Varios integrantes del personal penitenciario y dos directores han sido destituidos por supuestamente estar coludidos con la criminalidad
Tegucigalpa, Honduras. El próximo 26 de junio de 2024 se cumple un año desde que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) tomó control de los centros penales de Honduras. Desde esa fecha hasta ayer, se ha reportado la sustitución de varios miembros del personal, incluyendo a dos directores de dichos recintos.
El hecho más reciente ocurrió ayer, martes 21 de mayo, cuando las autoridades confirmaron la destitución del personal a cargo del módulo de donde se fugaron dos internos en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Según José Coello, vocero de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), existe personal que ha sido suspendido del cargo para iniciar un proceso de investigación y aclarar si en algún momento ha existido colusión entre el personal que estaba en las diferentes áreas de responsabilidad.
«Estamos hablando de torreones, accesos, portones de ingreso, área muerta y los perímetros de anillo de seguridad interno y externo. Todo este personal ha sido suspendido”, informó Coello.
De igual manera informó a Criterio.hn que se continúa investigando a todos los niveles y a los oficiales que en algún momento tenían responsabilidades dentro del centro penal, negando que entre ellos se incluya al director y subdirector de dicha penitenciaría.
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FUGAS Y MUERTE EN MENOS DE UNA SEMANA
Cabe mencionar que las fugas antes referidas se reportaron el martes 14 de mayo. Los prófugos, Gandi Espinal Raudales y Frederick Madrid Montoya, se escaparon del centro aprovechando un apagón en el lugar.
Además de las fugas, el sábado 18 se reportó el fallecimiento del interno Eduardo José Matute, de 24 años, supuestamente por suicidio mediante envenenamiento. La información proporcionada a los familiares indicaba que el hecho sería investigado.
Esta muerte generó muchas dudas. Una de las voces críticas ha sido la de Rihanna Ferrera, presidenta de la organización Cozumel Trans, quien ha seguido de cerca la situación en las penitenciarías.
Ferrera expresó que es improbable que un interno se haya quitado la vida introduciendo veneno en su comida, ya que ellos no preparan sus alimentos. Por lo tanto, considera más probable que haya otras personas involucradas en la muerte.
Hugo Maldonado, presidente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), denunció recientemente las condiciones deplorables en los centros penitenciarios de Honduras, que, según su experiencia, pueden llevar a los internos a graves afectaciones e incluso a la muerte.
Maldonado señaló que las olas de calor y la contaminación afectan gravemente a los internos, quienes no cuentan con ventiladores. Esta situación se agrava con el hacinamiento y la escasez de agua, que se limita a cuatro bolsitas diarias.
“Es una situación delicada que muchos comparan con un infierno. Yo sí creo que puede haber situaciones graves de deshidratación”, expresó Maldonado.
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DESTITUCIONES
Además del personal suspendido, también se han reportado dos directores de centros penitenciarios apartados de sus cargos por supuestamente estar coludidos con el crimen organizado.
La primera destitución se produjo en diciembre del año pasado y fue la de José Rodimiro Arita, exdirector del centro penal de “La Tolva”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara. Quien fue retirado después de ser sorprendido in fraganti intentando ingresar casi medio millón de lempiras al centro que dirigía.
Aunque argumentó que utilizaría el dinero para la fiesta de Navidad de los internos, la justicia hondureña decidió enviarlo a la Penitenciaría de Támara, donde actualmente está detenido acusado de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
De igual forma, el 18 de febrero de 2024, las autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional suspendieron de sus cargos al director del Centro Penitenciario de Támara y al encargado de la seguridad en el recinto, después de que se confirmara el deceso de tres internos dentro del penal.
Mediante un comunicado, las autoridades informaron que los tres integrantes de la estructura criminal 18 murieron por asfixia, y de inmediato se notificó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y a la medicina forense del Ministerio Público.
En lugar de ceder el control de los centros penales a los militares, se debería cumplir con las sentencias internacionales que ordenan adecuar los centros penitenciarios a estándares internacionales, opinó el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.
Asimismo, señaló que las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad son cruciales para prevenir acciones que puedan acabar con la vida de los internos, ya que el problema no solo se soluciona separando cargos, sino también mediante la prevención de muertes.
