Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – En el marco de las reuniones previas al Seminario de Inversión, las coaliciones integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), hicieron un llamado a los Estados de la región y la cooperación internacional a redoblar los esfuerzos en el cumplimiento del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además, llaman a la Observación General No. 19 “sobre la elaboración de los presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de todos las niñas, niños y adolescentes.”
América Latina es una región en la que habitan 193 millones de niños, niñas y adolescentes. Diferentes estudios dan cuenta de los logros alcanzados por la región en la última década, la disminución de la cantidad de personas en niveles de pobreza y pobreza extrema es, sin duda, el de mayor importancia.
La prioridad dada por muchos de los gobiernos de los países de la región de reasignar y promover la inversión de recursos para el desarrollo de políticas públicas sociales redistributivas fue clave para esto. Los avances registrados en diferentes indicadores sociales han ido acompañados de progresos en cuanto al diseño, la implementación y evaluación de políticas, así como en la creación de nuevas institucionalidades.
Estos logros alcanzados, lejos están aún de evitar colocarnos en la región más desigual del mundo. La desigualdad en materia de derechos, medios y oportunidades continúa siendo una característica de América Latina y el Caribe, donde persisten altos niveles de desigualdad en los logros educativos de su población, en las remuneraciones provenientes del mercado laboral, en la extensión de los derechos laborales y ciudadanos y en la distribución de la riqueza, que cada vez está más concentrada en menos cantidad de personas.
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Desde 2015, se han observado varios retrocesos que han contribuido al agravamiento de la pobreza extrema, la cual, afecta de manera desproporcionada a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, mujeres en edad laboral productiva y personas afrodescendientes y de pueblos originarios. Asimismo, en la región, el 50 % de los niños, niñas y adolescentes nacen en los hogares de quintiles más pobres.
Si bien los países de la región presentan altos niveles de adhesión a los convenios y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos, las cifras muestran que aún persisten inconsistencias entre la asignación de recursos de presupuestos públicos y el cumplimiento efectivo de los principios establecidos en la Convención: interés superior de la niñez; no discriminación; supervivencia y desarrollo; y participación.
Bajo este marco, desde la sociedad civil exigen:
- La asignación de los recursos públicos necesarios se realice desde un enfoque de derechos de niñez para el desarrollo, implementación y pleno funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
- La institucionalización de sistemas de información y análisis con estrategias e instrumentos de medición de la asignación, ejecución, monitoreo y evaluación de los presupuestos nacionales y locales dirigidos a la niñez con datos periódicos, desagregados (por edad, sexo, etnia, urbano- rural, otros), accesibles y asequibles a toda la ciudadanía.
- Se garantice la participación de niñas, niños y adolescentes, y de la sociedad civil sin fines de lucro, en los ciclos de los presupuestos públicos (elaboración, implementación, seguimiento y evaluación).
- Se implementen políticas fiscales progresivas y redistributivas que garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Se redoblen los esfuerzos de los Estados para consolidar herramientas, marcos normativos, institucionalidades y acciones que combatan la corrupción, la elusión y la evasión fiscal.
No es posible un desarrollo sustentable y sostenible de América Latina y el Caribe si no se alcanza un nuevo consenso social entre los Estados, la sociedad civil y las empresas que coloque a la niñez como prioridad en la inversión pública.
