Personas defensoras advirtieron que, sin importar la bandera política que llegue al poder este 30 de noviembre, continuarán exigiendo justicia por los asesinatos de defensores y defensoras del territorio, así como el fin de la impunidad que protege a los autores intelectuales detrás de estos crímenes
Portada: Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones que integran la Red Hondureña por Escazú denunciaron el persistente contexto de impunidad y violencia contra las personas defensoras del territorio, a 32 días de un proceso electoral en el que los candidatos presidenciales carecen de una agenda ambiental clara.
El plantón se realizó frente al Ministerio Público, en Las Lomas del Guijarro en la capital hondureña, donde las organizaciones exigieron investigar y judicializar los múltiples casos de violencia, corrupción, daños ambientales, criminalización y asesinatos de personas defensoras. Asimismo, denunciaron la inacción estatal ante la tala ilegal en territorios indígenas, la impunidad que rodea los proyectos extractivos y la falta de respuesta frente a las inconstitucionales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Hermi López Martínez, de la coordinación general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), instó al fiscal general Johel Zelaya a avanzar en las investigaciones contra los autores intelectuales de los asesinatos de personas defensoras, como el de Juan López.
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“Venga el gobierno que venga, vamos a persistir en la exigencia de justicia, mientras no miremos esposados a los autores intelectuales” de los crímenes que enlutan a los pueblos indígenas en Honduras, remarcó el dirigente de MILPAH.
Por su parte, Leonel George, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), manifestó que la exigencia de justicia debe ser permanente. Señaló que cuando las denuncias se engavetan o no se investigan, la institucionalidad y los funcionarios se vuelven cómplices de los asesinatos, el despojo y el deterioro ambiental que enfrentan las comunidades.
George, regidor del municipio de Tocoa y compañero de lucha de Juan López, denunció además que el Ministerio Público históricamente ha actuado con parcialidad, tramitando con celeridad las acusaciones presentadas por empresas privadas, mientras ignora las denuncias provenientes de los territorios.
“Esta institución, ha servido para perseguir y criminalizar a defensores y defensoras, y para legitimar la ilegalidad, el abuso y el fraude de las empresas […] Estamos aquí para decirles que deben investigar y garantizar la justicia que necesitamos en los territorios. De lo contrario, serán cómplices de todo el riesgo, el despojo, el desplazamiento y los asesinatos que vivimos en los territorios”, advirtió Leonel George
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Tanto George como Juan López fueron criminalizados, junto a otros integrantes del Comité, por su defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, tras oponerse a la instalación irregular de un megaproyecto minero en la zona protegida. En el marco de esa lucha también fueron asesinados los defensores Jairo Bonilla, Alí Domínguez y Óscar Oquelí Domínguez.
Durante la movilización, la Red Hondureña por Escazú también exigió investigar la autoría intelectual de otros asesinatos de defensores que permanecen en la impunidad, entre ellos los de los líderes lencas Pablo Hernández y Humberto Carrillo; los defensores Juan y Juan Antonio Silva, padre e hijo asesinados tras denunciar la tala ilegal de árboles; así como Marvin Damián Castro y Juan Carlos Cerros.
