Tegucigalpa. – A un mes del asesinato del defensor ambiental Juan López, la Coalición Contra la Impunidad demandó que el Estado de Honduras rompa las estructuras que fomentan la impunidad y la violencia contra las personas defensoras mediante una investigación exhaustiva e independiente.
Asimismo, exigieron se garanticen medidas de protección para la familia de López y quienes integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBPT).
“Instamos que el Estado tome acciones concretas para cancelar todos los componentes del megaproyecto de Emco Holding para garantizar la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras y las comunidades afectadas por su ilegal ejecución”, señaló el pronunciamiento.
Tanto Juan López como sus compañeras y compañeros del CMDBPT tienen, desde octubre de 2023, medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sin que estas se implementen aún por parte del Estado de Honduras.
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Carlos Sierra, integrante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), declaró que a un mes del asesinato de Juan López “se han dado captura de algunas personas, se ha iniciado un proceso por parte del Ministerio Público, pero nosotros y nosotras consideramos que debe haber mayor celeridad en este proceso”.
El miércoles 9 de octubre, el Juzgado de Letras de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los tres supuestos autores materiales del crimen del defensor ambiental Juan López. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público hay videos, vaciado telefónico y georreferenciación que implican a los acusados en la comisión material del crimen.
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Sierra agregó que existen una serie de elementos de prueba por parte del Ministerio Público que aún no son presentados, por lo que están a la espera de la exposición de estos. Con relación a la protección de las personas defensoras del ambiente y sus familiares, recalcó que estos continúan en “riesgo inminente”.
“Reiteramos, el asesinato de Juan López nos ha enlutado a todos y todas, pero esto ha sido una práctica continuada en la zona, así que necesitamos, junto con las investigaciones, llegar a los autores materiales e intelectuales, también generar procesos de protección para todas las personas que pertenecen al Comité de Bienes Comunes de Guapinol y el resto de los ambientalistas de la zona”, manifestó Sierra.
La Coalición Contra la Impunidad destacó que a lo largo de diez años, el caso de Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras ha estado marcado por ilegalidades, que a su vez empeoró la situación de las personas defensoras lo que condujo al asesinato de Juan López.
Este espacio de articulación ciudadana reconoció la importancia del Decreto 18-2023 y la no renovación de dos licencias mineras a Inversiones Los Pinares de Emco Holding, pero recalcaron que siguen sin tomarse medidas concretas para la aplicación de la ley.
En enero de 2023 fueron asesinados los defensores Alí Domínguez y Jairo Bonilla. En junio, de ese mismo año, fue asesinado Oquelí Domínguez. Tanto Alí como Oquelí eran hermanos del presidente de la junta de agua de Guapinol e integrante del CMDBPT, Reynaldo Domínguez, quien a causa del crimen fue desplazado, junto a su familia de la comunidad de Guapinol, Tocoa.
En el centro del conflicto socio ambiental está el otorgamiento irregular de concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras para la extracción de óxido de hierro, lo que ha causado contaminación ambiental dentro de un área protegida.
