en Panamá a través del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), especializado en la creación de sociedades en paraísos fiscales.
Un acta de reunión de la junta directiva de Karlane Overseas S.A., fechada el 20 de junio de 2007, autorizó la emisión de certificados de acciones a favor de Nasry Juan Asfura Zablah, con 9,999 acciones, y de Enrique Rodríguez Burchard, con una acción.
Rodríguez Burchard, fue diputado suplente del Partido Liberal en los periodos 2006-2010 y 2010-2014. En este último periodo fue suplente del diputado José Azcona Bocock y, según la investigación periodística, en 2006 tuvo un poder general de la sociedad Karlane.
Rodríguez Burchard, negó haber firmado algún documento sobre la sociedad. “En el caso particular de esta empresa, lo que sí recuerdo es que yo ni abrí cuentas como socio ni recibimos ningún ingreso”, declaró el jurista a Contracorriente y el ICIJ.
La investigación periodística detalla que los movimientos de la sociedad offshore eran notificados a dos abogados que compartían dirección física en Tegucigalpa y que habían trabajado para el grupo financiero Ficohsa.
Posteriormente, la empresa vinculada a Asfura pasó a manos de la familia Atala, propietaria del banco Ficohsa. Rodríguez Burchard, establece en su perfil en LinkedIn que desde 2018 funge como asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), es miembro de la Junta Directiva del Banco Ficohsa Honduras S.A. y entre 2001 y 2003 fungió como presidente de la Asociación Minera de Honduras.
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IMPLICACIÓN DE LOS ATALA EN ASESINATO DE BERTA CÁCERES
El nombramiento de Rodríguez Burchard también revive cuestionamientos sobre el peso político y económico de la familia Atala en Honduras. El 12 de enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final sobre el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016.
El informe del GIEI concluye que la estructura societaria de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, combinaba sociedades offshore registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, vinculadas tanto a David Castillo como a miembros de la familia Atala Zablah, quienes aportaron la mayor parte del capital social mediante un entramado de compañías holding.
El GIEI investigó durante un año el asesinato ocurrido en marzo de 2016, con énfasis en el financiamiento del crimen y los delitos vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La investigación incluyó también la reconstrucción de la mecánica del crimen, la identificación de delitos conexos y la elaboración de un plan de reparación integral para la familia, las víctimas y la comunidad lenca de Río Blanco.
