Pese a los llamados reiterados de las autoridades de la Unidad de Política Limpia, un número significativo de candidatos a cargos de elección popular aún ignora la exigencia legal de manejar recursos proselitistas en una cuenta diferenciada
Tegucigalpa, Honduras. – A tres días de las elecciones generales, el cumplimiento de las normas de transparencia electoral continúa siendo una deuda pendiente entre candidatos y partidos políticos. Según el más reciente informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), únicamente 1,021 de los 2,137 candidatos inscritos han acreditado sus cuentas.
La cifra representa el 51% del total, un porcentaje que preocupa a las autoridades encargadas de vigilar el origen y uso de los fondos electorales en un contexto donde el financiamiento ilícito ha marcado procesos anteriores.
El informe señala que, aunque los cinco partidos políticos en contienda cumplieron con el requisito institucional de acreditación, la responsabilidad recae en cada candidato. Son ellos quienes deben registrar una cuenta bancaria exclusiva para manejar los recursos de campaña.
Las autoridades de la Unidad de Política Limpia insisten que la apertura de cuentas diferenciadas permite identificar el origen y destino del dinero utilizado en las campañas, y constituye una herramienta clave para detectar posibles vínculos con el narcotráfico y del crimen organizado, o el uso de fondos públicos.
El artículo 11 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización establece que cada aspirante debe contar con una cuenta bancaria específica, manejada exclusivamente para actividades proselitistas. Su incumplimiento implica violar la normativa vigente.
La Unidad de Política Limpia informó que los cinco candidatos a la Presidencia ya cumplieron con este proceso. No obstante, buena parte de quienes buscan cargos legislativos y municipales aún no han completado la acreditación.
Los datos también muestran diferencias entre instituciones políticas. El Partido Nacional registra 342 candidatos acreditados; seguido por el Partido Liberal con 314; el Partido Libre con 194; el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) con 119 y la Democracia Cristiana, apenas 51 aspirantes.
Estos dos últimos partidos presentan los niveles más bajos de cumplimiento, un comportamiento que analistas consideran preocupante a tan poco tiempo del día de las votaciones.
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VEEDURÍA DE FONDOS DE CAMPAÑA ES NECESARIA
Analistas señala que llevar un control sobre la procedencia de los fondos es esencial para impedir la infiltración de dinero ilícito, que muchas veces proviene del narcotráfico, el crimen organizado o el desvío de recursos públicos, fenómenos frecuentes en procesos electorales pasados.
En más de una elección, organizaciones nacionales e internacionales han documentado cómo estos fondos irregulares distorsionan la competencia democrática y fortalecen redes de poder que se reproducen dentro de las élites políticas y económicas.
Aunque la ciudadanía ha sospechado por años de estos vínculos, fue hasta hace casi una década que las investigaciones de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y los testimonios de narcotraficantes procesados en Estados Unidos evidenciaron con claridad los patrones de financiamiento a candidatos de los tres partidos de mayor caudal electoral.
El director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, afirmó que la confianza ciudadana hacia muchos candidatos “debería ser mínima”, razón por la que se vuelve urgente analizar los perfiles de quienes participarán en las elecciones del 30 de noviembre.
Irías también criticó la falta de información pública disponible, es decir, que antes de las elecciones no se sabe con certeza quiénes son las y los candidatos que incumplen la Ley de Financiamiento.
Para el representante de sociedad civil esta ausencia de transparencia alimenta un ciclo continuo de impunidad electoral que beneficia a los mismos actores políticos, debilitando la confianza en el sistema de partidos.
Para especialistas, el bajo nivel de acreditación y la persistente opacidad en el manejo de fondos vuelven a poner sobre la mesa la urgencia de reformas profundas en materia de transparencia electoral.
A 72 horas de las elecciones generales, la Unidad de Política Limpia insiste en que los candidatos que aún no acreditan sus cuentas deben hacerlo de inmediato, o se exponen a sanciones administrativas y a quedar bajo sospecha pública.
