El proyecto de Presupuesto de la República 2026 asciende a 444,000 millones de lempiras, lo que representa una reducción significativa respecto al monto aprobado por la administración anterior en septiembre de 2025 estimado de 469,000 millones de lempiras.
Ilustración de portada: Ruth Moncada/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – A casi 70 días de haber asumido la administración del presidente Nasry Asfura Zablah, el Poder Ejecutivo aún no ha remitido al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2026, una herramienta clave para la planificación y ejecución del gasto público.
El nuevo proyecto de Presupuesto de la República 2026 asciende a 444,000 millones de lempiras, lo que representa una reducción significativa respecto al monto aprobado por la administración anterior en septiembre de 2025 estimado de 469,000 millones de lempiras.
A inicios de marzo de 2026, autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) anunciaron que el anteproyecto sería enviado en los días siguientes, en medio de un discurso orientado a la reducción del gasto público y la disminución del tamaño del Estado, con un ahorro estimado entre 10,000 y 15,000 millones de lempiras. Sin embargo, la propuesta aún no ha sido remitida al Legislativo.
En una entrevista brindada el 26 de marzo de 2026 a un medio capitalino, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, aseguró que el proyecto ya está listo y que su retraso responde, en parte, a factores heredados de la administración anterior.
“El proyecto fue creado desde septiembre del año pasado, pero una parálisis legislativa de más de cuatro meses impidió su aprobación. Además, no hubo transición entre gobiernos, lo que obligó a reevaluarlo completamente”, explicó el funcionario.
Según Hernández, el nuevo presupuesto contempla una reducción significativa respecto al monto previamente estimado de 469,000 millones de lempiras, situándose ahora en alrededor de 444,000 millones.
El funcionario indicó que el ajuste se centrará en la disminución del gasto corriente, incluyendo una reducción de la planilla estatal, la cual —afirmó— creció en 33,000 millones de lempiras en los últimos cuatro años.
Hernández añadió que el proyecto será remitido al Congreso Nacional una vez sea aprobado en Consejo de Secretarios de Estado, lo cual podría ocurrir “en los próximos días u horas”, dependiendo de la agenda presidencial.
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Sobre el tema Criterio.hn consultó al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Mario Alonso Pérez, quien respondió que, hasta la fecha, el proyecto no ha ingresado para su discusión, lo que prolonga la incertidumbre sobre la hoja de ruta fiscal de la administración de Asfura Zablah.
Actualmente, el Estado opera bajo un presupuesto prorrogado correspondiente al ejercicio fiscal 2025, aprobado por un monto de 430,907 millones de lempiras. No obstante, el Poder Ejecutivo ha adelantado que para 2026 se prevé una reducción del gasto, particularmente en el componente corriente, como parte de una estrategia de ajuste fiscal.
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PREOCUPA FALTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2026
Para la economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, la falta de presentación del presupuesto genera preocupación, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la nueva administración.
“Se entendería una pausa de un mes para revisión e incorporación de nuevos proyectos, pero se dijo que el presupuesto se presentaría en marzo, luego antes de Semana Santa, después de Semana Santa, y seguimos esperando”, manifestó Castillo.
Durante una entrevista brindada a este medio digital la financista advirtió que la principal consecuencia es la continuidad operativa con base en el Presupuesto General de 2025, “lo que limita la incorporación de nuevos programas impulsados por el actual gobierno”.
Entre estos, mencionó iniciativas como la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, con el cual se pretende reducir la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos –mediante un fideicomiso con Banco de Occidente, aprobado en febrero de 2026 por el Congreso Nacional—. En ese sentido, Castillo explicó que esto implicaría un incremento en el gasto del sector salud no contemplado originalmente, ya que se trabaja con el presupuesto de una administración diferente.
Asimismo, apuntó a la presión existente en el sector energético, especialmente por el incremento en los combustibles derivado de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que obliga al gobierno a definir si mantendrá, reducirá o eliminará los subsidios vigentes.
“Estamos prácticamente cerrando el primer trimestre del año y no tenemos claridad sobre qué decisiones se tomarán en temas clave como subsidios o nuevos proyectos”, enfatizó la analista en temas económicos.
“Como población, nos interesa saber en qué se ejecutará el presupuesto, porque es un instrumento de desarrollo”, sostuvo la expresidenta del Colegio de Economistas, Liliana Castillo.
Subrayó que, al trabajar con un presupuesto prorrogado, el Estado prioriza gastos rígidos como el servicio de la deuda, sueldos y salarios, limitando la capacidad de inversión en áreas estratégicas.
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Mientras tanto, el país continúa ejecutando el presupuesto prorrogado. Según la plataforma Inteligencia de Negocios de la Sefin (BiSefin), hasta la fecha se han ejecutado 70,648.77 millones de lempiras, equivalente al 15.92% del total.
Al cierre de 2025, la administración anterior reportó una ejecución del 90.75%, es decir, 402,689.23 millones de lempiras, con un incremento interanual de 12,828.6 millones.
Durante los primeros meses de 2026, el mayor peso del gasto recayó en Servicios No Personales que concentró el 25.2% del total, seguido por Servicios Personales (23.67%) en ejecución (19.98%) y otros gastos (16.98%).
En tanto, el servicio de la deuda pública ha consumido 10,334 millones de lempiras en lo que va del presente ejercicio, equivalente al 12.25%.
El uso del presupuesto prorrogado permite mantener en funcionamiento las instituciones del Estado, aunque de forma limitada, al extender las asignaciones del año fiscal anterior ante la falta de aprobación de un nuevo instrumento.
Sin embargo, la economista Liliana Castillo enfatizó que esta situación restringe la capacidad del gobierno para implementar su agenda y responder a nuevas demandas económicas y sociales.
