“Estos no son centros de máxima seguridad, son centros de máxima tortura, al privado de libertad no le respetan sus derechos humanos” denunció, Alba López
Tegucigalpa.- Mueren seis privados de libertad en cárcel de máxima seguridad, “El Pozo” ubicada en Ilama, Santa Bárbara, los cuerpos fueron encontrados en horas de la mañana dentro del módulo cinco, y en ropa interior. Así lo confirmó el director de la cárcel de máxima seguridad, Marlon Lagos.
A cuatro meses que la Policía Nacional tomó el mando de los centros penales en el país y de estar como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el Comisionado, Otoniel Castillo, ya se registra la primera reyerta, pese a que el funcionario en un evento público dijera que, tenían un plan, y que respetarían los derechos humanos a todos los privados de libertad para mantener una institución fortalecida.
Según datos oficiales que maneja el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), las cifras por muertes violentas a nivel nacional en los centros penales establecen que, en el 2020 se registraron 22, en el 2021, 23 y en lo que va del 2022 ya se registran diez muertes violentas.
Por su parte la representante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), Alba López, en entrevista con Criterio.hn manifestó que cuando se dan este tipo de muertes, que ella tipifica como una masacre, esto tiene un objetivo y es planificado.
“Estos no son centros de máxima seguridad, son centros de máxima tortura, al privado de libertad no le respetan sus derechos humanos” denunció López.
López, es de la opinión que a estas situaciones se le debe prestar mucha atención, porque por ese tipo de malestar es que los privados hacen este tipo de reyertas, situación que solo desemboca en muertes, manifestó que a los privados de libertad no les prestan la atención debida, situación que ya manda un mensaje.
La defensora manifestó que hay una serie de malestares que los privados de libertad están pasando, dijo que no les atienden la problemática de la alimentación, no tienen acceso al agua, presentan problemas de salud que tampoco son atendidos, viven en precarias condiciones de vida y en hacinamiento.
López dijo que, si las autoridades quieren mejorar el sistema penitenciario, deben empezar por mejorar las condiciones alimentarias y disminuir el hacinamiento en el que vive esta población.
En los últimos ocho años las cárceles de Honduras se mantuvieron intervenidas por los militares, tras ser declaradas en estado de emergencia en el gobierno del expresidente y ahora extraditado Juan Orlando Hernández.
Pese al constante llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otras instancias internacionales, quienes se pronunciaron en diferentes ocasiones instando al Estado de Honduras para que desmilitarizaran el sistema nacional penitenciario, como una medida para garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, el gobierno de Juan Orlando Hernández nunca lo hizo y fue hasta hace unos meses que las autoridades tomaron esa decisión.
En los últimos días, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los privadas de libertad, denunciaron que los tratos crueles y degradantes contra esta población continuaban registrándose en los centros penales.
López les recomendó a las actuales autoridades que hagan revisiones periódicas en los diferentes módulos, que les brinden la atención y vigilancia debida.
Mediante un comunicado del INP aclara que, todavía están a la espera de Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigación (DPI) para que hagan el levantamiento, la investigación del caso y así determinar las causas de este hecho.
El reporte preliminar que manejan las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario indica que los nombres de los fallecidos son, Óscar Geovany Fúnez Maldonado, Román Alberto Valladares Olivera, Ramón Isaac Padilla Sorto, Marlon Alexander Mejía Varela, Rafael Antonio Amador Corea y Brayan Alexander Cardona Ramos.
Criterio.hn consultó a la viceministra de Derechos Humanos, Mirtha Gutiérrez, quien no quiso referirse al tema y en primera instancia respondió que “el ministro de Seguridad era la persona autorizada” y luego manifestó: “Vamos a brindar postura, hasta que obtengamos el informe solicitado de los hechos ocurridos por parte de los entes pertinentes y lo haremos a través de nuestra directora de comunicaciones”.
